Las graves afectaciones a los derechos humanos continúan siendo una constante en el Catatumbo, como consecuencia de la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc, conflicto que cumplió un año este 16 de enero. Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo durante la presentación de un balance de la crisis humanitaria derivada del desplazamiento masivo ocasionado por la confrontación armada, evento que tuvo lugar ayer en Tibú.

Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz y Más allá de la emergencia: recomendaciones para la recuperación temprana y la estabilización del Catatumbo, son los dos informes en los que la Defensoría recogió testimonios y reclamos de las víctimas, además de plantear una serie de recomendaciones orientadas a la construcción de una política pública que ayude a dar una solución definitiva a esta problemática.

Lea más: El Catatumbo, un año en llamas por la guerra del Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc

El llamado reiterado de la entidad al Estado colombiano es a implementar medidas integrales que garanticen la protección de la población civil, pero también a atender de manera estructural las causas del conflicto.

“Los dos están perdiendo”

Durante su intervención en la actividad, la defensora del Pueblo, Iris Marín, dirigió un mensaje a los grupos armados en confrontación para que abran un espacio humanitario y se comprometan con el respeto a la población civil y al derecho internacional humanitario.

“Confiamos en que, de alguna manera, puedan entender que esta guerra es de ellos, no de la gente. Que ninguno de los dos grupos va a ganarla: los dos ya la están perdiendo, porque atacan a la población sin ningún tipo de reparo por los derechos que tiene y porque muchos de sus hombres mueren también en los combates”, afirmó.

Lea también: Guerra entre el Eln y las disidencias disparó índice de homicidios en Norte de Santander

 Marín se refirió a datos que reflejan la magnitud de la crisis. En ese sentido, señaló que, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado (101.587), seguidas de amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y abandono o despojo forzado de tierras (2.948).

Del mismo modo, sobre los hechos que han generado graves afectaciones a la población, la Defensoría destacó que entre 1990 y el 31 de julio de 2025 en Colombia se registraron 12.610 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar, con un saldo de 10.244 personas lesionadas y 2.366 fallecidas. 

En el caso de Norte de Santander, indicó que la afectación ascendió a 978 víctimas y que solo entre enero y diciembre del año pasado se reportaron 20 eventos que dejaron 22 víctimas —al menos una de ellas mortal— en los municipios de Tibú, Hacarí, San Calixto y Lourdes, hechos atribuidos principalmente al ELN y al Frente 33.

Lea además: El Catatumbo ha tenido un año de mucho dolor, tristeza y frustración: Iglesia católica

En cuanto al secuestro, otra práctica recurrente de estos grupos armados para generar recursos y ejercer control territorial, la entidad señaló que en 2025 se facilitó la liberación de 121 personas y advirtió que 59 permanecían en cautiverio al cierre del año.

Escenario de riesgo 

De cara al 2026 y ante la persistencia del conflicto en Catatumbo, la Defensoría advirtió sobre el escenario de riesgo que se presenta para los procesos electorales, toda vez que podrían verse comprometidas las garantías democráticas, la participación política, la seguridad de candidaturas e infraestructura electoral, situación que ha sido confirmada por la Misión de Observación Electoral, MOE. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.