Hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto en Colombia, una fecha a la que el Estado sigue llegando todavía con muchas deudas, pese a que ya se van a cumplir 10 años desde que entró en vigencia la Ley 1448, que busca resarcir a millones de afectados por el espiral de violencia.

La expectativa en este momento está puesta en la prórroga de 10 años que fue aprobada por el Congreso y que se espera, sirva, para cumplirles a todos aquellos que siguen esperando ser reparados, en algo, por el daño causado.

A propósito de esta conmemoración, La Opinión dialogó con la directora de la Unidad de Víctimas y de Restitución de Tierras en Norte de Santander, Johanna Gélvez Ascanio, para conocer detalles del avance en los diferentes procesos que se adelantan en la región.

Gélvez, una víctima de la violencia que ahora trabaja por ayudar a otros que como ella han sufrido la crudeza de la guerra, destacó que uno de los principales retos en la territorial que tiene a su cargo, es lograr un aumento en la cobertura, con el fin de seguir llegando a más víctimas y no solo poderles responder a aquellos que han sido priorizados, sino a todos los que han acudido a la entidad en busca de apoyo. Esto fue lo que nos contó.

¿Cómo avanza la reparación de víctimas en Norte de Santander?

En 2020 y el primer trimestre de 2021 más de 3.241 víctimas recibieron indemnización en Norte de Santander. Tenemos una bolsa finita, no es infinita por lo que es nacional, es un recurso que da el Gobierno a la Unidad de Víctimas para reparar individualmente y colectivamente a las personas víctimas del conflicto armado. Nosotros tenemos dos rutas para las víctimas que están en procesos de indemnización: la primera es la prioritaria, que busca indemnizar a población de adulto mayor, personas en situación de discapacidad, en alto grado de vulnerabilidad, por lo que ya se priorizó a esta población. La otra ruta es la de víctimas en general, por lo que la meta a 2022 no solo es reparar a las víctimas priorizadas, sino a todas las que han acudido a nosotros.

¿Se tienen asegurados los recursos para garantizar el proceso de reparación e indemnización ahora que la Ley de Víctimas fue prorrogada?

Con la ampliación de la Ley se está haciendo la gestión, a través de un Conpes que se está trabajando con el DNP, para que se aumente la cobertura en el departamento. Son recursos importantes los que se requieren en los próximos años. Por ahora se envió el plan operativo, la propuesta para los siguientes dos años y estamos pendientes de la verificación y estudio. Hoy (ayer) precisamente estaba Planeación Nacional informándonos todos los indicadores que se requieren tanto en reparación individual, como en la colectiva.

¿Cuántos y cuáles son los municipios con más víctimas a la espera de reparación?

Tenemos identificados a los municipios del Catatumbo, que son los más afectados por el conflicto armado, pero Cúcuta es la mayor receptora de toda la problemática de la zona y de los pueblos de Occidente, entonces, en Cúcuta se tiene la mayoría de población y, por ende, la mayoría de indemnizaciones entregadas.

¿Cuántas indemnizaciones se han entregado en la capital del departamento?

En 2020 se indemnizaron a 1.167 personas en la capital del departamento, con una inversión total de $11.845’870.241, y en esta vigencia de 2021 tenemos 121 personas con una inversión total de $1.580’799.626. Víctimas a las que se les notificó que se les entregará la carta de indemnización al final de este mes.

¿Qué otros municipios concentran un alto flujo de víctimas?

Tenemos a Ocaña, que es prácticamente la capital de la región del Catatumbo; allí la recepción de las personas va en aumento. En 2020 se priorizaron 535 víctimas por un valor de $4.549’.373.632, y para el 2021 van 69 personas que se priorizaron en marzo, por un valor de $851’018.666.

¿Cuáles siguen siendo los principales obstáculos para el trabajo de la Unidad de Víctimas en el departamento?

En estos momentos, la COVID-19 nos ha afectado muchísimo para poder tener contacto con las víctimas. En 2020, por ejemplo, se cerraron los municipios y los funcionarios y las víctimas no se podían desplazar. Tuvimos problemas para contactarlos por la falta de señal de teléfono e internet en algunas zonas y en estos casos encontramos ayuda en el Ministerio Público para localizarlos.

 ¿Actualmente ya están atendiendo presencialmente a las víctimas?

Estamos a la espera de que la Alcaldía de Cúcuta defina los protocolos de bioseguridad para poder abrir y darles la atención presencial a nuestras víctimas de la capital de Norte de Santander. En Ocaña ya hemos avanzado más y se tiene prevista la apertura para el 5 de mayo, atención que también se restringió debido a la pandemia de la COVID-19.

¿Cómo es la relación con las administraciones municipales, para garantizar el acompañamiento a las víctimas?

En 2020, un total de 12 municipios, entre los que no está Cúcuta, y la misma Gobernación de Norte de Santander, entregaron la información a tiempo y, como decimos popularmente, demostraron que se están dando la pela por nuestras víctimas. Precisamente el 26 de abril vamos a estar con los señores alcaldes y con el gobernador, porque hicieron la tarea juiciosos por nuestras víctimas.