Avances en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el inicio de un piloto de sustitución de cultivos ilícitos y una estrategia contra el reclutamiento de menores en la zona rural de Cúcuta, son algunas de las metas que ha logrado materializar hasta el momento la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz de Cúcuta, a cargo de  la politóloga Elisa Katherine Montoya Obregón.

En diálogo con La Opinión, la funcionaria resaltó el trabajo que han hecho en este primer año para adelantar una política enmarcada en el cumplimiento de lo que se pactó en La Habana con las Farc, a pesar de que la administración no cuenta con recursos del  nivel nacional para atender a la población y las víctimas de la zona rural, al no ser un municipio PDET.

“Cúcuta ha hecho unos avances significativos en torno al cumplimiento del Acuerdo de Paz, sobre todo en el plan marco de implementación. Hemos avanzado en reincorporación, en temas de víctimas, de participación”, señaló la titular de esa dependencia.

La secretaria descartó que a futuro Cúcuta pueda hacer parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial  o cualquier otro de los que se diseñaron para las zonas afectadas por el conflicto, por ser ciudad capital.

“El Gobierno siempre ha sido claro en que Cúcuta no va a pertenecer a estos esquemas de acompañamiento especial como los PDET, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), las Zonas Futuro, las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), como categorías estatales que tienen ahora, a partir de los acuerdo de paz”, dijo.

Y si bien el municipio, pese a su difícil panorama de orden público, no cuenta con acceso a alguno de esos programas, la Alcaldía no ha tenido impedimento para adelantar diálogos con el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila,  o con la Consejería de Paz, en aras de poner en marcha sus propias iniciativas.

“Estamos unificando criterios. Tenemos claro, y a pesar de que ha sido una dificultad para nosotros no contar con el apoyo del Gobierno Nacional en materia de recursos, lo que sí pretendemos es una visibilización del trabajo a nivel nacional, que le pongan atención a la zona rural, a Cúcuta; que vean el esfuerzo que hacemos”, dijo Montoya.

Cultivos ilícitos, un ejemplo

Uno de esos avances que espera la Secretaría consolidar desde el nivel local, es la sustitución de cultivos ilícitos, teniendo en cuenta el incremento considerable de hectáreas sembradas  en la zona rural.

“Este año vamos a empezar el proceso de sustitución voluntaria de cultivos en la zona rural. Ya hay una vereda priorizada, que ha sido focalizada con un trabajo de diagnóstico e identificación”, explicó la funcionaria.

Sin embargo, Elisa Montoya reconoció que uno de los inconvenientes para llevar a cabo este proceso es la tenencia formal de la tierra, ante la falta de ordenamiento de la propiedad rural.

“Por ejemplo, en Palmarito, donde nos hubiera gustado hacer el proyecto, los campesinos tienen los cultivos de coca en Cerro Mono, entonces, Cerro Mono tiene unas áreas de protección de Corponor, otras del municipio,  y es muy difícil que en esas áreas de protección hagamos sustitución”, señaló.

Montoya adelantó que en la vereda priorizada identificaron que las familias han presentado los certificados de libertad y tradición, “con sana posesión de esos predios y con ellos vamos a empezar el proceso”.

“Con este proyecto vamos a poder avanzar en este propósito de pacificar la zona, porque los cultivos ilícitos siempre van a traer más guerra a los territorios y por eso estamos enfocados en cambiar esa realidad”, sostuvo.

La secretaria señaló que las comunidades de Banco de Arena y Palmarito siempre han liderado los diálogos de sustitución y que lo intentarán concretar nuevamente este año.

“Vamos a entrar con el proyecto de sustitución. Haremos  una inversión que no parece significativa, pero que va a ser relevante para toda la vereda, pues es un proyecto de $500 millones. Adicionalmente, contamos con el componente de seguridad alimentaria que nos va a proveer la cooperación internacional”, dijo, al resaltar que estas iniciativas podrían atraer más inversión extranjera.

En contra del reclutamiento

Así como los cultivos ilícitos en la zona rural de Cúcuta preocupan a la administración municipal, el tema del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por parte de los grupos al margen de la ley no se queda atrás, por lo que desde la Secretaría también adelantan iniciativas para llevar los casos a cero.

“La estrategia que tenemos se llama ‘1,2,3 por la paz’, y permite que a través de unos talleres lúdico-pedagógicos los niños, niñas y adolescentes sepan de sus derechos. Por otra parte, les presentamos unos escenarios para tomas de decisiones, como una simulación de situaciones que ellos viven día a día. En la parte final hablamos de un tema reflexivo para la identificación de riesgo”, explico Montoya Obregón.

La secretaria dijo que la iniciativa se ha venido implementando desde septiembre de 2020, visitando todos los corregimientos y que este año llega con un enfoque más profundo, para aplicar en Banco de Arena y Palmarito.

Gracias a la estrategia, el gobierno local ha logrado identificar que algunos niños no tienen acceso a la educación, a la salud y la seguridad alimenticia de la familia, por lo que están enfocados en brindar alternativas para no bajar la guardia en ese sentido.

En un informe presentado hace 15 días a la Alta Consejería de Paz, la Secretaría identificó que el año pasado se presentaron seis casos de reclutamiento en Cúcuta, por lo que se procedió a ayudar al retorno de las víctimas, entre las cuales había dos niños.