Con el propósito de prevenir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del reclutamiento forzado por parte de los grupos armados al margen de la ley, y de las estructuras del crimen organizado que operan en la región, la Policía de Norte de Santander presentó el viernes la estrategia ‘Ángel de la Guarda’, que funcionará en los 40 municipios, con el apoyo del Ejército Nacional.

El lanzamiento de la campaña se dio el marco del Día Internacional de las Manos Rojas, en contra de la vinculación de los menores de edad en la guerra, y contó con la presencia de representantes de las Fuerzas Militares, la Secretaría de Gobierno de Norte de Santander, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

El comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Carlos Martínez, sostuvo que el grupo ‘Ángel de la Guarda’ se dedicará a labores de prevención, difusión contra el reclutamiento forzado de menores y “tareas de judicialización de estos delincuentes de los grupos armados ilegales que le roban la inocencia a los niños, niñas y adolescentes”.

Panorama en el departamento

Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en Norte de Santander, en los últimos tres años se han presentado 24 casos documentados de reclutamiento de menores. Las víctimas fueron 14 niños y 10 niñas, cuyos eventos se presentaron principalmente en municipios del Catatumbo.

Las cifras reveladas por la Consejería están basadas en un reporte del programa especializado para la atención de menores desvinculados de los grupos armados, del ICBF, el cual detalla que en 2018 se presentaron 15 casos en el departamento; en 2019 hubo un significado descenso a 3 eventos, pero en 2020 la cifra volvió a subir a 6 casos.

Si embargo, en entrevista concedida a La Opinión en noviembre de 2020, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, reconoció que las cifras sobre reclutamiento no demuestran la realidad, debido a que no todos los casos están documentados.

“Las fuentes de información que tenemos son dos: los niños que llegan al programa de Bienestar Familiar y los que rescata el Ejército o la Policía. También está la fuente de denuncia en la Fiscalía, que es la que debería reflejar la situación, pero la gente no denuncia por miedo, porque si se han llevado a los menores a la fuerza o los han engañado les da mucho miedo la situación. Entonces, esto no permite consolidar unas cifras reales que puedan demostrar el problema”, aseguró.

La semana anterior, el Ejército recuperó a cinco menores de edad que habrían sido reclutados por la disidencia del frente 33 de las Farc en el municipio de El Carmen. En la operación, un adulto fue sometido a la justicia.

Carmen García, representante de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, advirtió que los casos de reclutamiento en Norte de Santander se siguen presentando de manera importante y expresó su preocupación por los reportes que hay en los municipios de Hacarí, San Calixto, El Tarra, Tibú, El Carmen, y Cúcuta.

“Les ofrecen ropa, motos, zapatos, celulares, esa es la estrategia de ellos. Les plantean una mejor vida y los jóvenes, al no ver otro trabajo y la necesidad en sus casas, pues ingresan a estos grupos de narcotráfico, guerrilla y paramilitares”, afirmó la lideresa social.

Según la consejera para los Derechos Humanos, a finales de 2020, 23 municipios de Norte de Santander, principalmente del Catatumbo, registraban algún nivel de riesgo de reclutamiento.

La situación a nivel nacional

Desde 1999 hasta 2020, el ICBF registró el ingreso de 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas de este crimen. 3.878 de estos menores fueron reclutados por las Farc (56%).

Según el Bienestar Familiar, en los últimos 3 años ingresaron al programa especializado para la atención de menores de edad 520 niños, niñas y adolescentes (196 en 2018, 180 en 2019 y 144 en 2020).

Los principales reclutadores son: el Eln, con el 38% (196 casos), y los Grupos Armados Organizados Residuales, con el 34% (177 casos). A ellos se suman los menores de edad desvinculados que habían sido reclutados por las Farc antes de 2018. El 20% de los casos es atribuido a grupos delincuenciales organizados.

La Defensoría del Pueblo reveló que, desde 2017, en 157 alertas tempranas se ha identificado riesgo de reclutamiento, uso y utilización de menores. Solo en el 2020 se emitieron 45 alertas que advirtieron esta situación en 238 municipios en departamentos como Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño.

“Durante la pandemia se han presentado circunstancias que aumentan el riesgo de reclutamiento, como el cierre de colegios, la deserción escolar y el empobrecimiento de las familias”, aseveró Carlos Camargo Assis, Defensor Nacional del Pueblo.