Luego de presentar su renuncia ante una embotelladora en Venezuela, Manuel Marcano decidió ir a visitar a su familia en Bogotá con la firme intención de quedarse. Logró cruzar la frontera en Villa del Rosario y tomó un bus hasta Bogotá, allí se consiguió con su hija. Los planes eran buscar trabajo y ayudar a pagar el apartamento que arrendaban en el occidente de la capital. 

Todo marchaba bien. Manuel consiguió cargo como administrador de una panadería. Con ese sueldo podría ayudar entonces a conseguir una mejor vivienda. Pero el simple hecho de ser venezolano le trancó muchas veces las puertas. “Llamé varias veces pidiendo información de apartamentos y cuando escuchaban mi voz, con el acento venezolano de una se negaban y colgaban”, expresa Marcano. 

Con ese inconveniente encima lidiaba, el tiempo se agotaba ya que del sitio que habitaba junto a su hija y el yerno debían desalojar porque se vencía el contrato y no sería renovado. “Nos pidieron dos meses de depósito, es decir, debíamos darle 1 millón 400 mil pesos que no teníamos”, agrega. Entonces a la carrera siguió la búsqueda, pero casi todos presentaban muchos recaudos que para los ciudadanos venezolanos, en muchas ocasiones es un reto. “¿Por qué es tan difícil arrendar aquí?, no entendemos por qué piden tantas cosas”, dijo.

Esa lista de requisitos puede ir entre la entrega de dos meses de depósito, dos fiadores o codeudores, carta laboral y certificación de ingresos dos o tres veces por encima del precio establecido de la mensualidad.

Para aquellas personas que poco han hecho una vida laboral en el país, no tienen récord crediticio o apenas van llegando y conocen pocas personas nacionales, es complicado. “Una vez me aprobaron el estudio de un apartamento en Bogotá, pero como no tenía vida crediticia en el país y muy poco tiempo con mi cuenta bancaria, me pidieron dos meses de fianza, un dinero que se utilizará como un seguro”, relató Carmen Meléndez, docente venezolana radicada en Cúcuta.

Trato de boca

Cerca del 35 por ciento de la población colombiana vive en arriendo, según datos suministrados por Fedelonjas, eso abarca una población alrededor de los 18 millones de personas. Con la presencia de migrantes venezolanos estas cifras han variado en el país, ya que más del 92,4 por ciento de las familias migrantes viven en arriendo según revela la Encuesta de Calidad de Vida e Integración del Proyecto Migración Venezuela. 

Tomando en cuenta que cerca del 58 por ciento de los venezolanos en el país están de forma irregular según reporta Migración Colombia, es cuesta arriba para ellos hallar una vivienda por las vías habituales. Esto permite que la mayoría de los contratos de arriendo sean verbales, sin algún pacto firmado o legalizado en una notaría.

En la Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela, publicado por la plataforma R4V en febrero de 2021, se destaca que en Colombia el 78,1 % de los encuestados tienen un contrato verbal, mientras que apenas el 11,8 % posee un contrato escrito y el 8,3 % no tienen ningún tipo de acuerdo.

“Los contratos verbales en la región se asocian con una menor seguridad de la tenencia de las viviendas y pueden producir, más fácilmente, interpretaciones diferentes del alcance de lo acordado y producir conflictos entre las partes. Los contratos verbales, además, por lo general, no llegan a resolverse por las entidades encargadas de impartir justicia o encontrar alternativas de mediación”, explica el documento en su análisis.

Este tipo de acuerdo representa un riesgo enorme, ya que en cualquier momento el inquilino puede ser desalojado. “Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que participaron en la encuesta, y que no tenían contratos o autorizaciones sobre sus alojamientos o viviendas, fueron desalojados en más de un 60%, mientras quienes tenían contrato escrito, lo fueron en cerca de un 30%”, agrega la encuesta. 

Por esa situación pasó Manuel que se cansó de buscar un sitio ideal tratando de buscar formalidad. “Me fue imposible, entonces llegaron los días de pandemia, me quedé sin trabajo, mi hija no pudo seguir vendiendo los accesorios y la ropa que ofrecía y no pudimos pagar, por eso nos desalojaron”.

Cuenta Manuel que tuvo que alojarse en una carpa en la autopista Norte de Bogotá, donde estuvo cerca de un mes junto a un grupo de unas 700 personas que decidieron retornar a Venezuela. Manuel junto a su hija y el yerno decidieron quedarse en Cúcuta.

“Acá conseguí trabajo como repartidor y mi hija logró retomar la venta de ropa con su esposo”. Juntos arriendan una casa en el barrio Atalaya, lograron un acuerdo firmado con el dueño de la casa.  

La mayoría de los contratos verbales son acordados por migrantes venezolanos que atravesaron la frontera por las trochas ilegales. Al no contar con un pasaporte o un documento colombiano migratorio válido en el país como el Permiso Especial de Permanencia o una cédula de extranjería, permanecen en el país de forma irregular.

Manuel logró sellar su pasaporte antes del cierre de la frontera en marzo de 2020, por eso logró concretar un contrato firmado. “Pero algunos vecinos acá en el sector no tienen contrato ni siquiera un papel porque no cargan ni cédula”, añade.

Bernardo Cumare está bajo esa circunstancia, pero en el Barrio La Parada. Allí habita una casa junto a su esposa y sus dos hijos. Allí solo rentaban un cuarto y compartían la cocina y demás áreas comunes con otras dos familias, pero estas retornaron a Venezuela al quedarse sin trabajo por la pandemia. “Aquí nadie tiene nada firmado, llegué referido por un vecino que me conocía desde Venezuela. Ahora aquí estoy a cargo de la casa porque los demás se fueron”. Cuenta Bernardo que paga 25 mil pesos diarios por la casa, una cuota que le es difícil completar ya que el trabajo por las trochas ha mermado y su oficio de barbero no ha podido ejercerlo como es debido ya que no tiene las herramientas suficientes.

Entonces él, así como sus antiguos vecinos, podría en cualquier momento ser desalojado. En la encuesta referida, ese temor al desalojo llega al 87 por ciento, teniendo como principal motivo la incapacidad de pago. en este sentido otro 36 por ciento teme no poder cubrir los servicios básicos de sus viviendas y el 17 por ciento teme por la discriminación.

“Aquí ando haciendo malabares para no quedarme en la calle, no quiero pasar por eso y claro, estoy dispuesto a trabajar sin parar y no dejar a mis hijos sin el techo, sentenció. 

Con la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos esta situación podría mejorar en los próximos años, al tener documentos legales en el país, se les debería facilitar el acceso a una vivienda digna con posibilidades más cercanas para cumplir los requisitos y no tener tantos problemas. “Eso esperamos, que mejore todo a partir del estatuto y que tengamos una mejor calidad de vida acá”, declaró Manuel.