Como parte del estudio que continúa haciendo la Asamblea de Norte de Santander al Plan de Desarrollo ‘Más Oportunidades para Todos’, la Comisión Cuarta decidió atender la solicitud de las organizaciones de campesinos cultivadores de coca en el Catatumbo, para que fueran  escuchados y así plantear sus propias propuestas de solución al problema de los cultivos ilícitos, a fin de que sean incorporadas en la hoja de ruta del gobernador Silvano Serrano.

Durante una sesión que se prolongó por más de seis horas, Ascamcat, la Coccam, los delegados del partido FARC en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), así como líderes comunales de la zona rural de Sardinata y Cúcuta se refirieron al panorama actual que se vive en la región por cuenta de las erradicaciones forzadas y los incumplimientos al acuerdo de paz.

En ese sentido, coincidieron en que lo que se ha pedido desde siempre en un plan serio de sustitución voluntaria y condiciones para poder hacer el tránsito a los cultivos legales.

“Nuestra inquietud es que se implemente de verdad el programa PNIS, para que las comunidades puedan cambiar su modo de vivir y tener una nueva vida, cambiando de lo ilegal a lo legal. Nosotros los campesinos le hemos dado cumplimiento a los compromisos, pero el Gobierno siempre nos ha dejado a medias y por eso la gente vuelve y busca la coca”, planteó Tarcisio Pallares, presidente de la junta de la vereda el Guamo San Miguel, en Sardinata.

Insistió en que los proyectos productivos son los que van a ayudar a las familias a salir adelante y que los campesinos están dispuestos a escuchar y concertar propuestas en busca de las mejores soluciones, pero nunca por la fuerza.

Darío Vallejo, coordinador del partido FARC en el componente PNIS Norte de Santander y líder del proceso de reincorporación, lamentó que el programa de sustitución en el departamento ha ido a paso muy lento, así como los PDET.

“A tres años y medio de la firma del acuerdo no se ha logrado cumplir integralmente, ni siquiera al núcleo veredal de Caño Indio. Tanto la Reforma Rural, como el PNIS y el PDET han contemplado la electrificación, las vías y las viviendas, derechos que no se le han garantizado a las comunidades”, señaló Vallejo, al tiempo que dijo que todos estos incumplimientos al campesinado son los que pueden generar resiembras, porque la coca era el sustento de las familias que se acogieron al programa de sustitución y que arrancaron la mata.

Algunas propuestas

 Desde la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, también reprocharon que se haya incumplido la sustitución voluntaria en el Catatumbo y que en su lugar se retomara la erradicación, con consecuencias fatales para el campesinado que ha mostrado voluntad de dejar los cultivos ilícitos.

Durante su participación en la audiencia de ayer, Holmer Pérez, líder de la Asociación aseguró frente a los diputados que el Catatumbo no es solo coca, sino que la región también es una gran despensa de productos que hoy se están perdiendo, porque no hay cómo sacarlos.

“El campesino y la campesina deben ser reconocidos como sujetos de derechos, pues por décadas hemos cargado el peso de la guerra”, dijo.

Desde Ascamcat presentaron una serie de propuestas puntuales que buscan ser incorporadas en el Plan de Desarrollo y entre las que se cuentan, la armonización del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y el Plan de Desarrollo del gobernador Serrano.

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También sugieren que se debería incluir en las metas e indicadores de algunas de las secretarías de despacho, aspectos esenciales de la implementación del acuerdo de paz.

Piden que se destinen los recursos necesarios para el anillo vial para la paz, así como para la construcción del puente vehicular sobre el río Catatumbo, a la altura del corregimiento Aserrío, en Teorama.

Crear una red de transporte medicalizado fluvial, terrestre y aéreo para la región, asegurar el financiamiento de los mecanismos de autoprotección comunitaria, reconocer y garantizar los espacios de participación comunitaria de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, garantizar la participación activa de las comunidades indígenas y campesinas sobre proyectos agroindustriales y minero-energéticos que generen afectaciones al ambiente y a las comunidades, fueron otras de las propuestas sugeridas en la sesión de ayer.

Buscarán consenso con la administración

El presidente de la Comisión del Plan, el diputado Pedro Leyva, destacó el ejercicio adelantado ayer con los representantes de las comunidades del Catatumbo y aseguró que se quiso abrir el espacio, porque son conscientes de la importancia que tiene  para Norte de Santander poder encontrar una salida pacífica a un problema de tantos años.

“Es complejo asumir esta situación. El componente económico se convierte en el reto más importante de solucionar. Sin embargo, sabemos de la financiación importante que tienen los municipios donde se concentra la problemática de los cultivos ilícitos, que son municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, y que permiten, si tenemos un dinamismo importante en la estructuración de proyectos, obtener importantes recursos para la materialización de cada una de esas propuestas que se han hecho”, dijo.

Leyva aseguró que ahora el propósito es llevar las inquietudes planteadas ayer a la administración departamental, con el fin de lograr un consenso y definir cuáles serán incluidas en el documento final del Plan de Desarrollo.

Dijo que el gobierno departamental ha dicho que dentro de su carta de navegación para los próximos cuatro años tiene una propuesta para garantizar la sustitución voluntaria y oportunidades para las comunidades que viven de los cultivos ilícitos.

Solicitud al Gobierno Nacional

Durante la sesión de ayer, la Comisión del Plan aprobó una proposición mediante la cual le elevan una solicitud al Gobierno Nacional, en la que le piden frenar la erradicación forzada en el departamento, puesto que esto está generando problemas para las comunidades campesinas. Así mismo, le insisten en que se debe aplazar el inicio de las aspersiones aéreas.