Al terminar las cuatro sesiones de la audiencia única de aporte a la verdad, con las que busca su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso deberá ampliar buena parte de la información que aportó y entregar datos concretos como nombres, hechos y pruebas relacionadas con las prácticas criminales que cometieron las Autodefensas en departamentos como Norte de Santander.

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Así se lo exigieron los magistrados que presidieron la diligencia, tras recordarle que tendrá un plazo de 30 días hábiles para cumplir con este compromiso y otros que se exigen como condición para acreditar su ingreso a la justicia especial.

En la lista de datos que deberá entregar el exjefe del Bloque Catatumbo, este tendrá que incluir los nombres de los militares venezolanos que, según dijo en una de las audiencias, estuvieron vinculados con la desaparición de cadáveres en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Como lo contó La Opinión, en uno de los relatos entregados a la JEP, Mancuso aseguró que al menos 200 cuerpos de víctimas fueron dejados en territorio vecino o arrojados al río para que terminaran en Venezuela y que para estos traslados hubo una coordinación previa con la Fuerza Pública y militares de Venezuela, aunque sostuvo que no recordaba con exactitud los nombres de quienes participaron en estas acciones.

“En Venezuela se coordinó con unos militares, no tengo los nombres, pero allá hay cementerios con más de 200 personas en San Cristóbal, Ureña, San Antonio, la Fría y Boca de Grita. Otros fueron arrojados al río y también aparecieron en Venezuela”, les dijo Mancuso a los magistrados.

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La JEP también le pide al excomandante de las AUC que, “a partir de los organigramas sobre las unidades militares de la Brigada XV”, entregue información novedosa sobre quiénes estuvieron vinculados con operaciones conjuntas en la región del Catatumbo.

En diferentes momentos de la audiencia, Salvatore Mancuso mencionó que el ingreso de los paramilitares a Norte de Santander se dio con la plena coordinación y apoyo del Ejército.

“Se habló con el general Mario Fernando Roa Cuervo, con él se planificó, le dijimos que necesitábamos el apoyo de la tropa y él dijo que coordinaba todo. En la zona se habló con el coronel Matamoros, sobre el terreno con el comandante del Batallón Saraguro, el mayor Mauricio Llorente y con él se organiza el ingreso”, contó.

Allí también recordó que varias de las masacres cometidas por los paras en Tibú contaron con la coordinación de la Fuerza Pública. “En todas estas acciones hubo coordinación tanto con Policía como Ejército. Los pobladores pueden dar fe que convivíamos”, dijo.

En las diligencias de esta semana, Mancuso se refirió a la relación que existía entre las autodefensas y la Fiscalía en el departamento y recordó que hubo acuerdos para que no los persiguieran, para que se archivaran muchos casos y se desvirtuaran otros.

“Con la Fiscalía tuvimos relaciones a muy alto nivel, incluso a nivel de fiscales generales de la Nación. A través de ellos nombramos a Rosalba Negrete, directora del CTI, Ana María Flórez, Magali Moreno. (…) Incluso, en Norte de Santander falsos positivos se hicieron con la Fiscalía”, aseguró.

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En el último día de audiencias, Salvatore Mancuso se refirió a las filtraciones de información del DAS en favor de los paramilitares y la persecución en universidades.

En ese sentido, recordó que, en Norte de Santander, el exdirector del DAS Jorge Enrique Díaz Sánchez, asesinado, fue una pieza importante para las autodefensas. “Hacía seguimientos, pedía interceptaciones, entregaba listados, participaba en operaciones”, relató.

“Hubo hechos como el de Pauselino Camargo Parada, en Cúcuta, que se ejecutó en el año 2000 y se coordinó directamente con el DAS. El seguimiento y la inteligencia para la operación contra Pauselino Camargo se hizo con el DAS”, afirmó Mancuso sobre el asesinato del exalcalde.

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Y también aseguró que con información y coordinación de dicha entidad fue que acabaron con la vida de los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Gerson Gallardo Niño, Edwin Ariel López Granados y Carlos Suescún.

La JEP le exigió al excomandante paramilitar que incluya la relación de los diferentes documentos, datos y otros soportes que ya ha aportado a la Jurisdicción y aquellos soportes e informaciones que ha anunciado y que no ha entregado hasta la fecha.

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