El Gobierno de Gustavo Petro comenzará a implementar un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida, tras el anuncio de ese país de imponer un gravamen del 30% a las importaciones colombianas a partir de febrero.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden, aproximadamente, a US$250 millones, lo que refleja la magnitud del intercambio comercial impactado por la alteración de las condiciones del comercio bilateral.
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La ministra Diana Marcela Morales Rojas precisó que la medida se adopta como un instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio, luego de que el gobierno ecuatoriano anunciara de manera unilateral la imposición del arancel, argumentando razones asociadas a una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad.
“En el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países”, señaló Morales.
La funcionaria explicó que este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas.
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La ministra de Comercio explicó que, si bien entre ambos países ha existido históricamente una relación basada en la cooperación, el diálogo y el respeto por reglas compartidas, la decisión adoptada por el gobierno del vecino país introduce una alteración significativa de ese marco, lo que obliga al Estado colombiano a activar los mecanismos previstos en su ordenamiento jurídico para preservar condiciones de intercambio equilibradas.
“La relación comercial se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, agregó.
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La ministra subrayó que la adopción del gravamen es proporcional, transitoria y revisable; y tiene como propósito mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana, sin que ello implique renunciar al diálogo ni a la búsqueda de una solución negociada en el marco de los canales diplomáticos e institucionales.
Diana Marcela Morales reiteró que estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países, sino que “son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio, mientras se restablece un marco de reglas compartidas”.
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