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~Un nuevo reto inició ayer para la mesa de diálogo entre los campesinos
del Catatumbo y la comisión de negociadores del Gobierno Nacional, pues
ahora deberán meterse de lleno en el segundo punto del pliego de
peticiones, que referencia la sustitución gradual de los cultivos de la
mata de la hoja de coca en esta zona de Norte de Santander.~
Un nuevo reto inició ayer para la mesa de diálogo entre los campesinos del Catatumbo y la comisión de negociadores del Gobierno Nacional, pues ahora deberán meterse de lleno en el segundo punto del pliego de peticiones, que referencia la sustitución gradual de los cultivos de la mata de la hoja de coca en esta zona de Norte de Santander.
A diferencia del martes y miércoles, cuando la mesa –por parte del Gobierno la encabezaron Bruce Mac Master, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y Mauricio Perfetti, subdirector de Planeación Nacional- ayer el Estado fue representado por la comisión técnica de los ministerios.
Tras la firma del primer acuerdo, de generar recursos económicos, aportes alimentarios y empleos temporales para quienes se dedican al cultivo ilícito, el grupo técnico empezó a evaluar ayer, junto con los voceros de los campesinos, los componentes del plan que apunte, principalmente, a la sustitución gradual concertada de cultivos de coca en el Catatumbo, lo que le podría costar al Gobierno $104.000 millones.
Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), explicó que a los funcionarios les expusieron un modelo similar al que se aplicó para sacar adelante el primer acuerdo en la mesa de negociación.
“Les mostramos los componentes de los planes y proyectos agrícolas de desarrollo sostenible de la Zona de Reserva Campesina, que suman $104.000 millones. Estos se invertirían en proyectos agrícolas y agropecuarios, además de un componente de sostenibilidad alimentaria para quienes se acojan al programa de sustitución gradual de cultivos ilícitos”, detalló Quintero.
Los voceros también recalcaron en que, si bien el primer punto que se firmó en la mesa tiene un estimado por familia de $22 millones, para unos 400 hogares, en el segundo punto este monto deberá ascender a $40 millones, pues también debe incluir el mejoramiento en salud, educación, transporte, vivienda y la gradualidad en la sustitución de las plantaciones.
“La coca en el Catatumbo no se va a acabar de la noche a la mañana. Hay políticas de fondo que hay que revisar, por los Tratados de Libre Comercio (TLC). Por ejemplo, al hablar del paro nacional, una carga de papa para un campesino de Boyacá vale $20.000 ellos tienen cultivos lícitos, y por eso, en el caso de nosotros, la mayoría del Catatumbo siembra coca”, agregó el vocero.
Los avances que se han logrado en las negociaciones serán expuestos mañana y el domingo en una asamblea de cultivadores y recolectores de la hoja de coca, en El Tarra.
La ONU reveló en un informe que en Norte de Santander, hasta diciembre de 2012, la hoja de coca cubría 4.516 hectáreas. Los cultivos están en Hacarí, San Calixto, Teorama, Convención, Tibú, La Gabarra, El Tarra y Sardinata, entre otros, donde 100.000 personas dependen de la hoja de coca en esa región.
José del Carmen Abril y Elizabeth Pabón, dos delegados de los campesinos que tienen asiento en la mesa de diálogo con el Gobierno, llamaron “mentiroso” al presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego de una alocución del mandatario en la que se refirió al paro nacional agrario que se vive actualmente en el país.
Santos, en su intervención puso de ejemplo a la mesa de diálogo del Catatumbo, referenciando que el acuerdo que se firmó el miércoles corresponde a la aceptación de la erradicación, lo que trajo incomodidades a los campesinos, quienes expresaron –antes de ingresar a la jornada de negociaciones con el equipo técnico estatal- que “Santos le miente al país”.
“Nosotros no hemos firmado ninguna erradicación. El presidente debe rectificar eso por lo menos antes del domingo. Lo que se logró fue un subsidio y aporte alimentario para las 400 familias que resultaron afectadas con la erradicación de segunda y tercera fase de la Policía”.
“Tenemos que ser muy claros con los términos que se usen, porque eso puede afectar una conversación. Si el Gobierno quiere un Catatumbo sin coca, hay que empezar a mejorar la educación, salud, vivienda, adelantar lo de la Zona de Reserva Campesina, pero debemos informarle que se firmó un acuerdo que va a beneficiar solo a las familias afectadas con la erradicación no concertada”, dijeron los líderes.
A diferencia del martes y miércoles, cuando la mesa –por parte del Gobierno la encabezaron Bruce Mac Master, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y Mauricio Perfetti, subdirector de Planeación Nacional- ayer el Estado fue representado por la comisión técnica de los ministerios.
Tras la firma del primer acuerdo, de generar recursos económicos, aportes alimentarios y empleos temporales para quienes se dedican al cultivo ilícito, el grupo técnico empezó a evaluar ayer, junto con los voceros de los campesinos, los componentes del plan que apunte, principalmente, a la sustitución gradual concertada de cultivos de coca en el Catatumbo, lo que le podría costar al Gobierno $104.000 millones.
Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), explicó que a los funcionarios les expusieron un modelo similar al que se aplicó para sacar adelante el primer acuerdo en la mesa de negociación.
“Les mostramos los componentes de los planes y proyectos agrícolas de desarrollo sostenible de la Zona de Reserva Campesina, que suman $104.000 millones. Estos se invertirían en proyectos agrícolas y agropecuarios, además de un componente de sostenibilidad alimentaria para quienes se acojan al programa de sustitución gradual de cultivos ilícitos”, detalló Quintero.
Los voceros también recalcaron en que, si bien el primer punto que se firmó en la mesa tiene un estimado por familia de $22 millones, para unos 400 hogares, en el segundo punto este monto deberá ascender a $40 millones, pues también debe incluir el mejoramiento en salud, educación, transporte, vivienda y la gradualidad en la sustitución de las plantaciones.
“La coca en el Catatumbo no se va a acabar de la noche a la mañana. Hay políticas de fondo que hay que revisar, por los Tratados de Libre Comercio (TLC). Por ejemplo, al hablar del paro nacional, una carga de papa para un campesino de Boyacá vale $20.000 ellos tienen cultivos lícitos, y por eso, en el caso de nosotros, la mayoría del Catatumbo siembra coca”, agregó el vocero.
Los avances que se han logrado en las negociaciones serán expuestos mañana y el domingo en una asamblea de cultivadores y recolectores de la hoja de coca, en El Tarra.
La ONU reveló en un informe que en Norte de Santander, hasta diciembre de 2012, la hoja de coca cubría 4.516 hectáreas. Los cultivos están en Hacarí, San Calixto, Teorama, Convención, Tibú, La Gabarra, El Tarra y Sardinata, entre otros, donde 100.000 personas dependen de la hoja de coca en esa región.
Le piden a Santos rectificación
José del Carmen Abril y Elizabeth Pabón, dos delegados de los campesinos que tienen asiento en la mesa de diálogo con el Gobierno, llamaron “mentiroso” al presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego de una alocución del mandatario en la que se refirió al paro nacional agrario que se vive actualmente en el país.
Santos, en su intervención puso de ejemplo a la mesa de diálogo del Catatumbo, referenciando que el acuerdo que se firmó el miércoles corresponde a la aceptación de la erradicación, lo que trajo incomodidades a los campesinos, quienes expresaron –antes de ingresar a la jornada de negociaciones con el equipo técnico estatal- que “Santos le miente al país”.
“Nosotros no hemos firmado ninguna erradicación. El presidente debe rectificar eso por lo menos antes del domingo. Lo que se logró fue un subsidio y aporte alimentario para las 400 familias que resultaron afectadas con la erradicación de segunda y tercera fase de la Policía”.
“Tenemos que ser muy claros con los términos que se usen, porque eso puede afectar una conversación. Si el Gobierno quiere un Catatumbo sin coca, hay que empezar a mejorar la educación, salud, vivienda, adelantar lo de la Zona de Reserva Campesina, pero debemos informarle que se firmó un acuerdo que va a beneficiar solo a las familias afectadas con la erradicación no concertada”, dijeron los líderes.