Más de 192.000 personas se vieron afectadas por el desplazamiento forzado masivo y el confinamiento en Colombia, entre enero y septiembre de 2025, según informó la Defensoría del Pueblo, al presentar su boletín mensual que evidencia un aumento de la crisis humanitaria que continúa vulnerando los derechos de comunidades enteras.
El reporte de la oficina estatal encargada de velar por los derechos humanos en el país, indicó que 91.514 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y 101.062 quedaron confinadas, entre enero y septiembre de este año.
El departamento de Norte de Santander es el territorio que mantiene las cifras más altas de desplazamiento forzado, con 73.300 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en los primeros nueve meses del año.
La principal causa de esta situación es la crisis humanitaria en el Catatumbo, alimentada por "las disputas territoriales entre grupos armados ilegales", según el informe. Las consecuencias de estas acciones han caído de forma desproporcionada sobre "mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas", detalló la Defensoría.
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En cuanto a las restricciones a la movilidad, el confinamiento afectó mayoritariamente al departamento de Chocó, con 18.921 personas en esta condición. Le siguieron Huila (16.226), Cauca (12.915), Norte de Santander (11.490) y Guaviare (10.413).
Estas restricciones, "impuestas principalmente por actores armados", limitan el acceso de las comunidades a sus medios de vida, a la educación y a servicios básicos.
Solamente en septiembre, el organismo registró 12 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 3.302 personas. Esta cifra representa un aumento del 149% frente a las 1.325 personas desplazadas en el mismo mes del año anterior. Además, se documentaron 11 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 30.062 personas, comparado con las 2.278 del año anterior.
La Defensoría instó a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas urgentes, además en su reporte incluyó recomendaciones para que se implementen "respuestas integrales, activen rutas de protección, coordinen acciones de desminado humanitario y garanticen la continuidad educativa en las zonas de emergencia", con el fin de frenar estos fenómenos.
La entidad hizo especial énfasis en adoptar enfoques diferenciales y territoriales que protejan a las poblaciones más vulnerables.
El desplazamiento forzado y el confinamiento son fenómenos persistentes en Colombia, vinculados históricamente al conflicto armado y la presencia de grupos ilegales que buscan controlar economías ilícitas y corredores estratégicos.
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