Una denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra la Mesa Directiva del Concejo de Cúcuta por el presunto incumplimiento de una decisión judicial relacionada con la situación del concejal Oliverio Castellanos.
El abogado Tulio Adrián Ortiz, apoderado del concejal, explicó que la acción penal se originó por la presunta omisión de la corporación en permitir el ejercicio del cargo al concejal, pese a que ya existe una decisión judicial en firme sobre su caso.
De acuerdo con el jurista, la conducta denunciada podría configurar delitos relacionados con el presunto desconocimiento de una providencia judicial ejecutoriada, contemplados en los artículos 454 y 414 del Código Penal Colombiano.
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Los hechos
Según lo expuesto en la denuncia, el caso se remonta al proceso de pérdida de investidura fallado a favor de Castellanos.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la solicitud de pérdida de investidura contra Castellanos.
Posteriormente, el caso fue revisado en segunda instancia por el Consejo de Estado, que mediante sentencia del 30 de octubre de 2025 confirmó la decisión del tribunal y mantuvo la negativa de pérdida de investidura.
La sentencia quedó ejecutoriada el 19 de enero de 2026, según constancia de la Secretaría de la Sección Primera. Posteriormente, el 24 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo emitió un auto en el que dispuso “obedézcase y cúmplase”, dando cumplimiento formal al fallo del alto tribunal.
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No obstante, según el denunciante, la Mesa Directiva del Concejo de Cúcuta no habría procedido a convocar ni permitir la reincorporación del concejal a la corporación, situación que a su juicio, contravendría lo ordenado judicialmente.
También se indicó que el Concejo habría solicitado una aclaración ante el Consejo de Estado, actuación que, de acuerdo con el abogado, no suspende los efectos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada.
Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar los hechos denunciados y determinar si existe mérito para iniciar una investigación penal.
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