A partir del primero de julio de este año, las entidades territoriales pasarán a asumir la prestación y suministro del servicio de alimentación de las personas privadas de libertad (PPL) en los centros de detención transitoria, es decir, en las estaciones policiales, una función que hasta ahora venía cumpliendo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.

Cuando faltan poco más de tres meses para que entre en vigencia la nueva disposición, contemplada en la Ley 2346 de 2024, hay expectativa por la forma como asumirán estas nuevas responsabilidades las autoridades, tanto municipales como departamentales.

Jhonny Peñaranda, secretario de Gobierno del departamento, señaló que junto a las entidades territoriales vienen trabajando sobre ese tema, pero es una nueva responsabilidad que ven complicada, pues llega en un momento de crisis humanitaria, por todo lo que sucede en el Catatumbo, pero además se convierte en una carga más sin adiciones presupuestales extra por parte del Gobierno nacional.

“Vamos a ver cómo podemos conseguir los recursos para eso o si el Gobierno nos puede ayudar para cumplir con ese compromiso”, dijo Peñaranda.

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Poca capacidad económica

Freddy Arengas, secretario de Gobierno de Ocaña, dijo que desde la administración ya se viene trabajando en un plan para asumir esa responsabilidad, aunque aclara que las entidades territoriales en general tienen poca capacidad económica para asumir eficazmente esta función.

Tomando como base 170 personas privadas de libertad en estaciones policiales, uno de los picos más altos de ocupación que registró Ocaña en 2024, Arengas hizo un breve ejercicio sobre el gasto que representa para las administraciones municipales asumir una responsabilidad de este tipo.

“Suponiendo que la alimentación completa -desayuno, almuerzo y cena- de un PPL cuesta 20.000 pesos diarios, estamos hablando que al día necesitaríamos 3.4 millones de pesos, al mes 102 millones y al año 1.224 millones de pesos.  Eso es mucha plata”, explicó el secretario.

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Dijo que esa cantidad de recursos es más de lo que realmente puede disponer un municipio promedio en Colombia, representa una inversión grande, que implicaría quitar recursos a obras de mayor envergadura que van a redundar en beneficios para la comunidad.

No obstante, dijo que en Ocaña la administración municipal dispuso en el presupuesto 2025 de una partida de 38 millones de pesos, y que desde ya están trabajando en el plan operativo que implica el cumplimiento de esa normativa, a la par de un plan de deshacinamiento de las estaciones policiales.

Alerta de la Contraloría y la Procuraduría

En razón de las limitaciones presupuestales a las que hacen referencia los secretarios de Gobierno tanto de Ocaña como del departamento, es que los entes del Ministerio Público, Contraloría y Procuraduría, han alertado sobre los riesgos que implican la entrada en vigencia de la Ley 2346 el primero de julio.

En consecuencia, los órganos de control instaron a las autoridades territoriales y al Ministerio de Justicia y del Derecho, a definir los planes de implementación del servicio de alimentación en los Centros de Detención Transitoria y garantizar la continuidad de los mismos, en aras de garantizar las condiciones de vida digna en reclusión para la población sindicada bajo su cargo.

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Freddy Arengas deja ver que asumir esta responsabilidad será todo un reto para la entidades territoriales, “nosotros, al igual que el resto de los municipios, nos estamos preparando de la mejor manera para poder asumir este plan, pero considero que ningún municipio va a lograr tener los suficientes recursos para poder resolver esto”, advirtió.

Asimismo, mantuvo sus reservas respecto a cómo influirá esta situación en la operatividad de la fuerza pública, “pues si ya hay limitaciones, qué tanto afectará el hecho de tener que atender y alimentar a esta población”.

En este sentido, los entes de control han dicho que harán el respectivo seguimiento y control e informarán a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario de la Corte Constitucional.

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