Esta mañana fue instalado formalmente el periodo ordinario de sesiones en el Concejo de Cúcuta, pero la sesión estuvo marcada por un hecho en particular.

El concejal Oliverio Castellanos, quien debía asumir nuevamente sus funciones este domingo, no pudo ocupar la silla que le corresponde y en su lugar permaneció afuera del recinto, acompañado de varios de sus simpatizantes, a manera de protesta, pues la mesa directiva no le notificó su reintegro.

Pese a que la semana pasada el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió un auto en el que ordena “obedecer y cumplir” lo resuelto en la sentencia del 30 de octubre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado dejó en firme la investidura del varias veces concejal de la ciudad, esta decisión no se acató.

“Con sorpresa, no fui notificado de mi reintegro. Me quedé esperando que la Secretaría del Concejo, el mismo presidente y la mesa directiva me citaran. Revisé los correos, a través de otros compañeros también estuve atento y efectivamente no fui citado a la instalación del periodo de sesiones”, reprochó Castellanos.

Aunque hasta el momento no hay una respuesta oficial por parte del presidente de la corporación, Edison Contreras, se conoció que este pidió una aclaración del auto proferido por el Tribunal y también habría solicitado unas constancias a la Registraduría Nacional, sobre la curul de Cambio Radical.

Durante el desarrollo de la sesión, algunos concejales le pidieron a la mesa directiva informar sobre la notificación por parte del Tribunal, pero, al parecer, hubo evasivas en las respuestas y el asunto no recibió mayor atención.

Esta situación fue rechazada por Oliverio Castellanos, quien anunció que este lunes interpondrá diferentes acciones ante la Procuraduría, la Fiscalía, además de que acudirá a una acción de tutela, por cuanto, en su criterio, se está desacatando un fallo de segunda instancia contra el cual ya no procedían más recursos y estaba debidamente ejecutoriado.

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“No sabemos por qué la corporación Concejo de Cúcuta no entiende el alcance y sentido del fallo, cuando es muy claro cuando dice “obedézcase y cúmplase” y ya todas las instancias se agotaron. Lo único que queda es obedecer esa orden judicial, pero, por el contrario, estamos viendo que se está desacatando la orden”, señaló Tulio Adrián Ortiz,  abogado de Castellanos.

El apoderado que estuvo al frente de todo el proceso dijo que, en vista de lo sucedido, el equipo jurídico del concejal va a interponer unas acciones legales, que consisten en una acción de tutela reclamando el debido proceso. Así mismo, elevarán una queja ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia ante la Fiscalía, por el presunto prevaricato por omisión en que estaría incurriendo la mesa directiva, al no llamar a su defendido a asumir nuevamente la curul.

El abogado dijo que no se entiende cómo la corporación municipal pretende pedir una aclaración, cuando este es un recurso que se puede demorar de tres a seis meses “y aquí se seguirían violando los derechos políticos al señor Oliverio Castellanos”.

Hace un año, al concejal de Cambio Radical le fue decretada la pérdida de investidura por el pago de unos honorarios a un concejal que no habría asistido a la sesión, pero tras un largo proceso en los estrados judiciales, la decisión fue dejada sin piso y el Consejo de estado finalmente ordenó, en octubre del 2025, el restablecimiento de los derechos del corporado.

No obstante, desde entonces, la sentencia que favoreció a Castellanos se ha venido dilatando, entre un recurso de aclaración interpuesto, la vacancia judicial de fin de año y la demora en la expedición del auto de obedézcase y cúmplase por parte del Tribunal.

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