Mañana comenzará la discusión, en tercer debate, de la reforma política impulsada por el Gobierno Nacional y esta promete ser mucho más intensa que en el Senado, por cuenta de varias propuestas que fueron revividas para el trámite en la Cámara, o que habían pasado inadvertidas hasta ahora.
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Una de ella es la obligatoriedad del voto en los diferentes procesos electorales que se desarrollan en el país, idea que ya había sido rechazada en el Senado y que el propio Gobierno no acompañaba.
La propuesta pretende que durante dos periodos consecutivos los colombianos tengan que acudir a las urnas no de manera voluntaria sino obligatoria, como una forma de fortalecer la cultura democrática y electoral. Con ese fin, el Estado debe garantizar la gratuidad en el servicio público de transporte para la movilización de los votantes.
Aunque en la Comisión Primera de la Cámara intentarán revivirla, esta llega sin mucho ambiente, toda vez que en las dos discusiones anteriores se insistió en los riesgos que representa su implementación.
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El ministro del Interior, Alfonso Prada, había explicado ya que el Gobierno es partidario de crecer más la participación, pero no obligando a la ciudadanía a votar, sino mejorando la calidad de los partidos, democratizándolos, vinculando a la mujer y a los jóvenes en los procesos políticos.
Procuraduría, sin poder de sanción
El otro artículo que, sin duda, agitará el debate, es el que sugiere que la Procuraduría no tenga las facultades para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, tal y como ocurrió en 2015 cuando el hoy presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá.
“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, es la modificación que se propone.
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Al respecto, el representante a la Cámara Heráclito Landínez, uno de los ponentes de la reforma, aseguró que esta propuesta no es ningún ‘mico’, como se ha cuestionado en los últimos días.
“La propuesta de proteger los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente ya estaba incluida en el proyecto cuando se radicó. Los invito a que hagamos un debate serio, con argumentos.
