Por presuntamente aprovecharse de su cargo para participar en política e incurrir en conductas “agraviosas” en contra de los ciudadanos que se han manifestado a favor del movimiento revocatorio, el pasado martes 25 de enero se instauró una queja en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ante la Procuraduría General de la Nación.
La acción, emprendida por un abogado identificado como Juan David Giraldo Mora, buscaría que ese ente de control le ponga la lupa a la estrategia que la administración municipal ha desplegado para hacerle frente a esa iniciativa ciudadana, lo que ha desatado desde diciembre pasado una encendida confrontación política, que ya ha escalado incluso a las vías judiciales.
Según planteó el litigante, dentro de las presuntas faltas disciplinarias en las que estaría incurriendo el mandatario local estaría la de participar en política y aprovecharse de su cargo público para presuntamente cometer hostigamientos, seguimientos y ataques políticos a los integrantes del comité revocador.
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“(...) me permito interponer queja disciplinaria (...) según procede en razón de los fundamentos fácticos y jurídicos que expongo a continuación y con los cuales expongo el abuso y desafueros cometidos de manera pública por el funcionario denunciado, su participación en política a pesar de las advertencias públicas escritas y formales de la Procuraduría General de la Nación, faltas que la legislación establece como personalísimas, algunas levísimas y gravísimas”, se lee en la acción.
Dentro de los 16 hechos enlistados en la queja, Giraldo asegura que el alcalde habría incurrido en conductas como violar la intimidad, las comunicaciones y el derecho a la reunión de los integrantes del comité revocatorio, así como incurrir en falsedades para descalificarlos.
Así mismo, la acción señala a Quintero de presuntamente aprovecharse de su condición de alcalde para desacreditar e intimidar judicialmente al movimiento.
“El alcalde utilizó su puesto en clara violación de los conceptos sobre participación indebida en política, sobrepasando los límites de sus funciones junto a algunos de sus secretarios de gabinete municipal”, agrega la queja, que alude a delitos como perturbación de certamen democrático, constreñimiento al sufragante e intervención en política, como los presuntamente cometidos por el mandatario.
Esta queja disciplinaria se produce en un panorama en el que, tanto la alcaldía como los integrantes del proceso revocatorio, han llevado a los organismos de control y los estrados judiciales señalamientos sobre presuntas irregularidades de parte y parte.
Mientras esta semana el alcalde publicó a través de sus redes sociales una serie de audios, que arrojan dudas sobre las cuentas y la forma en cómo el comité revocatorio recolectó las firmas, los líderes de esa organización aseguran ser víctimas de seguimientos e instauraron acciones legales contra el alcalde por injuria y calumnia.
En el radar también entra un llamado de atención emitido por la misma Procuraduría el pasado 14 de enero, en el que el procurador provincial, Juan Manuel Aristizábal, le recordó al mandatario que en su condición de funcionario no podría participar de manera directa en la campaña.
“Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley (...). Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”, enlistó el procurador en su memorando, recordando las “faltas gravísimas” contempladas en la ley.
Desde la orilla de la alcaldía, dicho llamado de atención fue cuestionado y calificado como “inaudito”.
“Acabo de ser informado por la Procuraduría General de la Nación que no puedo pronunciarme ni hacer campaña en contra de la Revocatoria. ¿Qué pretenden?”, planteó Quintero, considerando injusto que se le restringiera participar de forma directa en la campaña.
Luego de la formulación de esa queja, que además menciona a otros diez integrantes del gabinete municipal, será entonces la Procuraduría la que tendrá la última palabra.
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