La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada del Decreto Legislativo 175 de 2025 que fijó unos impuestos extraordinarios sobre los juegos de suerte y azar, al igual que el carbón, para hacerle frente a las medidas adoptadas en el marco de la Conmoción Interior en el Catatumbo.

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El Ministerio Público advirtió que estos recursos solo podrán usarse para responder a las medidas excepcionales decretadas por el Gobierno en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.

El concepto de la Procuraduría señala que las medidas contenidas en el decreto no vulneran el principio de no discriminación, ya que no establecen trato diferenciado por razones de raza, lengua, religión, origen, opinión política o filosófica.

Asimismo, considera que respeta la prohibición constitucional de que civiles sean juzgados por tribunales militares, al no otorgar competencias penales a la justicia castrense para conocer casos que involucren a la población civil.

La Procuraduría señaló que el uso de los recursos provenientes de los nuevos impuestos deberá supeditarse a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación relacionados con el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la atención humanitaria y la protección de los derechos fundamentales en las zonas afectadas por el conflicto interno.

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Según el concepto enviado a la Corte, el Decreto 175 supera los requisitos formales y sustanciales exigidos por la Constitución, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia del alto tribunal. Sin embargo, el ente de control hace énfasis en que su exequibilidad depende de que los recursos se orienten exclusivamente a propósitos específicos relacionados con la crisis.

En es sentido, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, pidió al alto tribunal declarar la exequibilidad condicionada del decreto “por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de Conmoción Interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.

El estado de excepción fue decretado por el presidente de la República, Gustavo Petro, el 24 de enero pasado, luego de que estallara un enfrentamiento entre la guerrilla del Eln y la disidencia del frente 33 de las Farc, desatando una grave crisis humanitaria en Norte de Santander.

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Bajo el amparo de esta medida, el Gobierno nacional expidió al menos 16 decretos para atender, desde los diferentes ministerios, a las comunidades y ayudar a conjurar la difícil situación a la que quedaron expuestos los habitantes de los municipios que hacen parte de esta subregión.

Uno de ellos fue el 175, mediante el cual se ordenó establecer un impuesto sobre las Ventas (IVA) en los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet en el territorio nacional o desde el exterior.

De igual forma, un impuesto temporal sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, al momento de la primera venta o la exportación.

Para justificar esta decisión, el Gobierno argumentó que estas medidas tributarias “resultan idóneas para recaudar los recursos necesarios con el fin de implementar el plan de acción del Gobierno nacional para conjurar la situación de orden público en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar y resultan proporcionales a la gravedad de la situación y la necesidad de recursos para atenderla”.

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Aunque la vigencia de la Conmoción Interior terminó el pasado 24 de abril, al cumplirse los primeros 90 días que establece la norma y el jefe de Estado decidió no prorrogarla, sí extendió por 90 días varios decretos legislativos, como el tributario que está en estudio en la Corte Constitucional.

Esta semana, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, anunció un paquete de inversiones en el marco del llamado Pacto Catatumbo que se financiará con recursos de los decretos expedidos en la Conmoción Interior.

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