Juliana Guerrero habló nuevamente tras el escándalo que rodea sus títulos profesionales y su frustrada designación como viceministra de Juventud. En entrevista con la revista Cambio, Guerrero se defendió de las acusaciones y cuestionó duramente a la Fundación de Educación Superior San José, institución que anuló sus títulos universitarios alegando inconsistencias académicas.
La joven aseguró que se siente vulnerada por la forma en que la Fundación San José hizo pública la decisión de anular sus títulos. “No entiendo por qué la universidad decidió hacerlo público, pues considero que es un tema entre una institución y una estudiante”, declaró a Cambio.
Según Guerrero, al divulgar el caso se cometió una falta de respeto a su intimidad. “Considero que al divulgarlo violaron mi privacidad”, enfatizó. Además, negó las afirmaciones de la institución, que había señalado que no existía registro de sus clases, evaluaciones o actividades académicas en la plataforma virtual.
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“Yo estudié, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también”, afirmó con contundencia.
Guerrero sostiene que la decisión de la Fundación San José no obedece a razones académicas, sino a presiones externas. “Para mí, se trata de una decisión política, no académica”, dijo, agregando que siente que ha sido utilizada como blanco en un debate público que no debería involucrar su vida estudiantil.
A pesar de la controversia, aclaró que su prioridad no es volver al Gobierno ni recuperar la posibilidad de ser viceministra. “Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica”, puntualizó.
El Ministerio de Educación abre investigación
El Ministerio de Educación confirmó que adelanta una investigación preliminar contra la Fundación de Educación Superior San José por presuntas irregularidades en la entrega de títulos profesionales. Según la cartera, se habrían otorgado diplomas a egresados que no presentaron las pruebas Saber Pro o Saber TyT, requisito indispensable para graduarse en Colombia.
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“Estas irregularidades vulneran las normas que regulan la educación superior, entre ellas la Ley 1324 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1740 de 2014”, explicó el Ministerio, que incluyó en la investigación a directivos, representantes legales y revisores fiscales de la institución.
Guerrero advirtió que no descarta acudir a la justicia. “No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué”, dijo a Cambio.
El caso se hizo público tras una denuncia de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien cuestionó la contratación de Guerrero y la validez de sus títulos. Ahora, ambas se verán las caras este viernes 14 de noviembre en una audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que Guerrero demandara a la congresista por supuesta calumnia y delitos informáticos.
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