La promesa del presidente electo Donald Trump de deportar a todos los migrantes irregulares en Estados Unidos es una medida radical que los expertos sostienen que es casi imposible cumplir al 100%, sobre todo teniendo en cuenta que son más de 10 millones de inmigrantes los que están en esa condición.

“Estoy en Estados Unidos desde marzo del año pasado, a donde llegué como beneficiario del parole humanitario otorgado por el Estado americano. Ya me otorgaron la TPS (Estatus de Protección Temporal), pero estoy en proceso de trámite de mi asilo político, porque definitivamente es imposible que yo regrese a Venezuela, porque salí de allá bajo amenazas por mi posición política. La llegada de Trump a la presidencia lo que hizo fue provocar un aceleramiento, en lo personal, para introducir los papeles para la solicitud del asilo”, relata Francisco Naranjo, un venezolano de 36 años, profesional de la comunicación.

A pesar de que Jesús no se encuentra en situación irregular en los EE. UU., con las amenazas de deportaciones masivas anunciadas por Trump una vez llegue a la Casa Blanca, la incertidumbre, el miedo y la zozobra se apoderaron de unos 10 millones de migrantes sin documentos en regla que viven en el país del norte.

Así como Jesús, miles de venezolanos están a la expectativa de lo que sucederá con ellos, y este caso es solo una pizca de sal en un mar de historias de hombres, mujeres y niños que han llegado a los Estados Unidos huyendo de la crisis política, económica y humanitaria en el vecino país.

Pero, ¿realmente se darán estas deportaciones masivas? ¿A dónde enviarán a los millones de indocumentados que se encuentran en los EE.UU.? ¿Llegarán a Colombia los venezolanos devueltos? ¿Están el país y Cúcuta en condiciones de recibirlos? ¿Quiénes son? Todas estas interrogantes surgen en un ambiente plagado de discriminación.

“Quienes llegamos a este país con ganas de superarnos, trabajar y salir adelante nos sentimos amenazados y con miedos por las deportaciones de las que habla Trump”, enfatiza el venezolano.

Trump, quien tomará posesión de su segundo mandato el 20 de enero de 2025, el pasado 18 de noviembre declaró que una vez asuma la presidencia tiene previsto declarar estado de emergencia nacional y emplear la Guardia Nacional estadounidense para implementar la deportación masiva más grande en la historia de los Estados Unidos.

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Este es un cuerpo militar bajo el mando del gobernador de cada estado, que puede ser convocada para la protección del país en caso de conflicto o desastre. Por lo anterior, se espera que sus miembros sean llamados para sacar a los inmigrantes.

Para cumplir su promesa, Trump dio un primer paso con nombramiento de Thomas Homan para estar al frente de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza. Homan, expolicía en Nueva York y exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es el zar de la frontera y “estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales a su país de origen”, según ha notificado el presidente electo.

Promesa electoral

“Es poco probable que Trump pueda cumplir su promesa de la expulsión de los 11 millones de migrantes, no creo que pueda llegar al millón. No obstante, si van a darse unas expulsiones que van a ser muy representativas, muy visibles, muy mediáticas, y por lo que sabemos muy seguramente entre los primeros 100 días de su Gobierno”, detalla el vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez.

Rodríguez comenta que en estos primeros 100 días se esperan una serie de medidas mediáticas y visibles que no van a dar los resultados anunciados por él durante su campaña electoral, pero que sí van a golpear y van a generar una imagen muy fuerte en contra de la población en condición de movilidad humana.

El gobierno de Washington que ha sido uno de los que más ha contribuido económicamente con los países receptores de migrantes venezolanos, los cuales seguramente van a verse afectados por un Donald Trump con una política migratoria de contención.

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“Muy seguramente les torcerá el brazo a muchos países para que impongan políticas de contención o dará represalias a aquellos que no lo hagan, y eso ocasionará que el ambiente regional sea contrario al tema migratorio, a diferencia del primer gobierno donde instrumentalizó la migración”, es la lectura que hace Rodríguez.

Con este panorama, la abogada Diane Claxton, especialista en inmigración y fundadora de Claxton Law Group, explica que existen muchas formas de protección para la población migrante que vive en los EE. UU. ante cualquier eventual deportación.

La jurista precisa, en una entrevista al portal digital Orlando Noticias, que los migrantes, independientemente de su nacionalidad, deben tomar en serio sus casos y peticiones para lograr su regularización.

“Al ganar un caso de asilo, luego de un año puede aplicar a una residencia y luego de 5 años a la ciudadanía”, dice.

Detalla que en Estados Unidos hay aproximadamente cuatro millones de solicitudes de asilo y el 25% de esos casos están radicados en Florida, siendo las de Miami y Orlando las que manejan la mayoría de ellos.

¿Llegarán a Colombia?

De darse estas deportaciones a dónde van a enviar a los venezolanos que sean sujetos de estas devoluciones, tomando en cuenta que las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela están rotas.

La abogada Diane Claxton asegura que actualmente no están deportando hacia Venezuela, y aquellos que tengan orden de deportación pueden recurrir a recursos jurídicos para suspender esa orden hasta por un año.

Sobre este aspecto tan importante para Colombia, Ronal Rodríguez dice que puede ser que ocurra como cuando se hicieron las deportaciones de los cubanos, que a pesar del existir un rompimiento de relaciones diplomáticas, por debajo de la mesa se negociaron esos vuelos de deportación.

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“En el caso de Venezuela obviamente es más difícil mantenerlo en secreto. Durante la administración Biden se hicieron varios vuelos de regreso, pero también se puede tercerizar en algún país. Yo no sé si hacia Colombia (se dirijan esos vuelos), particularmente por el discurso que tiene el presidente Gustavo Petro, sino más bien un tercer país con el cual el Gobierno de los Estados Unidos haga un acuerdo para recibir esos migrantes, pero entonces toca mirar quiénes son los aliados políticos en la región para Donald Trump que estarían dispuesto a recibirlos, incluso yo no descartaría que se pudiera hacer algún tipo de acuerdo con Argentina y con otro país en esa dirección”.

Los expertos sostienen que cuando los deportados sean colombianos obviamente serán devueltos al país.

Pero, si se logra concretar que esos vuelos con deportaciones de venezolanos lleguen a Colombia se espera y estima que estas personas se seguirán concentrando en las ciudades donde tradicionalmente han tenido vocación de permanencia en el país como Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali.

Especialmente en la capital donde encuentran una mayor capacidad instalada de servicios, empleo y donde muchos tienen hogares receptores.

En el caso de Cúcuta, donde la población migrante venezolana el 4,94% del total que vive en el país, ya existe un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado desde mediados de año. Precisamente, la secretaría de Fronteras de la Gobernación de Norte de Santander tiene el puesto en la frontera para monitorear y evaluar la capacidad de respuesta frente a un eventual incremento en el flujo migratorio.

Discurso xenófobo Sobre este escenario, el vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, manifiesta que la primera consecuencia de las medidas de Trump se está evidenciando a través de la promoción de un discurso xenófobo.

“Cuando una autoridad utiliza un lenguaje xenófobo termina legitimando y hay actores que sienten que si el presidente, que es su líder piensa de esa manera ellos también pueden actuar de la misma forma. En el caso de los Estados Unidos, esto ha dado lugar a que varios países empiecen con una dinámica de políticas de migración con un carácter de contención, y no se cuidan tanto las formas a la hora de estigmatizar a la población en condición de movilidad humana”, enfatiza.

El especialista en temas migratorios de la región y del fenómeno de movilidad venezolano sostiene que el discurso de Trump genera un ambiente tenso en el campo migratorio, abordando discursos agresivos que generan un impacto en los actores políticos que terminan responsabilizando a la población en condición de movilidad de la incapacidad de sus gobiernos para resolver las demandas de los ciudadanos en temas puntuales como seguridad, acceso a bienes y servicios.

“Entonces el tema migratorio se convierte en el gran chivo expiatorio para los gobernantes que no logran construir políticas públicas para resolver estas necesidades de sus ciudadanos”, precisa.

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