A unos cuantos días de las elecciones de Consejos de Juventud y las consultas internas de los partidos, y a pocos meses de que comience la campaña para las elecciones al Congreso y las Presidenciales, la Defensoría del Pueblo presentó las Alertas Tempranas para estos nuevos comicios.
Aunque el documento está orientado mucho más a que desde ya se tengan en cuenta los riesgos que allí se advierten y de esta manera se puedan generar las garantías por parte del Gobierno y la institucionalidad para mitigar las situaciones que puedan poner en apuros el desarrollo de las elecciones, queda en evidencia que la violencia será uno de los principales desafíos de los procesos democráticos que se avecinan.
Y es que, según la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con la intensidad de la confrontación que se vive en las diferentes regiones, en este momento existen 649 municipios de Colombia sobre los cuales es necesario hacer un llamado a la acción por parte del Estado, dado el nivel de amenaza que se cierne sobre ellos.
En ese listado figuran 62 poblaciones en las que las acciones que se requieren son inmediatas, teniendo en cuenta el grado de violencia que allí se vive o a la que están expuestos sus habitantes.
Aquí se ubica la región del Catatumbo, en donde desde enero de este año se libra una dura confrontación entre la guerrilla del Eln y la disidencia del frente 33 de las Farc que ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados.
“En la macrorregión Nororiente, las manifestaciones de gobernanza armada ilegal se ejercen de facto sobre las comunidades. Estas incluyen control territorial, la cooptación de liderazgos sociales y la instrumentalización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Dichas prácticas constituyen amenazas permanentes y cotidianas, expresadas en bloqueos a la movilidad, restricciones al ingreso de alimentos e insumos y limitaciones al acceso de personas, con el propósito de debilitar a grupos rivales”, dice la Alerta Temprana de la Defensoría.
Según explica la entidad, los municipios que se encuentran en este nivel corresponden a escenarios en los que el riesgo se ha materializado y requiere una respuesta robusta del Estado. “Supone el despliegue inmediato de acciones de seguridad y protección orientadas a contener los factores de amenaza materializados que afectan directamente el proceso electoral y a prevenir su persistencia”.
Otros 162 municipios tienen un llamado a la acción urgente, frente al riesgo probable de que la violencia se pueda intensificar de cara a los procesos electorales del próximo año, como es el caso de Cúcuta y su área metropolitana.
“En la frontera sur y el occidente de Norte de Santander, el Tren de Aragua despliega actividades como la extorsión, el control del microtráfico, la trata de personas y la explotación sexual. Estas economías se conectan con la ruta de caminantes entre Cúcuta y Bucaramanga, así como con operaciones de lavado de dinero en Chinácota, Cúcuta y Pamplona”, señala el informe.
De acuerdo con la Defensoría, en 425 municipios más del país hay un riesgo latente para los participantes de las próximas jornadas electorales, razón por la cual es necesario hacer un llamado a la acción prioritario.
Los actores en riesgo
En la Alerta Temprana conocida ayer, la Defensoría señala que los principales actores sobre quienes recae el riesgo identificado desde ya, son los precandidatos y candidatos, así como sus simpatizantes y miembros de los partidos políticos; defensores de derechos humanos y líderes sociales; al igual que los servidores públicos que ejercen cargos de elección popular y que estarán dedicados a funciones electorales.
Eso sí, la defensora Iris Marín Ortiz fue enfática en que ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de adelantar elecciones.
“Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó.
No obstante, en el informe presentado, la entidad sí reconoce que la existencia de factores de amenaza emanados de las dinámicas de los grupos armados ilegales en diferentes territorios del país tienen la potencialidad de afectar los procesos electorales que se desarrollarán en lo que resta del año y los de 2026.
Lo que ha llamado la atención, es que mientras la Alerta de la Defensoría habla de más de 600 municipios en riesgo, esta semana el Gobierno nacional, por medio de su ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que el riesgo pesa solo sobre 104 municipios.“Nuestra preocupación está, principalmente, en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca. Me refiero, específicamente, al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado Cauca; en Nariño; en Chocó, y en el sur del Valle del Cauca. Son 104 municipios en todo el país”, dijo el jefe de la cartera política.
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