En un operativo de vigilancia y control realizado ayer viernes, 03 de octubre, el alcalde de Girardot, Salomón Said Arias, acompañado de la Secretaría de Salud local, llegó hasta la farmacia Merca Salud, afiliada a la EPS Famisanar, tras múltiples denuncias de usuarios que aseguraban no recibir los medicamentos que por derecho les corresponden.
El mandatario llegó de sorpresa a la farmacia, que permanecía con las santamarías bajadas, y tocó hasta que le abrieron. Con evidente molestia, Arias denunció la negligencia: “No vayan a pensar que somos bobos, porque para bobos, tiempo sobra. Ustedes acá no están jugando, sino con la vida de la gente. Ponen un letrero que dice que se inunda, pero esto está seco. Aquí están jugando con la vida de la gente”, afirmó.
Durante la inspección, el alcalde evidenció casos críticos de pacientes que esperaban tratamientos desde febrero y mayo, incluyendo personas con cirugías de corazón abierto. “Como no es su hijo, como no es su esposa, como no es su mamá, no pasa nada. Esto es peor que el sicariato, pero aquí también están matando a la gente”, agregó Arias, al exigir que los medicamentos se entregaran de inmediato y que se registrara la entrega en planillas.
Lea aquí: Gobernación de Norte de Santander alerta sobre estafas con página falsa del impuesto vehicular
Los usuarios destacaron la rapidez con la que se resolvió la situación tras la llegada del alcalde. “Si no fuera por el señor alcalde, no se hubiera solucionado nada. Los medicamentos sí los hay, pero no los querían entregar”, indicó una de las pacientes.
En este sentido, el alcalde hizo un llamado contundente al Gobierno nacional y a la Superintendencia de Salud para reforzar controles sobre la entrega de medicamentos y evitar que los pacientes sigan afectados. “Gente que lleva tres, cuatro, cinco meses sin medicamento. En Girardot no se permitirá la negligencia en la atención en salud”, concluyó.
Recientemente, la Corte Constitucional señaló la existencia de una grave crisis en el sistema de salud colombiano, evidenciada por el crecimiento constante de las acciones de tutela, un aumento superior al 150 % en los casos de negación de servicios y continuos sobrecostos en medicamentos, subrayando además el bajo nivel de cumplimiento del Ministerio de Salud en sus funciones de supervisión y control.
