Un luto en vida que pesa hasta el alma y desgasta los zapatos, una agonía fantasmagórica que consume y enferma al no saber en dónde están enterrados, un vientre dañado que carga permanentemente el dolor de la ausencia de sus hijos, y más de treinta años de un abandono estatal absoluto que las obligó a caminar solas; así describen su cruzada histórica las mujeres que, desafiando la indolencia de un país de fosas y esteros, escarban la tierra y la burocracia para traer de regreso a los familiares que la guerra se tragó.

Ese clamor histórico, sostenido por miles de madres, hijas, hermanas y esposas, encontró un nuevo eco institucional con la reciente socialización del Decreto 0063, la hoja de ruta expedida por el Ministerio de Justicia que reglamenta la Ley 2364 para las Mujeres Buscadoras.

La normativa gubernamental ordenó la creación de un marco de protección, atención psicosocial y reconocimiento de derechos para quienes rastrean a las víctimas de desaparición forzada, intentando saldar una deuda moral y jurídica en una nación que, por décadas, las dejó a merced de la violencia y del silencio administrativo.

Pero el camino que trazó el papel oficial contrasta drásticamente con el barro de los cementerios clandestinos y el laberinto de los pasillos judiciales. Antes de que existieran firmas presidenciales o presupuestos estatales, estas mujeres ya habían aprendido a descifrar coordenadas entre montañas cruzadas por el fuego cruzado, a pactar treguas con sepultureros anónimos y a sostener la memoria de quienes fueron borrados de un plumazo.

Convirtieron la tragedia en un oficio heredado, empujadas por la necesidad de encontrar la verdad en medio de la niebla, tejiendo una red de resistencia que hoy clama para que la nueva ley no se convierta en una simple promesa muerta.

Rocío Granja: El rostro de la persistencia en Nariño

"Desde el inicio se congela nuestra vida, queda en el hielo. Entramos en un orificio que no encontrábamos salida... fuimos atropelladas en lo más grande de nuestro ser, que es nuestra dignidad como mujer. El que se apoderan de nuestros cuerpos sin ningún permiso y que nos afectan emocionalmente dejando esas marcas imborrables en nuestra vida. Pero que a pesar de eso seguimos el camino, seguimos en la búsqueda, continuamos día a día dándonos fuerzas".

Rocío Granja Moncayo relató a Colprensa su historia desde Pasto, Nariño, cargando a cuestas una búsqueda que inició en 1992 tras la desaparición de su esposo Guillermo William Riscos. Para ella, indagar la verdad significó atravesar el infierno: en medio de sus preguntas, fue víctima de violencia sexual perpetrada por el Frente 53 de las Farc.

Sin embargo, su instinto de buscadora fue más fuerte que el terror. Como representante de la Asociación de Desarrollo Integral de Víctimas (ADIV), Rocío llegó a internarse en zonas veredales en Tumaco, compartiendo ollas comunitarias con excomandantes del frente 53 de las ahora extintas Farc como Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”. "Fue una situación difícil el decir: '¿Salgo de aquí o me voy a quedar aquí?'. Pero corrimos el riesgo", confesó.

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Su obstinación la llevó a sentarse en mesas de diálogo con líderes guerrilleros y a construir escenarios de perdón con firmantes de paz, porque, como ella misma explicó: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos; pero también estamos preparadas para una respuesta negativa... terminaríamos con ese luto en vida que lo venimos padeciendo por muchos años".

Hoy, Rocío resiente el agotamiento físico y el abandono financiero. "Van pasando los años y nos sentimos cansadas. Nos sentimos agotadas de dar esta pelea... Necesitamos que dentro de la ley esté el poder nosotros adquirir una vida digna. No estar cada día en esa angustia de decir, bueno, ya me pesa todo hasta el alma, y no tengo una vivienda donde vivir".

Pese al cansancio, se aferró al orgullo de su relevo generacional: su hija y su nieta tomaron sus banderas, asegurando que la lucha en el sur del país no morirá con ella.

Daniela Mostacilla: Reclamar la identidad en el Cauca

"Uno de los sentimientos más horribles que uno puede tener cuando tiene alguien desaparecido es la agonía. La agonía lo consume a uno, la agonía lo enferma a uno, te vuelve como un fantasma, nada tiene sentido... Yo llegué a decir 'yo odio a mi papá, él me abandonó, él no lo mataron, él no quiere verme, él es igual de miserable que mi mamá'. Y solo hasta que yo logré encontrar sus restos dije: bueno, no era como yo pensaba".

Daniela Mostacilla, mujer indígena Nasa del resguardo San Lorenzo de Caldono, creció en orfanatos y guarderías creyendo que su padre la había desechado. La verdad era otra: él era Daniel Hernández Ramírez, alias 'Miguel', un comandante de las FARC asesinado en Mondomo en 1991, apenas tres días después de su nacimiento.

A los 13 años, Daniela inició una búsqueda solitaria. Permitió ser engañada por milicias armadas buscando pistas, hasta que la empatía de una comunidad evangélica en la vereda El Tarso la guió al sepulturero que enterró a su padre. "Ellos me prometen de que ahí en ese tramo no se va a enterrar a nadie... es un trato que dura durante 19 años", recordó Daniela, calificando ese pacto silencioso de los campesinos como "una de las muestras más bonitas de reconciliación".

Cuando la Unidad de Búsqueda (UBPD) finalmente exhumó los restos en 2023, el Estado, en lugar de abrazarla, la acorraló. "Medicina Legal y Registraduría me empiezan a colocar las primeras grandes piedras, y es: 'Necesitamos un registro de su papá'... yo les decía, eso es imposible, mi papá fue un niño que se lo robaron de 8 años... hace parte de ese número de colombianos sobre los cuales no se tiene existencia".

Daniela tuvo que protestar frente a las sedes oficiales para que el cruce genético bastara. Hoy, libre de rencores, lidera a otras mujeres de su resguardo enseñándoles a sacudirse la culpa. "No tengo por qué seguir cargando con la vergüenza de ser la hija de un guerrillero... socialmente las hacen sentir mal. Fíjate que en todo este camino, las únicas instituciones del Estado que realmente nos han escuchado han sido la JEP y la Unidad de Búsqueda", sentenció a esta agencia de noticias.

Andrea Torres Bautista: Un legado contra la impunidad en Bogotá

"Somos en su mayoría mujeres buscadoras en Colombia por varias razones. Primero, porque la mayor parte de desaparecidos son hombres y queda en la carga de las mujeres hacer todas las labores de búsqueda, de denuncia, de incidencia y demás. Pero también por una situación de que somos cuidadoras y, normalmente, aunque la desaparecida sea una mujer, casi siempre son las mismas mujeres quienes dedican su vida a la búsqueda".

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Andrea Torres Bautista narró desde la capital el crimen de Estado que sembró la semilla de la actual legislación. Su tía Nydia Erika Bautista, militante del M-19, fue desaparecida por el Ejército, un hecho que militares apenas confiesan hoy ante la JEP. Esa tragedia impulsó a su madre, Yanette Bautista, a fundar la organización que lleva el nombre de la víctima.

"Mi madre... inició un acompañamiento integral a familiares de víctimas en ocho regiones del país. Acompañándolos de manera jurídica, brindándoles acompañamiento psicosocial", detalló Andrea. Esa labor, plasmada en enormes murales pintados desde la Universidad Nacional hasta el Pacífico para evitar que las víctimas fueran borradas, decantó en la redacción de la Ley 2364.

"Nidia Erika Bautista desapareció el 30 de agosto de 1987. Era el día que su hijo y yo hacíamos la primera comunión. Ella venía siendo objeto de seguimientos por parte de la Brigada 20 y la Brigada Tercera de Inteligencia Militar... En el marco de la desaparición fue torturada y violentada sexualmente. Fue una lucha muy grande de mi madre y de la familia para encontrar justicia".

Frente al nuevo decreto reglamentario, la directora de la fundación no ocultó que este triunfo legal nació de la obstinación de las víctimas y no de la bondad estatal: "Fueron más de 30 años de abandono absoluto de las mujeres buscadoras, de que nadie volteara su mirada sobre ellas. Ni siquiera ellas mismas reconocían que eran víctimas en el marco de la búsqueda".

Luz Dary Santiesteban: Las 'patidescalzas' de Buenaventura

"Los dolores que genera la desaparición forzada y todos los dolores los cargamos en el vientre. Entonces el vientre es el que ha sido dañado, el vientre es el que se vive lastimando, el vientre es el que permite sentir el dolor y la sensación de seguir con la esperanza... las personas de nosotros no mueren sino que las sembramos en la tierra. Pero cuando no las alcanzamos a sembrar, es como decir que está el ombligo en una mata de coco y que no se puede cortar".

Luz Dary Santiesteban llegó a Buenaventura en calidad de desplazada en el año 2000, persiguiendo el rastro de sus hermanos Pedro Manuel y Luis Alberto. En 2007, junto a otras lideresas, fundó la Asociación Madres por la Vida, autodenominándose las 'patidescalzas'. En un puerto dominado por el terror, diseñaron la "pedagogía del amor" para romper la ley del silencio. "Tratamos de romper ese hielo para poder visibilizar esta problemática y poder hablar... sigo como el 'sirirí', buscándolos con ese anhelo", relató.

Para Luz Dary, la nueva normatividad tiene el rostro de Yanette Bautista. "Pensó así, en su enfermedad, con su tanque [de oxígeno], como estaba, con todas sus enfermedades, con su osteoporosis, escribía. Pero escribió la Ley... Pensó en nosotras, en las desprotegidas", recordó con devoción.

Esa resistencia quedó plasmada en el inmenso mural del Estero San Antonio, un espejo de agua donde se ocultan los horrores del puerto. "Para hacer incidencia por medio de la Fiscalía de decirle: 'Mire, aquí están estos desaparecidos. ¡Ey, todavía ustedes no los han encontrado! Búsquenoslos'", exclamó Luz Dary, exigiendo que el decreto firmado llegue con presupuesto real a los rincones olvidados de Colombia.

El decreto de papel vs. La realidad institucional

La implementación del Decreto 0063 ordenó medidas históricas, pero las voces de las buscadoras evidenciaron que la barrera de la institucionalidad sigue intacta.

El Gobierno oficializó la expedición del Registro Único de Mujeres Buscadoras, un censo vital para la focalización de recursos estatales, pero la desconfianza reina frente a las entidades encargadas.

"La UARIV (Unidad para las Víctimas) ha tenido un papel muy distante con nosotras... todavía para nosotros no es claro cómo la UARIV va a tener ese acercamiento con nosotras, cómo va a ser el registro, cómo va a ser la ruta de priorización. No hemos visto", advirtió Daniela Mostacilla.

El texto también prometió la entrega de atención médica y psicosocial gratuita, un punto crítico para mujeres que llevan décadas absorbiendo el impacto mental de escarbar fosas.

"Siempre se han dado como unas charlas y hasta ahí llega, pero nosotras queremos es un acompañamiento, que no se convierta en una actividad, sino que esto sea un proceso. Entonces en esa situación hemos sentido esas falencias", reclamó Rocío Granja, quien debió tocar las puertas de la academia buscando psicoanalistas por su cuenta.

Finalmente, la ley exigió lineamientos estrictos para proteger la vida de las lideresas en los territorios, una promesa que choca con la violencia activa de los grupos armados.

"Pues nunca nos hemos sentido seguras... Está la UNP, pero no teníamos como esas garantías para la protección. Digamos que nosotras siempre, nuestra vida, está en un hilo de peligro", sentenció Granja.

La radiografía de la impunidad

La magnitud de la deuda estatal es inmensurable. En Colombia, cerca del 60 % de las personas que buscan a un ser querido son mujeres. Las cifras consolidadas por la Fundación Nydia Erika Bautista precisaron que esta tragedia recae sobre las madres (59 %), las esposas (14 %) y las hermanas (13 %). Al corte de septiembre de 2025, la UBPD acompañaba formalmente a 27.882 mujeres, enfrentándose a una Fiscalía donde el 99 % de los más de 136.000 procesos penales por desaparición forzada siguen en la impunidad.

La crisis inunda cada región. En Bogotá, documentada como la tercera ciudad con más casos a nivel nacional (1.710 desapariciones), la lucha la sostienen las sobrevivientes desplazadas que componen más del 53 % de las víctimas residentes en la capital. El horror se expande al sur: Nariño rastrea a 4.724 personas en geografías minadas, mientras el Valle del Cauca asume la mayor carga con 10.000 casos, 4.000 de ellos solo en Cali. A pesar de todo, en 2024 las instituciones y las familias lograron arrancar 141 personas vivas de las garras del conflicto.

Pero la prueba más dantesca de esta labor ocurre en Buenaventura. El universo de búsqueda allí supera las 940 víctimas, obligando a la JEP a blindar judicialmente el Estero de San Antonio para evitar que los dragados destruyan las evidencias. En ese fango acuático, antropólogos y buzos trabajan con las 'piangüeras' (recolectoras de conchas) del territorio, logrando extraer estructuras óseas del lecho marino a finales de 2024.

Es el retrato de un país que las obligó a drenar el océano para enterrar a los suyos, empujándolas a una resistencia perpetua que, como advirtió Rocío Granja, no depende de ninguna firma ministerial: "Hasta que nuestros zapatos se desgasten seguiremos de pie, fuertes, resistentes y que no bajaremos la guardia hasta conocer la verdad".

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