El proyecto de la intersección vial de Cuatro Vientos, que surgió durante la administración de César Omar Rojas Ayala (2016-2019), como una alternativa para hacerle frente a los problemas de embotellamiento y congestión que se presentaban en este sector de la ciudad,  pero que por poco termina convertido en un elefante blanco, tiene en apuros al exalcalde y a su sucesor, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez (2020-2023).

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A los dos, la Fiscalía les imputó cargos, este viernes, por las presuntas irregularidades que rodearon la contratación y ejecución de estas obras, cuyo valor estaba fijado en más de $27.000 millones.

Según se conoció, en la audiencia, la Fiscalía argumentó que, en el caso de César Rojas, al parecer, delegó facultades al secretario general de su administración para contratar una obra pública con fundamento en unos decretos no vigentes.

Por eso, ante un juez también fue imputado Hugo Márquez Peñaranda, quien cumplía dicha función en el gobierno de Rojas.

“Márquez Peñaranda, presuntamente, no adquirió los predios necesarios para la ejecución de la obra, labor que le correspondía como cabeza de la entidad contratante. Esto generó múltiples suspensiones del contrato”, indicó la Fiscalía.

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Como consecuencia de esa actuación, el contrato, que inicialmente estaba programado para desarrollarse en un término de 14 meses, terminó extendiéndose a 36 meses.

Ante estos hechos, el ente investigador les imputó a Rojas y Márquez el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Entre tanto, al exalcalde Jairo Yáñez se le reprocha el haber declarado la urgencia manifiesta para terminar la obra, a la cual le restaba un 3% de ejecución.

Gracias a esa figura, se adjudicó de manera directa el segundo contrato de obra, por un valor de $900 millones, pese a que la Contraloría del Municipio había expedido un concepto desfavorable de la misma.

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“Según la investigación, el procesado habría declarado urgencia manifiesta para culminar el proyecto, a pesar que el contrato original presentaba un avance del 97.44% y faltaba solo un día para terminar el plazo contractual. La Fiscalía estableció que no procedía esta emergencia, ya que no era un hecho de fuerza mayor, imprevisible o excepcional”, señaló el ente acusador.

Así las cosas, a Yáñez le imputaron el delito de prevaricato por acción.

En  la diligencia de ayer los procesados no aceptaron los cargos y no se ordenó ninguna medida de aseguramiento para ellos.

Lo que sigue es que, a partir de ahora, la Fiscalía tendrá 60 días para presentar el escrito de acusación contra los exalcaldes y el exsecretario general, y llevarlos así a juicio.

Por el momento, ni Rojas ni Yáñez se han referido a la imputación de cargos en su contra.

Un proyecto accidentado

El de Cuatro Vientos fue un proyecto que se anunció con bombos y platillos en enero de 2019 y que incluía  una calzada paralela entre la avenida Diagonal Santander y la calle 20 del barrio San Luis, además de una serie de cruces viales debajo de la nueva estructura.

La empresa encargada de sacar adelante las obras era la Unión Temporal Construnorte, que se propuso como meta terminarlas  en diciembre de ese mismo año.

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Sin embargo, esa apuesta estaba lejos de ser una realidad y poco tiempo después empezaron a aparecer los problemas que hoy tienen en líos a los dos exalcaldes.

En abril del 2019 se conoció que aunque los trabajos ya habían arrancado, la Alcaldía de Cúcuta apenas estaba en la gestión predial de cuatro terrenos que se necesitaban para la ejecución del proyecto.

De ahí que la Fiscalía les reprocha a César Rojas y Hugo Márquez una presunta violación al principio de planeación, por cuanto esto se debió haber hecho anticipadamente.

En 2020, tras la llegada de Jairo Yáñez a la administración, la obra continuó su curso, pero en marzo, por cuenta de la pandemia de la Covid-19, quedó paralizada unos meses.

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En septiembre y octubre de ese mismo año sufrió otro retraso, porque unos predios no habían sido comprados en su totalidad. Posteriormente, el contratista pidió una prórroga y una inyección de $2.072 millones más para terminarla.

Pero los problemas no pararon ahí y mientras la inconformidad crecía, por la parálisis de la obra, faltando apenas un pequeño porcentaje para su terminación, Yáñez decidió decretar la urgencia manifiesta, gracias a la cual se puso fin al contrato que venía ejecutando la Unión Temporal y adjudicaron uno nuevo de manera directa para concluir el 3% restante de los trabajos.

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