La discusión sobre la eutanasia en Colombia volvió a tomar fuerza en el Congreso de la República tras la reciente aprobación en primer debate del proyecto de ley que busca reglamentar esta práctica en el país. Aunque la Corte Constitucional despenalizó el procedimiento hace casi tres décadas, aún persisten múltiples obstáculos para los pacientes que lo solicitan y vacíos jurídicos que dejan en incertidumbre a los profesionales de la salud.

El pasado 30 de septiembre, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes respaldó la iniciativa con 23 votos a favor. El proyecto, impulsado por el congresista Juan Carlos Losada, pretende ofrecer un marco normativo claro para que los colombianos puedan acceder al derecho a la muerte digna bajo condiciones específicas y con garantías legales tanto para los pacientes como para los médicos.

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Lo que busca la iniciativa en el Congreso

De acuerdo con el autor del proyecto, la propuesta apunta a simplificar y agilizar los trámites, eliminando barreras burocráticas que hoy hacen más difícil ejercer este derecho. Según Losada, más del 70 % de las personas que solicitan la eutanasia en Colombia padecen enfermedades como el cáncer, que provocan sufrimientos físicos y emocionales extremos.

El parlamentario enfatizó que esta regulación no solo aliviaría el dolor de quienes enfrentan enfermedades graves, sino que además permitiría a los ciudadanos ejercer su libertad conforme a lo dispuesto en la Constitución de 1991.

Retos legislativos y cronología del derecho

El camino legislativo aún no concluye. El proyecto debe superar tres debates más: en la Plenaria de la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera del Senado y finalmente en la Plenaria de esa corporación. La fecha límite para su aprobación es el 16 de junio de 2026.

Colombia ha avanzado en el reconocimiento del derecho a la muerte digna a través de sentencias históricas de la Corte Constitucional, como la C-239 de 1997 y la C-233 de 2021, que ampliaron progresivamente el acceso a la eutanasia. Sin embargo, este proyecto busca que por primera vez exista una ley formal que respalde y regule de manera integral el procedimiento, evitando así que dependa exclusivamente de la jurisprudencia.

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