La Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró ajustada a derecho la investigación sobre 120 asesinatos y una tentativa de homicidio presentados ilegítimamente como bajas en combate en Norte de Santander y determinó que, además de homicidio y desaparición forzada, ocho de los máximos responsables incurrieron en el crimen de lesa humanidad de esclavitud y el crimen de guerra de tortura.
El Tribunal evaluó la Resolución de Conclusiones No. 01 de 2022 y concluyó que los hechos reconocidos por el general Paulino Coronado Gámez, cuatro coroneles, otros cinco oficiales y suboficiales y un tercero civil, correspondieron con la gravedad de las conductas perpetradas entre 2007 y 2008. La magistratura estableció que la selección de los 11 imputados cumplió con los requisitos legales al recaer sobre quienes ejercieron roles esenciales dentro del patrón criminal.
La Sección imputó el crimen de lesa humanidad de esclavitud, en concordancia con el delito de trata de personas, a ocho de los máximos responsables. El fallo determinó que, en la segunda modalidad del patrón criminal, existió un "negocio criminal de compraventa de personas".
El auto judicial explicó que las organizaciones criminales dentro de las unidades militares se asociaron con terceros civiles para conseguir jóvenes de otras regiones, a cambio de remuneración económica, para luego asesinarlos y presentarlos como bajas en combate. La magistratura encontró bases suficientes para entender que "se ejercieron atributos del derecho de propiedad sobre las personas".
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Asimismo, el Tribunal imputó el crimen de guerra de tortura en tres hechos específicos. La decisión ordenó a los comparecientes manifestar por escrito la ampliación de su reconocimiento frente a estos nuevos cargos en un plazo de 15 días y ratificarlo públicamente en la futura Audiencia de Verificación.
La decisión cobijó a los integrantes de la Brigada 30, la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN). Los máximos responsables confirmados son:
- Brigadier General Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30.
- Coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, excomandantes de la Brigada Móvil 15.
- Tenientes Coroneles Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado.
- Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.
- Capitanes Daladier Rivera Jácome y Rafael Antonio Urbano Muñoz.
- Sargento Segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras.
- Cabo Primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar.
- El tercero civil Alexander Carretero Díaz.
La JEP avaló los proyectos de Sanción Propia propuestos por considerarlos aptos para reparar el daño causado. La Sección priorizó el proyecto "Casa Campesina Multipropósito" y el "Parque Memorial 6402+ razones para no olvidar", iniciativas que buscan atender las demandas de las víctimas y de los territorios afectados.
De manera complementaria, el Tribunal aprobó el proyecto del documental "Las Verdades del Catatumbo" para profundizar el componente de memoria y difusión. La sentencia final será emitida por la Sección de Reconocimiento después de que se verifique el cumplimiento de las condiciones de contribución a la verdad y las formas de reparación en la Audiencia Pública de Verificación.
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