La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia confirmó que radicará un incidente de desacato contra el presidente, Gustavo Petro, tras concluir que el mensaje publicado por el mandatario no cumplió con los términos fijados por el juez ni reparó el daño causado a su buen nombre por los señalamientos sobre las ejecuciones extrajudiciales.

El origen de la disputa legal se remonta al fallo emitido por el Juzgado 46 Administrativo Oral de Bogotá que protegió los derechos fundamentales de la congresista y ordenó al jefe de Estado rectificar una publicación del pasado 29 de septiembre. En aquella ocasión el presidente Petro afirmó que Valencia había sido “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”.

Aunque el mandatario divulgó un nuevo texto en la red social X con la intención de acatar la sentencia, la legisladora consideró que el contenido revictimizó su honra y desobedeció los parámetros claros que impuso la justicia para el restablecimiento de su reputación.

El mandatario publicó un extenso mensaje en el que aseguró actuar en cumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025. En su escrito Petro rectificó y aclaró la afirmación original basándose en una distinción entre la responsabilidad penal y la política. El Presidente explicó que es necesario diferenciar la complicidad directa en un delito de la responsabilidad política que recae sobre quienes apoyaron al gobierno bajo el cual se cometieron los crímenes.

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Gustavo Petro insistió en su postura crítica frente a los modelos de seguridad implementados en el pasado y señaló que su desacuerdo es profundo frente a las narrativas que minimizan los crímenes de lesa humanidad. El jefe de Estado escribió que la senadora Paloma Valencia "era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias". Con este argumento el mandatario intentó justificar su crítica inicial al alegar que se refería al silencio político y no a una actuación material en los homicidios.

El texto presidencial subrayó que la muerte de los jóvenes a manos de funcionarios públicos armados constituye un crimen contra la humanidad que se investiga en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Petro concluyó que su deber como hombre de la República es garantizar que nunca se repita una tragedia similar y recalcó que la lucha contra la insurgencia debe respetar siempre los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Las inconsistencias señaladas por la senadora

La respuesta de Paloma Valencia fue inmediata y contundente al calificar la rectificación como un nuevo agravio. La congresista del Centro Democrático desmintió categóricamente la afirmación del Presidente sobre su presencia en el legislativo durante la época de los falsos positivos.

Valencia explicó que su primer periodo en el Congreso inició en el año 2014 y finalizó en 2018 por lo que resultaba físicamente imposible que ella ejerciera control político o guardara silencio desde una curul durante los años en que ocurrieron la mayoría de estas ejecuciones extrajudiciales bajo el mandato de Álvaro Uribe.

Valencia tildó al mandatario de “mentiroso” y “abusivo” al considerar que reincidió en el delito de calumnia en lugar de corregirlo. La precandidata argumentó que tener una posición política diferente no convierte a una persona en cómplice de un crimen de lesa humanidad. Según la senadora el mensaje del Presidente no contuvo las excusas públicas exigidas por el juez y por el contrario mantuvo las insinuaciones que motivaron la tutela inicial.

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Otro punto clave en el reclamo de la legisladora se centró en los canales de difusión. La orden judicial estipulaba que la rectificación debía publicarse no solo en la cuenta personal del mandatario sino también en las cuentas oficiales de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Valencia denunció que este requisito no se cumplió lo cual refuerza su decisión de acudir nuevamente a los estrados judiciales.

Ante este panorama la senadora anunció que el próximo lunes solicitará formalmente la apertura de un incidente de desacato. Este mecanismo jurídico busca que el juez que emitió la orden original verifique el incumplimiento y aplique las sanciones correspondientes que pueden incluir multas o incluso días de arresto para quien desobedezca el mandato judicial. Valencia manifestó que su objetivo es demostrar que el Presidente sigue creyendo que puede decir mentiras y calumnias y seguir impune y reiteró que llegará hasta las últimas consecuencias legales para limpiar su nombre.

El incidente de desacato obligará al despacho judicial a evaluar si el texto redactado por Gustavo Petro satisfizo los requisitos de claridad y reparación ordenados o si por el contrario constituyó una maniobra evasiva que perpetuó la vulneración de los derechos de la senadora.

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