El número de vidas que ha cobrado la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc en el Catatumbo, desde el 16 de enero de 2025, sigue siendo tan incierto como el tiempo que podría llevar apaciguar los ánimos de dos grupos decididos a aniquilarse mutuamente. 

Lo que sí está claro es que la violencia desatada hace un año en la subregión arrastró consigo a todo Norte de Santander, devolviéndolo a uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente.

Las cifras oficiales dan cuenta de la magnitud del deterioro. Según el registro del Observatorio de Orden Público, Social y Político de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, la ola de violencia del último año se saldó con 768 homicidios, 48% más que en 2024.  

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De acuerdo con el análisis de la entidad, lo sucedido supone un retroceso de 20 años en materia de criminalidad, toda vez que los registros que se tienen con más de 700 muertes se remontan a los años 2005 y 2006, en plena época de la incursión paramilitar, cuando se alcanzaron picos de 761 y 750 homicidios por año, respectivamente. 

Así las cosas, 2025 marca un nuevo récord en materia de asesinatos en el último cuarto de siglo, al disparar la tasa departamental a 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, 21 más que el promedio nacional, consecuencia en buena parte de la guerra en el Catatumbo, donde municipios como Tibú, Teorama y El Tarra, juntos, registraron al menos 134 homicidios, relacionados exclusivamente con el conflicto armado, según el último boletín del Puesto de Mando Unificado (PMU) de Norte de Santander, que refleja un total de 185  víctimas de asesinato, entre civiles (166) y miembros de la Fuerza Pública (19). 

Este hecho coincide, además, con la lectura que ha entregado la Defensoría del Pueblo, así como otras organizaciones defensoras de derechos humanos, que han coincidido en señalar que esta nueva escalada entre el Eln y la disidencia de las Farc se ha convertido en la tragedia humanitaria más grave de la historia reciente en el país. 

Pero el sentido trágico no solo lo marcan las muertes violentas, sino también las afectaciones que tienen que ver con la vulneración de derechos fundamentales, como la libre movilidad, acceso a la alimentación, salud y educación. 

Una de las afectaciones más graves es el desplazamiento forzado que se registró en Catatumbo y que, según la organización internacional Acción contra el Hambre, representó más del 89% del total a nivel nacional durante el año 2025, calculando que más de 69.000 personas tuvieron que huir de su tierra en el primer semestre del año, lo que significó un aumento del 482% respecto al año 2024. 

En este sentido, de acuerdo con el balance del PMU, a corte del 13 de enero de 2026 se registraban más de 91.000 casos de desplazamiento forzado, por diferentes hechos victimizantes, registrados principalmente en Cúcuta (44.835), Ocaña (18.538) y Tibú (12.384).

A nivel de las ciudades más violentas 

De los estigmas más grandes que deja el conflicto en 2025 es el escandaloso aumento de los índices de homicidios en el departamento, que ya no se circunscriben solo a Cúcuta y su área metropolitana, con el 43%, sino que va más allá, comprometiendo aún más la reputación de un Norte de Santander históricamente violento. 

Tomando en cuenta las cifras recogidas por el Observatorio de Orden Público sobre el comportamiento delictivo en 2025, específicamente lo que tiene que ver con los índices de homicidio, la percepción de seguridad en los citados municipios de la subregión del Catatumbo se verá comprometida y equiparada con algunas capitales del mundo, consideradas las más violentas. 

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Y es que, en una proporción de homicidios por cada 10.000 habitantes, Tibú, con una población estimada por el DANE de 62.474, registraba a corte de diciembre pasado una tasa de 24,6 homicidios, seguido por Teorama (18.839 habitantes) con 14,3 y El Tarra (23.617 habitantes) con 9,7. 

En ese rango, estas pequeñas poblaciones, superan incluso los promedios de homicidios de grandes ciudades como Puerto Príncipe (Haití), Colima o Acapulco, en México, listadas entre las más peligrosas del mundo, según conteo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Política y la Justicia Penal mexicano entregado a inicios de 2025. 

Para Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, esta situación es producto de la violencia estructural que por décadas ha sufrido Norte de Santander.
 
“Nosotros siempre hemos tenido unas condiciones ideales para la violencia”, asegura y enumera los factores que hacen del departamento un ecosistema para que germine el crimen y la ilegalidad, como presencia estatal de marginal a nula, regiones aisladas geográfica y políticamente, economías ilegales, que son combustible de los grupos al margen de la ley, además de una frontera “en la que todos hacen los que les da la gana, con la única condición de que paguen”, dice. 

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George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, señala que lo más preocupante es que desde el alto gobierno se sigue insistiendo en que en el Catatumbo hay un control territorial, cuando no es así. 

“En esos municipios -Tibú, Teorama y El Tarra- no tenemos ni siquiera Fiscalía para que puedan hacer el levantamiento correspondiente de un cuerpo y cuando eso no se hace, un homicidio difícilmente se podrá esclarecer. Eso lleva a otro gran problema, como es la impunidad”, explicó el funcionario departamental. 

Otra de las consecuencias lamentables que deja la violencia exacerbada es la mala referencia que representa para quienes pretendan invertir en un territorio que aunque rico y lleno de posibilidades, se enfrenta a serias amenazas además de los homicidios, como la extorsión o el secuestro, que ejercen grupos criminales comunes, pero también las organizaciones armadas que protagonizan la guerra actual en el Catatumbo.    

"¿Quién va a querer invertir en un departamento al que muchos países prohíben viajar a Cúcuta, donde se establece toda la institucionalidad? ¿Por qué se va la cooperación internacional? porque no ven un proceso claro frente a lo que está pasando, pues las problemáticas siguen allí en el Catatumbo, sin vías, sin hospitales, sin un programa de sustitución que termine de animar a la gente", expuso Quintero. 

Cañizares señala por su parte que la respuesta al problema del Catatumbo siempre ha sido la militarización, considera que además de eso "hay que darle respuesta a los problemas de la gente. Si la gente no tiene cómo resolver sus problemas elementales, siempre va a estar dispuesta a buscar alternativas. Siempre. Porque la gente no es boba. La gente no se va a morir de hambre", sostuvo.

Indicó que aunque el gobierno Petro lo intentó, faltó mucha capacidad de ejecutar. "Los gobiernos tienen que actuar de manera eficaz, integral, inmediata. Este gobierno se gastó 3 años tratando de entenderlo, fue un tiempo que pudo haber aprovechado para dar una respuesta eficaz".  

Sin salida

Lo peor en medio de este escenario, es que no hay una salida próxima a esta espiral de violencia, y así los confirman tanto Cañizares como Quintero. 

“Soy poco optimista, empezando porque estos grupos están empeñados en una guerra a muerte, y así es imposible saber cuándo va a parar”, expuso el defensor de derechos humanos. 

Quintero coincide en señalar que la solución no será a corto plazo, sobre todo por las características propias del conflicto, como la inexistencia de corredores humanitarios, la llegada de más tropa insurgente desde Venezuela, tras los últimos acontecimientos en el vecino país que suponen amenaza para ellos, y podría derivar en más violencia de este lado de la frontera. 

Pero adicionalmente -dice- están los problemas propios de las economías ilegales que se mueven en el corredor fronterizo y que son motivo de disputa entre las disidencias y el Eln. 

“Quisiéramos que esto parara, que a pesar de todo se pueda intervenir la región sin dificultad, pero una cosa es pensarlo, quererlo, soñarlo, pero la realidad es tozuda; la realidad es que no sabemos en qué y cuándo va a terminar esa guerra”, expresó Cañizares.

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