Tal como lo anticipó la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, el ente acusador radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, encargado de la macroinvestigación de este caso, ya radicó la solicitud. Según explicó el ente acusador, los implicados serían presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Además, la medida a solicitar será privativa de la libertad en centro carcelario.
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¿Cuáles son las penas?
Según explicó Fabio Humar, socio director de Fabio Humar Abogados, se exponen, de ser encontrados responsables, a penas que superan los 12 o 15 años de prisión. “En este caso habría un concurso de delitos”, dijo.
Es clave entender que la ley penal colombiana no permite una simple suma aritmética de penas cuando hay varios delitos imputados. Según Humar, esta debe fijarse conforme a las reglas de la dosificación previstas en los artículos 60, 61 y 62 del Código penal, que consideran aspectos como la gravedad de los hechos, la modalidad de concurso y si existen circunstancias agravantes o atenuantes.
El primero de los delitos que se les imputará es concierto para delinquir, que está previsto en el artículo 340 del Código Penal, el cual tiene una pena máxima de 108 meses (nueve años) en su modalidad básica.
“Cuando se trata de un concierto para delinquir relacionado específicamente con los delitos previstos en el inciso segundo, la pena puede alcanzar hasta 216 meses (18 años), y aumentarse hasta en la mitad para quienes organicen, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien dicho concierto.
Si intervienen servidores públicos o si está vinculado al contrabando, la pena prevista puede llegar hasta 144 meses (12 años). Además, la norma contempla la imposición de multas de hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, explicó Juan Francisco Navarrete, socio de Navarrete Consultores.
Tomado de La República / Asuntos Legales
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