La Fiscalía General de la Nación se prepara para imputar cargos por abuso de autoridad contra un fiscal que lideró diligencias clave en un caso sensible y de profunda repercusión política y judicial en Colombia. La decisión se produce en medio de cuestionamientos y en un contexto que vuelve a poner la lupa sobre la actuación institucional en procesos de alto perfil.
El funcionario señalado, Álvaro León Polo, adscrito al grupo de compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional, enfrentará una audiencia formal el próximo 27 de enero de 2026, en la cual la fiscal Luz Samira Rodríguez presentará los cargos por abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Esta imputación surge de una denuncia en la que se afirma que Polo habría ejercido presiones ilegítimas sobre un procesado para que emitiera declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Controversia por presuntas presiones a alias Lucas
La denuncia penal fue presentada por los representantes jurídicos de Jacinto Alberto Soto Toro, conocido como alias Lucas, condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de tres agentes del CTI que investigaban un caso relacionado con paramilitares y grupos criminales ligados al llamado “Parqueadero Padilla”. Según los denunciantes, durante una audiencia de indagatoria realizada el 21 de julio de 2021 en el búnker de la Fiscalía, el fiscal Polo habría ofrecido beneficios, traslados a centros carcelarios más favorables y otras ventajas a cambio de que Soto relacionara al expresidente Uribe con delitos graves.
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La demanda detalla que, cuando el procesado se negó, las presuntas “promesas” se habrían traducido en advertencias sobre posibles traslados a instalaciones con menos garantías de seguridad, culminando con el traslado de Soto a la cárcel La Picota, lo cual, a juicio de la defensa, constituyó una forma de coacción.
Un proceso con ramificaciones políticas
El caso se enmarca en un proceso judicial que ya ha generado tensiones políticas y mediáticas en el país. La fiscal encargada de imputar a Polo, Luz Samira Rodríguez, es reconocida por sus vínculos con sectores uribistas —llegó a manifestar públicamente su adhesión política y es hermana de un exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático—, lo que ha añadido un componente de debate sobre imparcialidad en el manejo de la investigación.
Por su parte, el fiscal señalado ha rechazado las acusaciones y sostiene que su relación con alias Lucas se limitó a diligencias legales correctas, todas grabadas y desarrolladas con la presencia de defensores, y niega haber interrogado al testigo sobre el expresidente Uribe.
Repercusiones en el ámbito judicial
La imputación a León Polo se da en un momento en que la justicia colombiana ha estado bajo escrutinio por casos relacionados con la supuesta manipulación de testigos en el proceso que involucra al expresidente Uribe, un tema que ha marcado la agenda judicial en los últimos años y generado debates en tribunales y medios de comunicación. Estos episodios han reavivado tensiones sobre la independencia de las investigaciones y la integridad de los testimonios en casos de alto impacto nacional.
La audiencia del próximo martes será clave para dar curso al proceso penal contra el fiscal Polo y, paralelamente, para observar cómo la entidad enfrenta una de las investigaciones más sensibles en su historia reciente.
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