Una cantidad de preguntas sin respuestas quedaron sobre la mesa, ayer, en la plenaria del Concejo de Cúcuta donde los grandes ausentes fueron el secretario de Tránsito Municipal,  Jorge Mayid Gene, y el gerente del Consorcio de servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta, Mauricio Pereira, a quienes la Corporación citó para que respondieran a las denuncias que existen por presuntas vulneraciones de los derechos de ciudadanos, afectados por el cobro coactivo de las multas generadas en infracciones. 

En la Corporación, donde además fueron convocados los gerentes de las entidades financieras para ser parte del debate en torno a cómo se han generado los embargos de cuentas para garantizar el pago de las obligaciones, solo asistieron Tatiana Corzo, directora de Banca de Gobiernos del BBVA, y Jenny Canal, en representación de Davivienda. 

Ante la ausencia del secretario y del gerente del Consorcio, la sesión fue aplazada para el próximo 4 de julio. Sin embargo, los corporados no desaprovecharon la ocasión para exponer la situación que se viene presentando y las denuncias que se han generado por los actos administrativos y medidas que, aseguraron, violan las disposiciones de las Superintendencia Financiera de Colombia. 

El concejal Edison Contreras, pidió a la junta directiva del Concejo que se iniciara el trámite para iniciar contra Mayid Gene una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión y las denuncias que dieron pie a la proposición de este lunes. 

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En esta oportunidad, el Concejo recibió por correspondencia una incapacidad médica de tres días, mediante la cual  el secretario, que manifestó estar en la ciudad de Bogotá, se excusaba por no presentarse en el debate. El gerente del Consorcio, por su parte, alegó que estaba cumpliendo compromisos fuera de Cúcuta. 

“Es triste y lamentable lo que está sucediendo en esta ciudad con un secretario que presenta una supuesta excusa médica porque se encuentra en Bogotá y se fue a la clínica Reina Sofía a que le den una incapacidad de tres días. Un secretario que se burla de la ciudad y siempre hace lo que le da la gana”, expresó Contreras.

El Concejal Jesús Sepúlveda, también pidió derecho de palabra en la sesión para recordar la importancia que tenía el debate que tuvo que ser aplazado y era conocer el destino que ha tendido cerca del 80% de recaudo que ha tenido el Consorcio de Tránsito de Cúcuta por ingresos generados por pagos de multas, dado que el municipio solo recibe un 20%.

“Nosotros necesitamos saber es ¿qué hace la concesión con la plata que le quita a los cucuteños por esas infracciones? ¿A dónde se va ese dinero y en qué se lo están gastando? Hoy era una buena oportunidad para saberlo y saber ¿quién está embargando las cuentas? Es un privado, no es el Estado, es un privado en cuenta de una concesión y es una lástima que solo haya respondido BBVA y Davivienda que, finalmente, no tienen la culpa de eso”, dijo. 

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Por su parte, la primera vicepresidenta del  Concejo de Cúcuta, Carime Rodríguez, quien hizo la proposición para que se diera el debate del cobro coactivo que contó con los votos a favor y fue aprobado por mayoría, se preguntó acerca de las competencias del secretario de Tránsito para ejecutar esos embargos. 

“Yo quisiera saber cuál es el Decreto por el cual se le delegó esa competencia al secretario para el cobro coactivo de multas y comparendos porque hasta donde yo sé eso es tarea del secretario de Hacienda y del señor alcalde”, expresó. 

Rodríguez pidió que se envíe a la Procuraduría General de la Nación  un oficio para exponer el caso de las más de 5 mil cuentas que fueron embargadas por pago de obligaciones que tienen que ver con multas de tránsito en la ciudad, en las que según las denuncias se han violado el principio de inembargabilidad. 

Temas más importantes  

No todas las opiniones en la Corporación tuvieron la misma línea de debate y dejaron expuestas, una vez más, las divisiones políticas que se generan previo a las elecciones de octubre.

Oliverio Castellanos, concejal de Cúcuta, expuso su inconformidad con la agenda de control político a la Secretaría de Tránsito para debatir acerca del cobro coactivo de multas, por cuanto consideró que hay temas más neurálgicos de ciudad que ameritan ser tratados como prioridad en el segundo periodo de sesiones ordinarias.

“Yo no voté esta proposición y pedí que lo correcto era que se le solicitara al secretario un informe. Ya lo hemos traído tres y cuatro veces, se le han hecho mociones de censura. Ya él vino y explicó que no tiene recursos para darle un avance a la Secretaría. Nos estamos desviando del control político y estamos convirtiendo esto en una acción política”, dijo.  

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La misma opinión adversa la tuvo el concejal Nelson Ovalles, quien acusó a la Concejala Carime Rodríguez de utilizar la plenaria para hacer proselitismo político con su intervención, al mencionar qué actores políticos estuvieron detrás de la concesión que hizo el municipio a 20 años de los servicios de Tránsito. 

“Usted quiso llevar este debate de control político a un debate electoral. Todos tenemos derecho a hacer campaña y usted lo hace en pleno calendario electoral desde el atril del Concejo para tomar partido porque hay que aclarar que el secretario de Tránsito  hace rato le ganó el pulso al Concejo y eso es una realidad”, indicó. 

Vehículos en parqueaderos 

En el marco de las intervenciones, el concejal Jair Díaz, manifestó que tampoco votó a favor de la proposición  para ese debate porque estaba visto que los secretarios “le toman el pelo a los concejales”.

Sin embargo, expresó que estaba trabajando de la mano de los jurídicos de la Secretaría de Tránsito en un proyecto de acuerdo que será presentado en las próximas semanas al Concejo y tiene que ver con la posibilidad de generar descuentos a los propietarios de vehículos abandonados en los parqueaderos. 

En ese mismo sentido, el concejal Carlos Alicastro, expresó su preocupación por el tema de una “cartera ficticia” de más de $200 mil millones que, dijo, existe en la Secretaría de Tránsito, donde en tres años y medio no se ha realizado ninguna prescripción de oficio por imposibilidad de cobro, invocando la ley 769 del 2002.

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“Encontramos comparendos desde el año 98, pero vemos que este secretario de Tránsito que hoy no se presenta no ha radicado el primer procedimiento de prescripción de oficio de un comparendo que se no se pueda cobrar y quién es el más interesado que eso no se haga”, se preguntó. 

Alicastro también pidió a la Junta Directiva revisar la autenticidad de la incapacidad que presentó Mayid Gene, por cuanto no estaba trascrita por la EPS lo que la invalidaba para los fines de su remisión. “No cumple con lo establecido con la ley”, agregó. 

Entre las conclusiones que surgieron de la sesión de ayer, tomaron en cuenta una proposición del concejal Víctor Caicedo de presentar un resumen con todas las denuncias que hay en torno a los procedimientos de cobro coactivo que realiza la Secretaría de Tránsito Municipal y el Consorcio de Tránsito y Movilidad para  invocar una función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se haga un seguimiento para la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública.

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