El despojo de bienes y tierras que se está presentando en el Catatumbo en medio de la escalada violenta de los grupos armados ilegales, es otro de los problemas que enfrentan los habitantes de esta región y que se suma al drama tanto de los que han salido desplazados, como de los que deciden quedarse y resistir, así sea en confinamiento en pueblos y veredas.

Esta situación fue uno de los ejes centrales en una reciente reunión entre líderes sociales, alcaldes, representantes de entidades nacionales y departamentales, que tuvo lugar en Cúcuta, en la que se decidió, a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), activar el Registro Único de Predios y Territorios Abandonado, que permite adoptar medidas de protección sobre los mismos.

De acuerdo con los registros de la URT, presente desde el 22 de enero en la ruta de atención a las personas desplazadas por el conflicto en la capital de Norte de Santander, 140 personas desplazadas han reportado el abandono de sus predios, sobre esas denuncias se han activado 116 solicitudes de protección sobre 134 predios en los municipios de Tibú, El Tarra, Ábrego, Hacarí, Convención, El Carmen, San Calixto, Teorama y corregimiento de La Gabarra.

“Se está implementando una medida cautelar sobre esos bienes e inmuebles de las personas que han salido desplazadas y que ya no pueden regresar al territorio, el objetivo es que esos predios no puedan ser negociadas o controlados por más nadie que no sea su dueño”, explicó Junior Maldonado, representante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat.

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El líder campesino dijo también que frente a la magnitud del problema, toda vez que la mayoría de desplazados son personas dedicadas a las labores del campo, con parcelas grandes o pequeñas, pero que representan todo su patrimonio, le solicitaron a la URT habilitar puntos de atención en Tibú y Ocaña, a fin de ampliar el radio de atención de las personas afectadas.

En este sentido, Giovani Yule, director general de la URT, dijo que en las próximas semanas harán una capacitación de funcionarios involucrados en la atención a las víctimas de desplazamiento en el Catatumbo, para que todas las personas que deseen activar las medidas de protección sobre sus tierras, lo puedan hacer de manera rápida.

Respecto a los requisitos para solicitar esa medida protectora, Junior Maldonado indicó que con solo presentar la cédula de ciudadanía o algún soporte donde consten los datos de la personas será suficiente para hacer el proceso de verificación en la base de datos y poder activar la medida protectora.  

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Una historia que se repite

Junior Maldonado señaló que entre los cientos de víctimas de desplazamiento forzado que va dejando la crisis de orden público en el Catatumbo, hay muchos que están reviviendo episodios similares, como el de 1999 con la incursión del paramilitarismo, que dejó muerte y despojo masivo de tierras.

El líder campesino recordó que tras esa situación, La URT generó una medida cautelar provisional prácticamente en toda la región del Catatumbo, toda vez que hace 25 años hubo mucha venta y ocupación forzada de tierra por parte del grupo irregular en cuestión.

“Toda esa gente es la que está haciendo justamente ese proceso de aseguramiento de sus predios, para que cuando puedan volver, los recuperen sin mayores dificultades”, dijo Maldonado.

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¿Cómo está la situación en terreno?

A dos semanas del inicio de la escalada violenta en el Catatumbo, la mayoría de líderes campesinos de la zona ha salido del territorio, dice Maldonado, aunque todavía algunos permanecen en territorio, refugiados en escuelas, casas comunales, protegidos por la misión humanitaria.

Maldonado señala que la situación sigue siendo delicada para los que se han quedado, y contó que el pasado martes, a través de organizaciones internacionales de derechos humanos, lograron extraer tres presidentes de junta, dos del municipio de El Tarra y uno de Tibú, que fueron despojados de sus tierras y puestos bajo amenaza, con orden de salida del territorio en un máximo de 24 horas.

Destacó que entre los rescatados está una presidente de junta de El Tarra, de avanzada edad, que sin respetar su condición de adulto mayor también estaba siendo amenazada.

Maldonado reiteró su llamado al Eln a respetar el trabajo de los líderes y las organizaciones sociales, “así lo anunciaron a través de un video y esperamos que lo cumplan”, dijo.

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