Un grupo de doce exministros de Comercio y Producción de Colombia y Ecuador alertó sobre el escalamiento de las medidas restrictivas adoptadas por ambos gobiernos, advirtiendo que estas políticas generan un impacto económico no deseado que afecta a las actividades productivas formales sin mejorar la seguridad fronteriza e instando a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel para proteger un intercambio bilateral y una integración andina de más de doscientos años de historia.
En un comunicado conjunto emitido con fecha del primero de marzo de 2026, los exfuncionarios expresaron su profunda preocupación por la coyuntura actual. La declaración subrayó la importancia de proteger el mercado bilateral, precisando que el valor de las inversiones y el intercambio comercial "bordea los 3.000 millones de dólares en la actualidad, involucrando a más de 2.400 empresas y 200 mil empleos en ambos lados de la frontera".
Los expertos explicaron que los vínculos entre ambas naciones trascienden diversos aspectos, destacando que "los sectores empresariales de ambos países han construido cadenas de valor conjuntas, han invertido capital cruzado y han generado empleo en ambos lados de la frontera". En este sentido, el documento indicó que las acciones gubernamentales recientes "no abonan en mejorar la situación de seguridad" de los territorios limítrofes.
El texto detalló las decisiones específicas que detonaron esta fricción comercial. Los exministros hicieron "un llamado a los gobiernos de ambos países a reestablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel" para poder desmontar estas determinaciones.
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Según puntualizaron, por parte de Ecuador se implementó una "tasa de seguridad de 50% e incremento de tarifa de transporte de crudo en oleoducto", mientras que Colombia impuso "aranceles de 50%, prohibición de ingreso por vía terrestre para algunos productos y la prohibición de venta de energía eléctrica de proveedores privados". Frente a este escenario, el grupo reconoció que "ante la actual coyuntura mundial", caracterizada por la incertidumbre y las restricciones al libre mercado, "la integración regional pasa a ser la mejor herramienta para enfrentar juntos esos desafíos".
Los líderes económicos reconocieron los retos de orden público, señalando la "necesidad de priorizar y profundizar las acciones conjuntas entre las autoridades, fuerza pública y entidades de inteligencia que mejoren las condiciones de seguridad en la frontera binacional y ataquen directamente a los grupos criminales transnacionales". Sin embargo, enfatizaron que los conflictos comerciales "tienen siempre una salida técnica, si existe voluntad política".
Por ello, el grupo recomendó a las administraciones "retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones" para superar las diferencias mediante los mecanismos de integración subregional. También plantearon "redefinir una agenda de trabajo binacional de mediano y largo plazo".
Los firmantes del documento incluyeron, por Colombia, a María Claudia Lacouture, Ximena Lombana, Ángela María Orozco, Luis Guillermo Plata, José Manuel Restrepo y Germán Umaña. Por el lado ecuatoriano, suscribieron Nathaly Cely, Jorge Illingworth, Daniel Legarda, Iván Ontaneda, Julio José Prado y Francisco Rivadeneira.
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