La inspección que llevó al cierre preventivo de algunas áreas de la planta de Alpina es el último ejemplo de lo estricto que ha sido el Gobierno Petro con las empresas en la aplicación de la ley, no solo en temas laborales sino de competencia.

Durante toda su administración, el presidente Gustavo Petro no solo ha tenido una discusión continua con los gremios empresariales por los temas económicos, sino que ha sido estricto, en general, con las empresas.

El caso más reciente es el de Alpina. El Ministerio de Trabajo realizó una inspección luego de haber recibido denuncias anónimas por parte de algunos trabajadores.

La visita fue accidentada y muy mediática, pues Fabio Arias, presidente de la CUT, a través de sus redes sociales, denunció que la empresa no estaba permitiendo la inspección, ante lo cual tanto el presidente, Gustavo Petro, como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtieron que podría llegar a haber sanciones si no se permitía realizar la actividad.

Finalmente, se hizo la visita y la entidad cerró algunas de las áreas de la empresa, con el argumento de que identificó riesgos críticos para la seguridad de los trabajadores. Alpina se mostró dispuesta a adoptar los correctivos técnicos que fueran necesarios. El Ministerio también impuso una medida preventiva por presuntos actos de persecución sindical, que se iniciaron con la negativa de ingreso para la visita de dos líderes sindicales.

Las otras inspecciones del Gobierno

Las inspecciones del Ministerio del Trabajo y de otras entidades han sido frecuentes durante el Gobierno de Gustavo Petro.

En junio de 2025 el Ministerio de Trabajo adelantó una investigación sobre las condiciones laborales de las Tiendas D1, inspección que derivó en el cierre de uno de los puntos de venta de la empresa y la inspección de otras 263 tiendas y seis centros de distribución.

Durante las inspecciones el Ministerio encontró jornadas de trabajo sin hora de almuerzo o de cena; horas extras no registradas, ni pagas; sobrecarga física en carga y descarga de los camiones surtidores; falta de contratos físicos y manuales de funciones; descuentos arbitrarios por pérdidas o descuadres y sobrecarga de labores.

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Por estas situaciones el Ministerio ordenó medidas con el objetivo de garantizar todos los derechos de los trabajadores.

También han sido inspeccionadas por este gobierno, 56 tiendas Olímpica, entre supermercados, supertiendas y droguerías, y 5 centros de distribución, en las cuales se reportó presunta tercerización sistémica e intermediación laboral ilegal, peligro inminente para la salud y seguridad, y baja aplicación de los mecanismos de prevención y participación.

“Los resultados revelan hallazgos críticos de incumplimientos en obligaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, y problemas en espacios físicos y de infraestructuras en las tiendas", indicó el ministro Sanguino.

“Estas inspecciones dan mérito y continuarán con investigaciones administrativas que darán lugar a planes de mejoramiento que se concertarán para que los hallazgos puedan ser subsanados y se garanticen mejores condiciones", añadió el ministro de Trabajo.

Como en los otros casos la inspección derivó en órdenes para el mejoramiento de las condiciones laborales.

¿Rigor o persecución?

El Ministerio de Trabajo tiene la facultad de realizar inspecciones programadas o sorpresa a las empresas del país cuando cuenta con información de posibles vulneraciones al derecho laboral. Sin embargo, en esta administración se ha hecho un uso extensivo de esa figura, posiblemente más que en otros gobiernos.

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El profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, Iván Camilo Jiménez, aseguró que no es que el gobierno Petro haya tenido más rigor en el monitoreo del cumplimiento de los derechos laborales que otros gobiernos, pero sus decisiones sí han tenido más repercusiones mediáticas e incluso políticas.

“No creo que este gobierno lo haya implementado con más rigor. Creo que el Ministerio del Trabajo lo ha venido haciendo con gobiernos anteriores. Hay antecedentes de sanciones y visitas en otros gobiernos a Grupo Prisa, a la Clínica Marley, a Grupo Serdan, o sea, muchas empresas de gran tamaño”, indicó el profesor de la Universidad Javeriana.

Jiménez también alertó que este tipo de medidas, al convertirse en un fenómeno mediático, afectan la reputación de la empresas, situación que podría evitarse si el Gobierno implementa planes partiendo de la pedagogía hasta los planes de mejoramiento.

“Creo que en general eso se hace más con fines mediáticos y a la larga lo que sí creo es que buena parte de las inspecciones y los fines mediáticos de las inspecciones sí han tenido más un fin político que de protección del trabajo y tiene una incidencia más reputacional sobre las empresas que puede ser compleja”, añadió el experto.

El profesor de la Universidad Javeriana reiteró que el principal objetivo de estas medidas debe ser impulsar el empleo formal con todas las garantías de la ley, evitando castigos que pueden desembocar en una afectación mayor para el crecimiento del mercado laboral.

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