La Sala Plena estudiará una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que propone declarar inconstitucional toda la norma por irregularidades en su trámite legislativo.
La demanda, que alega vicios de procedimiento, argumenta que el proyecto se aprobó sin surtir el cuarto debate obligatorio y que la Cámara de Representantes acogió en bloque el texto aprobado por el Senado. Estos hechos, sumados a nuevas pruebas solicitadas por el magistrado Ibáñez, llevaron a que mantuviera su posición negativa frente a la ley.
El presidente de la Corte radicó la ponencia tras requerir documentos a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
Las pruebas se relacionan con el proceso penal contra los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, hoy en prisión preventiva por presuntamente recibir sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El expediente indica que los pagos ilegales habrían buscado facilitar la aprobación de las reformas sociales del Gobierno, incluida la Ley de Protección Social Integral para la Vejez.
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Esta será la segunda vez que el alto tribunal discuta la constitucionalidad de la reforma. En la primera oportunidad, la ponencia también fue desfavorable, pero se invalidó por una falla administrativa: la Secretaría de la Corte no suspendió el proceso mientras se resolvía el impedimento presentado por la magistrada Diana Fajardo, quien argumentó que podría verse beneficiada con el nuevo sistema.
Esa omisión dejó sin validez la intervención de la entonces procuradora Margarita Cabello, quien apoyaba declarar la ley inconstitucional. Su sucesor, Gregorio Eljach, tuvo que emitir un nuevo concepto, con una posición contraria: solicitó al tribunal declarar la constitucionalidad de la reforma.
Aunque la ponencia figura en el orden del día del 22 de mayo, es el décimo punto de la sesión, por lo que fuentes del alto tribunal indicaron que su estudio formal iniciará el 29.
La Sala Plena contará con un nuevo magistrado o magistrada que ocupará la vacante dejada por Cristina Pardo. El elegido, a partir de la terna presentada por el presidente, Gustavo Petro, podrá participar con voto en este proceso. El nombre con mayor opción es el abogado Héctor Carvajal, cercano al jefe de Estado.
La reforma pensional, sancionada en 2024, está prevista para entrar en vigencia plena el 1 de julio, a pesar de que su aplicación ya comenzó en algunos frentes.
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