La crítica situación que atraviesan cerca de 800.000 afiliados de la Nueva EPS en Norte de Santander se profundizó tras el embargo de las cuentas de la entidad, una medida que, aunque era previsible, incrementó el desespero y la incertidumbre entre los usuarios ante el riesgo de ver aún más limitado su acceso a los servicios de salud.
Desde junio del año pasado, los afiliados venían denunciando incumplimientos reiterados en la entrega de medicamentos, así como la negación de citas con especialistas y atenciones en centros de cuarto nivel. Sin embargo, el embargo de los recursos de la EPS agrava el panorama, pues la entidad carecería de flujo financiero para contratar y pagar a los prestadores de servicios.
En Cúcuta y el resto del departamento, la mayoría de los operadores de Nueva EPS ya suspendieron la atención a sus afiliados, una situación que pone en alto riesgo la salud y la vida de los pacientes, especialmente de aquellos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, quienes carecen de alternativas económicas para acceder a servicios particulares.
Clínicas como San José, Medical Duarte y San Diego dejaron de prestar atención a usuarios de Nueva EPS desde el año pasado, ante la ausencia de convenios activos.
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Frente a este escenario, usuarios del sistema de salud anunciaron la realización de una tutelatón para exigir a Nueva EPS la garantía del derecho fundamental a la salud y reclamar al Gobierno nacional soluciones inmediatas. “Si van a liquidar las EPS, que lo hagan rápido, antes de que mucha gente se muera esperando atención”, manifestó Alejandro Marín, afiliado de la entidad.
Carmen Jaimes, también usuaria de Nueva EPS, denunció que ya se estarían presentando fallecimientos de pacientes con tratamientos suspendidos desde el año pasado. “Las autoridades de salud no se inmutan frente a la grave crisis que vive el sector; están completamente mudas. Ante una situación como la actual solo resta decir: “Sálvese quien pueda”, afirmó.
El presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social de Norte de Santander (Asintrasersaludnorte), Aristides Hernández, calificó el panorama como “más caótico que ayer” y advirtió que el sistema de salud del departamento debería estar ya en alerta roja.
Recordó que, pese a los compromisos adquiridos por la Nueva EPS con el Ministerio de Salud para realizar giros directos del 80 y 90 % a los prestadores, hoy la entidad asegura no contar con recursos para cumplir sus obligaciones. Incluso, señaló que Colsubsidio, uno de los socios de la EPS, dejó de fiar medicamentos, profundizando la desprotección de los afiliados.
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“Las grandes IPS ya anunciaron que no continuarán con la atención. Liquidar las EPS no garantiza que se paguen las deudas: la experiencia demuestra que esos recursos son difíciles de recuperar”, afirmó Hernández, quien recordó que el hospital Erasmo Meoz perdió cerca de 70.000 millones de pesos por EPS liquidadas.
Según el dirigente sindical, el hospital Erasmo Meoz se encuentra colapsado ante la llegada masiva de pacientes que no están siendo atendidos por sus EPS, especialmente de Nueva EPS y Coosalud. “Gente que no debía morir hoy está muriendo, y personas que no deberían estar graves ahora lo están”, advirtió.
Embargos comprometen la operación
La Nueva EPS alertó que cuatro juzgados del país ordenaron el incremento de los embargos a sus cuentas, alcanzando una cifra que compromete seriamente su operación a nivel nacional.
Según la entidad, el monto embargado, que ya se había duplicado en noviembre de 2025 al pasar de 422.000 millones a 887.000 millones de pesos, fue incrementado nuevamente hasta superar los dos billones de pesos. Actualmente, la entidad tiene cuentas bancarias bloqueadas y recursos retenidos por diferentes fuentes de financiación.
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