La retención de maestros, profesionales de la salud y representantes de organismos de cooperación internacional constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales del ser humano, y al mismo tiempo una situación que enciende las alarmas en la convulsionada zona del Catatumbo.
Los problemas sociales agobian a los habitantes, y los líderes califican esta región como un hervidero donde convergen múltiples grupos armados.
El plagio de la docente de la escuela La Esperanza, anexa al Instituto Técnico Agrícola de Convención, Yuleima Jimena Duarte Montejo, se suma al reciente secuestro y liberación de cuatro delegados de la ONU.
La Asociación de Institutores Nortesantandereanos, Asinort, rechazó tajantemente los actos violatorios contra la dignidad humana.
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“No es la primera vez que maestros y niños están expuestos al peligro y se requiere brindar protección para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo”, puntualizó el integrante de la Junta Central, Norman Torrado Picón.
El fenómeno está latente
La profesora de básica primaria se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue interceptada por hombres armados a dos cuadras de su residencia, obligándola a subirse a una motocicleta para emprender la huida hacia la zona montañosa.
“El temor de los docentes es generalizado en el Catatumbo debido a las extorsiones, intimidaciones y secuestros, lo que torna la situación bastante compleja para desarrollar labores académicas”, afirmó el gremio sindical, que solicita al Gobierno nacional mayor protección y garantías.
Profesión en peligro
Las comunidades afectadas censuran la actitud de los grupos al margen de la ley, pues denuncian que arrebatan la tranquilidad de todo un gremio.
“No hay garantías para los docentes como gestores de paz en los territorios, tampoco para el personal médico que lleva servicios humanitarios ni para los promotores de los derechos fundamentales”, precisó Norman Torrado.
Por su parte, el magisterio espera que las autoridades actúen de inmediato, mientras la ciudadanía levanta la voz para rechazar de manera contundente este acto que genera zozobra e incertidumbre.
Excluir a la población civil
El presidente de Asinort Central, Leonardo Sánchez, repudió el hecho y pidió respeto por los educadores que dedican toda una vida a enseñar a niños y jóvenes en los distintos rincones del Catatumbo.
También rechazó de manera enérgica y categórica el secuestro de la profesora, quien se dirigía a su lugar de trabajo desde su residencia.
“Los caminos hacia las instituciones educativas son territorios de paz. Exigimos la entrega inmediata, sana y salva. Asimismo, que nos aparten del conflicto desatado en la región del Catatumbo por los grupos al margen de la ley”, recalcó.
El asesor para asuntos jurídicos de la Federación Colombiana de Educadores, Hugo Cárdenas Vega, considera que los maestros están desprotegidos en medio de esta guerra sin sentido que se libra.
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“Se convirtió en una profesión peligrosa, donde se expone la vida para resarcir los valores y principios de una población”, agregó.
MEN exige liberación
A esas voces de rechazo se sumó el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien exigió la inmediata liberación de la docente para que pueda cumplir con la tarea encomendada de guiar a los estudiantes.
Además, Rojas pidió garantías de seguridad para los maestros. La entidad manifestó preocupación por la situación que afecta directamente al magisterio y a las comunidades educativas. En el comunicado emitido por la cartera, reiteró que la privación de la libertad de un educador compromete la labor formativa de niños y jóvenes en el país.
Aseguró que este hecho no solo afecta a la profesora, sino que también genera un impacto colectivo en la institución educativa y en los estudiantes que dependen de sus enseñanzas. Por lo mismo, solicitó a las autoridades reforzar las acciones que permitan el pronto regreso de la maestra a su hogar.
“Los docentes son pilares fundamentales de la sociedad; agredirlos es atacar el presente y el futuro de Colombia”. Con este mensaje, el Gobierno subrayó la relevancia de la profesión y la necesidad de garantizar su seguridad en todos los territorios.
Además de exigir la libertad de la profesora, solicitó la implementación de medidas para proteger al personal educativo en zonas donde existe presencia de actores armados al margen de la ley. En ese sentido, el ministerio reiteró que el secuestro de un educador tiene consecuencias directas sobre la comunidad escolar.
“El secuestro de un docente no es solo un crimen contra una persona; es una agresión al tejido social y al futuro de una nación. La ausencia de la profesora Yuleima genera un vacío irreparable en su institución y siembra temor en la comunidad educativa”, expresó la cartera en el documento.
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Finalmente, instó a las autoridades competentes a redoblar esfuerzos en la investigación y en la búsqueda de la docente. De igual forma, solicitó que se adopten protocolos que fortalezcan la protección de los maestros en regiones donde se han reportado hechos de violencia en su contra.
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