El Consejo de Estado tumbo provisionalmente el polémico Decreto 0858, con el que se pretendía implementar en el sistema de la salud algunos puntos principales de la reforma que ha buscado tramitar en el Congreso desde hace a tiempo.
La decisión, según publicó El Periodico El Tiempo, la tomó la Sección Primera de esa corporación, que concluyó que excedió la potestad reglamentaria del Ejecutivo y vulneró el principio de reserva de ley establecido en la Constitución.
Lo que pretende el decreto, según explicó en su momento el Ministerio de Salud, es la información de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que articulará prestadores públicos, privados y mixtos para reducir la fragmentación en la atención.
Además, también busca fortalecer la red hospitalaria pública, con inversiones en infraestructura y tecnología, y la formalización del talento humano en salud para garantizar condiciones laborales dignas. Todos estos son puntos que ya han sido discutidos durante la tramitación de la reforma a la Salud.
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Pero detrás de todo eso, según explicaron críticos de la medida, es que aunque el Gobierno niega que el decreto cambie el esquema de aseguramiento actual y el rol de las EPS, porque eso quedaría pendiente para la aprobación de la reforma, esos cambios ya están en el decreto y, de ser aprobada la reforma, ya lo que haría sería formalizar lo que ya está hecho.
Por este y otros motivos, las organizaciones del sector Salud han catalogado el decreto como un atropello a la constitución y han asegurado que podría traer efectos desastrosos a un sistema que ya pende de un hilo.
La decisión de la suspensión provisional fue celebrada, entre otros, por Ana María Vesga, presidente ejecutiva de ACEMI. "Esa decisión es de mayor importancia para garantizar la continuidad en la atención de miles de pacientes. Ese decreto no era más que la intención del Gobierno de tramitar por decreto la Reforma a la Salud que aún no completa su trámite en el Congreso de la Repúpblica", expresó.
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