Esta semana, el país finalmente conoció las primeras medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurar la crisis que desató el estallido de violencia en el Catatumbo, por cuenta de la guerra entre el Eln y la disidencia del frente 33 de las Farc, y que deja ya 52 muertos, cerca de 53.000 desplazados, por lo menos 32.000 confinados y 6.000 personas en alojamiento temporal.
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En total son nueve los decretos publicados hasta anoche por la Presidencia de la República y a través de los cuales los diferentes ministerios intentan poner en marcha planes y programas que se han prometido por años, pero que nunca se han cumplido, agilizar otros y comenzar a llenar el vacío que ha dejado décadas de abandono estatal.
Algunas de las propuestas ya empiezan a generar ruido, como la expropiación administrativa que contempla el Decreto 108, a cargo del Ministerio de Agricultura, pues este es un tema que ha suscitado un amplio debate en el país y que ha frenado, incluso, el estudio de algunos proyectos, como el de la jurisdicción agraria.
Otros como el 118, expedido por el Ministerio de Defensa, y que establece la figura de un comandante militar para la región del Catatumbo, también ha despertado opiniones a favor y en contra, pues mientras que hay quienes defienden la necesidad de restablecer el orden público con una mayor presencia militar en la zona, las comunidades temen que la confrontación pueda escalar y la población siga siendo la más afectada.
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El lunes de esta semana, en Ocaña, el presidente Gustavo Petro insistió en que los decretos de la Conmoción Interior no son para reprimir a la población. “Los decretos de Conmoción Interior no van a interferir comunicaciones o encarcelar civiles, va es a cambiar la economía del territorio. Nos medirán ustedes si somos eficaces o no, pero seremos eficaces solo si el pueblo nos acompaña”, dijo.
Para conocer, justamente, qué es lo que proponen esos primeros decretos, cuáles son sus alcances, pero también esos puntos que despiertan mayor preocupación y los que cuentan con un amplio respaldo, en La Opinión revisamos los documentos y con la ayuda de expertos, dirigentes políticos, gremiales, líderes y conocedores de los temas que se plantean, analizamos el contenido de los mismos. Esto encontramos:
Expropiación de tierras, alivios financieros y alimentación
Los tres primeros decretos que dio a conocer el Gobierno Nacional los expidió el Ministerio de Agricultura. Uno de ellos es el 106 y está orientado a garantizar a los catatumberos “medios de vida y producción de alimentos”, para lo cual dispondrán financiamiento, crédito, alivio de pasivos y suspensión de cobros judiciales por mora en el sector agropecuario. El objetivo es mitigar los efectos del desplazamiento que originó el conflicto entre el Eln y la disidencia, así como facilitar el retorno, estabilización y la generación de ingresos a los campesinos, pequeños y medianos productores.
Como parte de las acciones que se emprenderán de manera inmediata, se anunció que la próxima semana el Ministerio y Finagro comenzarán a desarrollar en Ocaña y Cúcuta jornadas de alivios financieros y acuerdos de pago dirigidas a los productores agropecuarios de la región del Catatumbo que tuvieron que salir huyendo por la situación de conflicto.
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El Decreto 107, que complementa el anterior, ordena también la adopción de medidas para proteger, restablecer y estabilizar las actividades agropecuarias, ganaderas, los sistemas de riego, las cadenas productivas y el suministro alimentario en la subregión del Catatumbo.
Sin embargo, en este paquete hay un decreto que es el que despertó particularmente la atención en el país y es el 108, que establece “medidas de protección de tierras, territorios y activos, y prevención de la acumulación y acaparamiento en el sector agropecuario”.
Una de esas disposiciones es, por ejemplo, la expropiación administrativa en la que se contempla lo siguiente: “Autorizar la expropiación por vía administrativa en los términos del capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 para concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario, para garantizar los procesos de retorno y estabilización de víctimas de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes, en el marco de la grave perturbación del orden público declarada mediante el Decreto 0062 de 2025”.
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En este decreto se ordena, igualmente, la disposición de inmuebles de vocación agropecuaria para la estabilización y sostenibilidad en el retorno de las comunidades afectadas y para facilitar la reincorporación a la vida civil de los excombatientes.
Además, durante el tiempo que dure la Conmoción Interior, es decir, tres meses, quedan suspendidos los estados registrales de predios rurales en Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata, y La Gabarra en el departamento de Norte de Santander, así como Río de Oro y González, en Cesar. También se suspendieron los procesos ante autoridades o gestores catastrales.
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Este bloque de decretos es el que, hasta ahora, más opiniones ha despertado, especialmente por lo que tiene que ver con la expropiación administrativa y la imposibilidad de que durante los 90 días de la Conmoción se puedan vender bienes inmuebles en los municipios de influencia de las medidas.
Una de las primeras en cuestionar los alcances del decreto 108 fue la representante a la Cámara Katherine Miranda, dura crítica del gobierno Petro, quien asegura que el artículo 4 recoge la misma pretensión que ha intentado imponer el Ejecutivo desde el trámite del Plan Nacional de Desarrollo y la reforma agraria.
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“Como el Gobierno no ha podido imponer la expropiación exprés en el Congreso, ahora lo quiere hacer a las malas con una Conmoción Interior. Esto es un atropello contra la propiedad privada. Eliminan el debido proceso, anulan el control judicial y dejan a los ciudadanos sin ninguna defensa”, dijo.
En ese mismo sentido se pronunció el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, quien considera que nada garantiza que esta decisión no termine afectando también a muchos campesinos.
“Uno no puede descartar que algún campesino pequeño productor de la región, como todos los que hay en el Catatumbo, se vea perjudicado, porque en el Catatumbo no hay terratenientes que expropiar, ni hay grandes extensiones de tierra improductiva. Ese es el reflejo de que este Gobierno no ha hecho absolutamente nada en el marco de la reforma agraria. Es decir, no hay una sola hectárea que le hayan entregado a la gente de manera material”, planteó.
El congresista dijo que esta es una medida que genera no solo una alerta, sino una discusión nacional que no soluciona en nada el problema que se vive hoy en la región.
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Quintero cuestionó, además, la limitación que se está imponiendo para la enajenación, comercialización y venta de bienes inmuebles en todos los municipios, cuando en algunos de ellos no se han presentado hechos de violencia sino que son receptores de desplazados, y sin tener en cuenta que hay campesinos que viven de vender y comprar tierras.
Lo que sí consideró pertinente el representante fue la puesta en marcha de alivios en los créditos, pues aunque dijo que esto no es nuevo y se pudo hacer sin necesidad de declarar la Conmoción Interior, sí traerá beneficios para las víctimas de este conflicto.
En la zona también celebraron que algunos de estos decretos contemplen la suspensión de embargos y cobros judiciales de créditos agropecuarios, que se facilite la refinanciación de deudas para campesinos y pequeños productores, además de que permite condonaciones de intereses y parte del capital adeudado, “lo cual protege a los campesinos del despojo y les da un respiro financiero para reactivarse”.
Comandante militar para el Catatumbo
Tal y como lo anticiparon muchos desde que se conoció que el Gobierno decretaría la Conmoción Interior por cuenta de la grave situación de violencia en el Catatumbo, el componente militar es otra de las medidas que decidió priorizar el presidente Gustavo Petro para recuperar el control de esta región, en donde tienen una fuerte influencia los grupos armados como el Eln y la disidencia del frente 33.
Y así quedó contemplado en el Decreto 118, a partir del cual el jefe de Estado designará un comandante militar que tendrá la misión de orientar la estrategia de control y vigilancia en los municipios de la subregión, así como en el área metropolitana de Cúcuta, y Río de Oro y González, en el Cesar.
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Este oficial está a cargo de planear, coordinar y conducir las operaciones militares y operativos policiales necesarios para conjurar las causas de la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos en la zona, pero también garantizar el respeto de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en todas las operaciones militares y operativos de Policía.
“Las instrucciones, actos u órdenes que emita el presidente de la República, directamente o a través del ministro de Defensa Nacional, para conjurar las causas de la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos, se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las órdenes de gobernadores y alcaldes”, dice el Decreto.
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Esta es otra de las disposiciones en el marco de la Conmoción Interior que ha despertado muchas opiniones a favor y en contra, puesto que mientras desde algunos sectores se ha venido cuestionando que la situación del Catatumbo obedece a la imposibilidad de actuar que durante mucho tiempo tuvo la Fuerza Pública, lo que permitió el fortalecimiento de los grupos armados, las comunidades, principalmente, temen que la represión sea en adelante su principal amenaza.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, dijo que este decreto responde, básicamente, a una situación excepcional y lo que pretende es fortalecer la respuesta militar a una crisis de seguridad.
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No obstante, dijo que son muchas las preguntas que quedan en el aire o sin respuesta. “De lo primero que hay que partir es que esto va a ser una gran operación militar y toda gran operación militar trae consecuencias humanitarias y un impacto en la garantía de los derechos humanos de la población civil, las organizaciones y los liderazgos, así el decreto diga que no se pueden violar estos derechos”, señaló.
Para Cañizares, hay otro aspecto que no se tiene en cuenta en este decreto y es: ¿quién controla el riesgo de abuso por parte de las Fuerzas Armadas?
“En la práctica, insisto, las operaciones militares restringen las libertades y en la práctica genera violaciones y vulneraciones de derechos humanos. Entonces, ¿cómo evitar que la operación militar sea un ingrediente más que agrave la crisis humanitaria en la región y que no haya nuevos desplazamientos ni falsos positivos judiciales?”, cuestionó el defensor de derechos.
Quien sí considera pertinente la designación de este comandante militar es el representante a la Cámara por la curul de paz, Diógenes Quintero, pues cree que esta figura será fundamental para concentrar las decisiones y direccionar mejor la estrategia militar.
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“Este es un punto a favor porque es como ponerle un doliente a ese esquema militar para el Catatumbo. Eso mismo debería pasar para el resto de medidas”, manifestó.
Para el exconcejal del Centro Democrático y exasesor del Ministerio de Defensa, Juan Carlos Capacho, esta figura era innecesaria porque Norte de Santander contaba con un Comando Conjunto Unificado, con aproximadamente 12.000 uniformados, y toda la capacidad tecnológica, pero el mismo presidente de la República decidió disolverlo.
Impulso a los sectores de transporte y turismo
En el paquete de decretos expedido para atender la crisis humanitaria y económica en el Catatumbo están el 117 y 120, que corresponden a los sectores de turismo y transporte.
En lo que tiene que ver con este último, el Gobierno autoriza a las empresas de transporte público terrestre a operar sin restricciones de recorridos, frecuencias y horarios en municipios de Norte de Santander y Cesar impactados por el conflicto armado.
En este sentido, se permite que compañías habilitadas en esta modalidad presten servicio con origen o destino a municipios como Ocaña, Tibú, Sardinata y Río de Oro, entre otros, sin las condiciones establecidas en los permisos previos. Además, faculta a las autoridades locales para autorizar el transporte colectivo, individual y mixto dentro de sus jurisdicciones, sin limitaciones en su operación.
Igualmente, dice que las empresas deberán coordinar con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los viajes y con Invías para definir las rutas más viables en caso de afectaciones en la infraestructura vial.
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En cuanto a las medidas transitorias dirigidas a mitigar el impacto del conflicto en el sector turístico, el Gobierno faculta el uso de los recursos fiscales de Fontur para ayudar a los prestadores de servicios turísticos afectados, recuperar áreas turísticas dañadas y reparar infraestructuras de alojamiento, siempre que los beneficiarios estén registrados oficialmente.
Asimismo, contempla beneficios tributarios para aquellos operadores turísticos que brinden alojamiento gratuito a desplazados del Catatumbo. El beneficio aplicará, igualmente, a hoteles, viviendas turísticas y hasta establecimientos de hospedaje por horas, ampliando la oferta de espacios para atender la emergencia.
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Vanessa Escamilla, gerente de la Terminal de Transporte de Cúcuta, dijo que el esquema flexible en la prestación del servicio es una de las principales ventajas que ofrece el decreto dado el contexto actual, razón por la cual ha sido bien recibida por el gremio. “Esta medida nos beneficia bastante”, afirmó.
No obstante, recordó que este modelo no es nuevo y que, de hecho, se venía implementando desde el 16 de enero, tras el reinicio de las confrontaciones entre los grupos armados irregulares.
Román Jácome, socio de una empresa de transporte en Ocaña, no ve nada distinto en el decreto, salvo las libertades en los horarios, que pueden ajustarlos a conveniencia sin problemas con el Ministerio, en caso de presentar dificultades.
Asegura que necesitan mayores garantías en materia de seguridad, no solo para los conductores, sino también para los usuarios y el patrimonio de los asociados. En este sentido, indicó que requieren pólizas antiterrorismo para proteger a las unidades de transporte cuando quedan en medio de confrontaciones.
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Lo que sí ve con suspicacia es la medida que habilita a los municipios para autorizar rutas, pues cree que esto abre la posibilidad de que empresas que no pertenecen a la región vengan a prestar el servicio en detrimento de las locales.
Por su parte, Sandra Gómez, directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, señaló que todas las ayudas hacia el sector son importantes, sobre todo en estos momentos en los que se observa la disminución en los porcentajes de ocupación por el conflicto.
“Este fenómeno nos va a acompañar por algún tiempo, por eso es imperante revisar alivios que realmente generen impacto para el sector empresarial”, dijo Gómez, tras recordar que Norte de Santander es Zona Económica y Social Especial, entonces “esas exenciones de renta no son tan aplicables en este momento”.
Medidas laborales sin mayor sentido
El 119 es el decreto por medio del cual el Gobierno adoptó medidas especiales de protección en el ámbito laboral y estableció el trabajo en casa como la principal herramienta para el sector privado durante la vigencia del estado de Conmoción Interior.
Respecto al ámbito de aplicación, el decreto indica que cobija “a todas las empresas del sector privado que desarrollen actividades en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
En razón del teletrabajo, el decreto señala que el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio.
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Los sectores consultados sobre este particular no encontraron lógica en esta medida, en principio porque no comprenden la aplicabilidad en el área metropolitana de Cúcuta, toda vez que el conflicto ha afectado principalmente el Catatumbo y más específicamente la zona rural.
Algunos consideran que este decreto está hecho para debilitar aún más el sector empresarial, toda vez que no contempla ninguna medida de protección para los empleados del sector público que, en la práctica han sido los grandes afectados, por ejemplo, los trabajadores del sector educativo, quienes fueron unos de los primeros en salir desplazados del Catatumbo.
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Para Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la curul de paz, este decreto solo beneficiará a quienes se encuentran en las zonas urbanas, porque “dígame usted eso en qué beneficia a un campesino que está desplazado”.
Para Martín Malpica, representante de la Asociación de Productores de Cacao, este decreto es muy amplio y por eso considera que sí deben tomarse medidas para proteger al trabajador, pero especialmente para el que tuvo que salir desplazado de su territorio.
Acceso al agua, saneamiento básico y vivienda
El Decreto 121 es el último que se ha expedido en el marco de la Conmoción Interior y contempla medidas centradas en garantizar el acceso al agua, saneamiento básico y vivienda de las personas afectadas por la crisis en la región del Catatumbo.
La resolución establece un subsidio del 90% en los servicios de acueducto, alcantarillado para quienes son víctimas de este espiral de violencia. De igual forma, los municipios podrán disponer de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para garantizar la continuidad del servicio de agua y saneamiento, así como para la instalación y reparación de infraestructura afectada.
Otro de los aspectos que resalta la norma es el ajuste que podrán hacer los alcaldes a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para permitir el reasentamiento de desplazados, incluyendo incorporación de predios rurales al perímetro urbano; modificación de usos del suelo para proyectos de vivienda y servicios públicos.
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Asimismo, procedimientos expeditos para reasentamientos en reservas forestales, y construcción y mejoramiento de viviendas rurales sin necesidad de licencias urbanísticas, entre otros.
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Para el congresista Quintero esta medida tampoco se adapta a las necesidades reales del campesino, que lo que quiere es volver a su territorio, una acción que ya está llevando adelante de manera voluntaria y sin el acompañamiento de las autoridades y de toda la institucionalidad.
En este sentido, Diógenes Quintero señala que lo que debe garantizar el Estado son condiciones de seguridad y dignidad al momento del retorno, es decir “que cuente con servicios públicos, que tenga su vivienda bien arreglada, que tenga una carretera por la que pueda llegar, que tenga un cultivo que producir. En eso es que tienen que concentrarse las medidas”, dijo.
Por el contrario, cree que si se ubica una familia en un lugar que no tiene condiciones dignas, lejos de su entorno y esa condición se vuelve permanente, esto se puede convertir en un problema para los alcaldes a futuro.
Protección de áreas estratégicas ambientales
Para el Ministerio de Ambiente, ecosistemas estratégicos como el Parque Nacional Catatumbo-Barí, el Área Natural Los Estoraques, la cuenca alta y media del río Catatumbo y las reservas forestales protectoras de la cuenca hidrográfica del Río Tejo y Jurisdicciones también son víctimas del conflicto que se presenta en la región del Catatumbo, razón por la cual decidieron tomar medidas para evitar afectaciones graves.
A través del Decreto 116, el Gobierno ordenó garantizar la administración, el control y manejo sostenible de los recursos naturales y para ello dispuso:
- Suspender el trámite de otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones que se encuentren en curso o para nuevos proyectos, obras o actividades en los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura.
-Agilizar los trámites ambientales para proyectos, obras o actividades que requieran licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales en todos los territorios que fueron declarados en Estado de Conmoción Interior.
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Para expertos en materia ambiental, estas medidas protegen el medio ambiente y evitan que la crisis sea aprovechada para explotar los recursos naturales sin control. Además, ordena una evaluación ambiental poscrisis para evitar daños irreversibles.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por su parte, recordó que la importancia de este decreto radica en que, en el marco del Derecho Internacional Humanitario, las afectaciones al medio ambiente pueden constituirse en crímenes de guerra y, en Colombia, en delitos ambientales.
*Escrito por Lucy Araque y María José Salcedo
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