Edward, Néstor, Yoni, Alirio, Pedro, Nelly, Franklin y Paola, son algunos de los nombres de las más de 6.000 víctimas -6.748 para ser precisos- que, de acuerdo con registros de la gobernación han desaparecido de manera forzada en el departamento hasta la fecha, sin que nadie pueda dar pistas de su paradero.
Sin embargo, para la representante de Asomub ésta no sería la cifra real, pues sostiene que a pesar de que los familiares de las víctimas cumplen con la ruta ante los órganos correspondientes, como Fiscalía, Defensoría o Personería, no se sabe si realmente están siendo registradas oportunamente las denuncias y por lo tanto tomadas en cuenta para la búsqueda.
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“Nosotros cumplimos con esa ruta que es nuestro deber, pero tristemente hay mucho silencio de parte de las entidades”, expresó Rodríguez, quien asegura que desde el dos de diciembre al día de hoy “siguen habiendo desaparecidos”.
Se buscan en Colombia y Venezuela
Tal como lo deja ver la representante de Asomub, la desaparición forzada es un delito de una magnitud tan grande, que va más allá de las fronteras y de un período específico de tiempo.
En este sentido, aunque hay una mayoría de familias buscadoras respaldadas por la UBPD, entidad que nació tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y cuya misionalidad es buscar a los desaparecidos en el contexto del conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016; también están aquellas que pese a no estar bajo esa sombrilla, buscan familiares desaparecidos después de esa fecha, dentro pero también fuera del país.
Es el caso, por ejemplo, de 107 familias que hacen parte de Esperanza de Madre, una organización de Venezuela, creada por Lisbeth Zurita en 2021, tras las dificultades que enfrentó al inicio de la búsqueda de su hijo, Israel, desaparecido en la frontera colombo-venezolana en 2019.
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En ese largo camino se encontró con otras madres en su misma circunstancia, tejieron una red de apoyo y decidieron dar nombre y personería jurídica a la organización, con la que han ganado presencia y visibilidad a la búsqueda de sus familiares, desaparecidos en contextos de conflicto armado en Colombia y Venezuela, sino también en otros países, como Brasil, Perú y Ecuador, en medio de procesos migratorios.