La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevará a cabo este martes 30 de septiembre una audiencia pública dialógica para verificar un posible incumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de seis miembros de la Fuerza Pública, quienes presuntamente habrían faltado a su deber de aportar verdad sobre el secuestro, tortura y desaparición de tres Mamos del pueblo Arhuaco y la tortura de otros dos indígenas en 1990, una falta que podría implicar su exclusión de esta jurisdicción.

La diligencia, denominada "audiencia dialógica transicional de construcción de la verdad y rehabilitación de confianza", busca establecer si los comparecientes incumplieron la prohibición de engañar o distorsionar la verdad de manera dolosa, se realizará en Bogotá y contará con la presencia de víctimas y autoridades de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Los militares citados son el coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, el coronel Rafael Mejía Roa, el capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo, el mayor Hernán Carrera Sanabria y el sargento viceprimero Cosme García Camacho, todos ellos pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 'La Popa' para la época de los hechos. También fue convocado el coronel Luis Fernando Urrego Ávila, quien era mayor de la Brigada Móvil No. 1.

Los hechos que investiga la JEP, enmarcados en el Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta del Caso 09, se refieren al secuestro, tortura y desaparición de los Mamos Arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, así como a la tortura de Amado Villafañe y Vicente Villafañe, miembros del mismo pueblo. Estos crímenes, que han permanecido 35 años en la impunidad, afectaron a todos los pueblos de la Sierra Nevada y fueron incluidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Por este caso, la Procuraduría destituyó en su momento a dos de los militares vinculados. Posteriormente, tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) como la Corte Constitucional ordenaron una investigación seria e imparcial , y la Corte Suprema de Justicia revocó las absoluciones que había proferido la Justicia Penal Militar.

Dentro de la investigación, la JEP compulsó copias a la Fiscalía para que indague la posible participación de civiles, como empresarios y hacendados del Cesar y para la extinción del dominio de la hacienda Bethania, lugar donde los Mamos habrían sido retenidos y torturados. En dicho predio se reportaron hallazgos forenses de posibles víctimas de desaparición forzada en junio de este año.

La convocatoria a la audiencia dialógica surgió como una solución intermedia ante posturas contrapuestas entre el Ministerio Público y los representantes de las víctimas. La Procuraduría había solicitado anular la apertura del incidente de incumplimiento, argumentando que era una medida "prematura" y que se debían agotar primero otros escenarios dialógicos menos lesivos para los comparecientes. Varios abogados defensores apoyaron esta solicitud, pidiendo espacios de diálogo para aclarar los hechos.

Por el contrario, los representantes de las víctimas se opusieron a otorgar más oportunidades a los militares. El abogado Germán Romero Sánchez manifestó que, tras 35 años de impunidad y más de 14 meses en la JEP, los comparecientes han tenido sobradas oportunidades para aportar verdad y no lo han hecho.

"La Procuraduría quiere insistir en que se les sigan dando eternas oportunidades dialógicas, para el pueblo Arhuaco eso no es admisible", señaló el apoderado en un memorial.

Ante esta situación, el despacho de la magistratura decidió continuar con el trámite incidental, como pedían las víctimas, pero abriendo el espacio de diálogo solicitado por la Procuraduría y los comparecientes.

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Inicialmente, el incidente de incumplimiento también incluía al sargento primero Daniel Rivera Rincón. Sin embargo, la JEP decidió no convocarlo a la audiencia mientras se clarifica su situación jurídica actual. Sobre Rivera Rincón pesan varias investigaciones por presuntos delitos cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz, el 1 de diciembre de 2016.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP informó que Rivera Rincón enfrenta tres procesos en etapa de juicio oral por hechos posteriores a 2016: dos por violencia intrafamiliar agravada ocurridos en 2019 y 2020, y uno por acto sexual violento en 2024.

Esta situación obliga al Tribunal de Paz a analizar si el compareciente incumplió con la garantía de no repetición, lo que podría afectar su permanencia en el sistema. Por esta razón, la magistratura negó una solicitud de su abogada para que se le realizara un dictamen de memoria, por considerarla extemporánea.

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