A la espera de que se defina la suerte de la Consulta Popular promovida por el Gobierno, en el Senado de la República, la Registraduría Nacional entregó ya una cifra del costo que tendría llevar a las urnas este mecanismo de participación.
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Durante la sesión de la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral en el Congreso de la República, sobre los procesos electorales que tendrán lugar este año y el próximo, el registrador Hernán Penagos aseguró que entre $700.000 y $750.000 millones costaría su organización.
El funcionario precisó que este es el valor estimado para cumplir con la logística que implicaría este mecanismo y que es muy similar a la que se necesita para llevar a cabo las consultas interpartidistas previstas para el mes de octubre.
“Es una consulta en la que hay que llamar a los 40 millones de personas, voten 3 o voten 4 millones, o uno o 500.000, pero se debe preparar la logística para los 40 millones y medio de ciudadanos”, señaló.
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El registrador aseguró que da “pesar” que se gaste tanto dinero en la consulta y vuelva a suceder “como ha ocurrido en el pasado, que voten 400.000 o 500.000 personas”, pero enfatizó en que la entidad no puede prever esa situación.
Agregó que por estos altos costos es que utilizan la economía de escala, que significa “mirar qué aprovechamos de las elecciones anteriores, bajamos el número de mesas y destinamos más votantes por mesa para ahorrar por mesas, pues cada una cuesta”.
Hernán Penagos también se refirió a la seguridad para los comicios que se avecinan y anunció su propuesta para la integración de un organismo interinstitucional que luche contra los delitos electorales.
“Hablé con Luz Adriana Camargo, la fiscal general, para activar la Comisión de Política Criminal Electoral y la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales para poder actuar rápido y con el suficiente tiempo para temas como, por ejemplo, la trashumancia o popularmente conocido como el trasteo de votos”, afirmó.
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Así mismo, informó que ya se está trabajando con el Ejército y la Policía, para identificar de manera temprana los municipios que tienen circunstancias de seguridad importantes y de esta forma garantizar que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto.
“Si se hace presencia institucional y una tarea con tiempo, tendremos unas elecciones íntegras y transparentes", aseguró el registrador nacional.
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