Por la adquisición de varios vehículos militares cuya acción habría generado varios sobrecostos a la nación, la Procuraduría abrió indagación a funcionarios del Ministerio de Defensa.
Aseguró el ente de control que investiga el presunto accionar irregular del ministerio en cabeza de Iván Velásquez, porque al parecer se asumieron pagos como el del envío de los elementos, el almacenaje y los ejercicios de pruebas que debían realizarse y que correspondían al contratista.
Asimismo, el ente de control sostuvo que el Ministerio habría asumido la suma de 17 millones de dólares y que no le correspondería por concepto de la reingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones.
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“La actuación disciplinaria que inició la entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, manifestó el Ministerio Público en el comunicado.
¿En qué consiste el contrato?
Tras las polémicas suscitadas en las últimas horas, el Ministerio de Defensa expresó que no existen irregularidades al respecto e incluso, solicitó a la Contraloría la revisión de los contratos.
Igualmente, Velásquez dio algunos detalles sobre el millonario contrato, que consiste en la adquisición de unos vehículos blindados 8x8 adquiridos para el Ejército que llegarían para 2026 y en el que asegura que son costos que normalmente están incluidos en el convenio. Pero, ¿en qué consiste en polémico contrato?
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El contrato, que se suscribió en 2022, alcanzó la suma de 305 millones de dólares, en el que aseguran que al realizarse con un proveedor exclusivo “permite que no se generen costos adicionales como intermediaciones o tercerizaciones en la fabricación y entrega del producto”.
No obstante, aclararon que este contrato no solo incluye la compra de los vehículos, sino que además contempla que el contratista realice transferencia de conocimiento al Ejército Nacional, a través de la política de offset.
Entre las explicaciones dadas por el Ministerio de Defensa, sobre las presuntas irregularidades denunciadas, aseguraron que varios ítems discutidos hacen parte de los contratos de manera normal.
Sobre el almacenamiento y ejercicios de prueba, expresaron que estos son actividades propias del ejercicio que ejecuta cualquier proveedor de un bien. También hacen referencia a la administración de ingeniería y gestión del programa, en el que aseguran que son costos que tendrá el contratista en temas administrativos para la fabricación de los vehículos, ya que estos no están en stock debido a sus características especiales.
Asimismo, explicaron que los costos de ingeniería recurrente se debieron a las exigencias determinadas por el ejército acerca de un diseño especial determinado. Igualmente, los costos sobre la actualización de manuales que permiten al Ministerio de Defensa llevar a cabo mantenimiento a los vehículos sin perder la garantía y optimizar recursos.
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