En una decisión trascendental la Corte Constitucional dejó sin efecto el plan de manejo ambiental sobre el uso del glifosato en Colombia.
El Alto Tribunal ordenó al Gobierno Nacional aplicar una consulta previa a las comunidades para determinar el impacto de esos procedimientos.
La fumigación con el herbicida es nociva para la salud humana, la fauna y flora de la región, manifiestan líderes sociales de la región.
Los campesinos de la zona del Catatumbo, región en la que según un informe de 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hay sembradas más de 40.000 hectáreas de coca, que lo catapulta entre las zonas de mayor presencia de cultivos ilícitos en el país, insisten en la sustitución gradual y concertada de estas plantaciones contempladas en los acuerdos de paz.
Indican que es urgente buscar una salida política al conflicto armado registrado en la convulsionada zona.
El representante de la Asociación de Campesinos de la zona del Catatumbo, Júnior Maldonado, manifiestó que llevaban un proceso jurídico en contra del presidente de la República y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, debido a la violación del proceso en la participación de las comunidades.
“Dimos la pelea jurídica sobre la licencia ambiental con fumigación aérea con glifosato, no solamente en el Catatumbo sino en 17 departamentos y 108 municipios proyectados para ese procedimiento. En ningún momento se escuchó a las comunidades en audiencias públicas. Además, las comunidades indígenas, el pueblo barí tiene un derecho histórico constitucional denominado consulta previa”, agregó.