La capilla del Cementerio Central de Cúcuta es un recinto sagrado para los dolientes de los difuntos que reposan en ese camposanto, pero también para el grupo de investigadores y expertos forenses que, desde el 2019, buscan verdad y reparación para las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, y que en Norte de Santander, según el más reciente reporte, registra 5.202 personas desaparecidas.

La Unidad de Víctimas de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad creada en 2018 dentro del marco de la firma del Acuerdo de Paz, es la que lleva adelante esa misión, en cuyo cumplimiento ha tenido que intervenir en al menos 17 ocasiones el cementerio, cambiando por completo su dinámica habitual.

Ocasionalmente, la capilla se convierte en un laboratorio donde se analizan cientos de estructuras óseas de cuerpos no identificados (CNI), específicamente de los ingresados entre 1990 y 2016, uno de los períodos más álgidos de la guerra en el país y objeto de interés forense de la UBPD.

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Inicialmente, el ejercicio estaba dirigido al estudio de 1.200 cuerpos que son, de acuerdo con los registros existentes, los CNI ingresados en el periodo de tiempo señalado. Sin embargo, tras el análisis de las necropsias, el universo se redujo a 695, que responde al número de víctimas que perdieron la vida en circunstancias violentas.

“Ese número de personas desaparecidas surge principalmente por dos escenarios: la cantidad de víctimas del conflicto armado asociadas a Norte de Santander, que pudieron fallecer y se desconoce el paradero de su inhumación, y los cuerpos no identificados asociados a inhumaciones acá en el cementerio”, explica Juan Diego Jiménez, antropólogo forense de la Ubpd.

La búsqueda en el Cementerio Central de Cúcuta ha supuesto una serie de retos, derivados principalmente de irregularidades administrativas cometidas en gestiones pasadas, exhumaciones y reubicaciones sin protocolos adecuados, además de cuerpos identificados exhumados y reubicados sin diferenciarlos de los no identificados.

Los osarios San José y Dos Cruces son dos de los sitios de mayor complejidad en su exploración, toda vez que se hallaron cuerpos en bolsas o sueltos, mezclados, sin ningún tipo de marcación, los cuales se presume corresponden a exhumaciones de ley, que fueron dispuestos sin ningún orden o cuidado.

En este contexto, la búsqueda no se ha circunscrito a 695 ni 1.200 los cuerpos, sino que han sido más de 10.000 los cadáveres intervenidos en los últimos seis años, para poder dar con aquellos que corresponden a los criterios de una posible víctima del conflicto armado.

Trabajo de filigrana

Desde el inicio de las operaciones en el Cementerio Central, que hacen parte del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Cúcuta y Frontera, se han recuperado 558 cuerpos de los 695 que revisten interés forense, luego de intervenir 37 de 45 puntos de búsqueda, que abarcan osarios colectivos y bolsas degradadas.  

Pero ¿cómo ha sido posible esta labor? El informe de necropsia es el primer elemento que determina el criterio de interés sobre un determinado cuerpo, pero cuando este no existe o se presenta un escenario como el del cementerio de Cúcuta, se recurre a la observación.

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El antropólogo forense explica que se trata de un trabajo detallado y cuidadoso, que inicia con la toma de las estructuras óseas de los sitios de interés forense, las cuales se individualizan y  se transportan hasta el área de laboratorio, donde se extienden sobre una mesa, y se ubica pieza por pieza de manera anatómica, imaginando que la persona está acostada.

Jiménez señala que este procedimiento se lleva adelante con respeto y dignidad. Cuenta que, a modo de anécdota, algunos colegas suyos incluso les hablan a las estructuras, anunciado dónde se va a disponer cada parte.

Una vez dispuesto sobre la mesa, comienzan a buscarse los rastros de la guerra en el cuerpo. “Los signos de violencia son los elementos que más analizamos y estos se encuentran impresos en los huesos”, afirma Jiménez.

Sobre la forma de muerte más recurrente que han observado, según Jiménez se han identificado afectaciones por armas de fuego, pero también lesiones particulares que denotan escenarios de tortura, como algunos cortes en los huesos, con características muy específicas.

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Indica que “el cráneo casi siempre es la estructura más afectada, pero también se han apreciado signos de corte o mortaja en las partes más lejanas, como en las extremidades superiores o inferiores”.

Al final del estudio, la lectura de todos estos signos son los que hacen presumir que la persona pudo haber muerto dentro del marco del conflicto armado. “Si cumplen con las condiciones para su recuperación, los remitimos a Medicina Legal para avanzar en su identificación”, afirma el antropólogo.

Solicitudes de búsqueda

A las complejidades técnicas de la búsqueda se ha sumado el hecho de que sobre el universo de 695 personas desaparecidas, de las cuales se han recuperado 558 cuerpos, solo hay 75 solicitudes de búsqueda, es decir, apenas un 10,79 por ciento.

En concepto de Jiménez es una necesidad para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada que las personas hagan su solicitud formal y den su muestra de ADN. “Necesitamos que 620 personas se acerquen a nosotros para poder darles un manejo también a estos cuerpos que se han recuperado”, precisa.

No obstante, Lina Amaya, investigadora humanitaria de la Unidad, señala que las solicitudes son un factor relativo porque es posible que existan más, pero que estén reportadas en otros departamentos del país.

En este contexto se ha hecho énfasis en que la gente conozca la entidad, pero sobre todo que se acerque a contar su historia y permitir la toma de su muestra de ADN, “la única forma de poder darle plena identificación a un CNI”, apunta la investigadora.

Desde el inicio de la búsqueda en el Cementerio Central en 2018, hasta la fecha, se ha logrado la identificación de 15 víctimas del conflicto armado, cuyos cuerpos han sido entregados a sus familiares para su entierro digno.

La satisfacción de la misión cumplida

En la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado uno de los momentos más satisfactorios para el equipo de trabajo es cuando no solo se identifica la víctima, sino también cuando se ubica a su familia para la respectiva entrega.

“Poder ayudar a las familias a conseguir respuestas en su búsqueda me genera paz”, confiesa la investigadora humanitaria Lina Amaya, a quien el conflicto tocó de cerca, cuando siendo niña tuvo que salir desplazada de su natal Salazar de Las Palmas, por amenazas de muerte contra su padre. 

Uno de los casos que más recuerda es el de Raúl Jiménez, la primera entrega digna que se hizo en el cementerio, una víctima sobre la cual no había solicitud de búsqueda. Encontró a sus familiares por redes sociales y para ellos fue una sorpresa, que generó tristeza, nostalgia, pero también tranquilidad por el fin de una espera.

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El día de la entrega Lina asegura que hubo mucha paz. La hermana de la víctima le agradeció porque pudo cumplir el deseo de su madre, encontrar a su hijo. “Eso es lo que me tiene acá, para mi cada entrega digna ha sido maravillosa, por las historias que hay detrás de cada una de ellas”, relata Lina.

No obstante, afirma que por la magnitud del conflicto no todos podrán ser hallados, algunos porque pese a ser buscados, el paso de los años y el deterioro de las estructuras óseas hará imposible su identificación; pero otros porque ni siquiera están siendo buscados, ya sea  por desconocimiento de su familia, negación o temor.

En consecuencia, la Alcaldía de Cúcuta ya adelanta un procedimiento para declarar el Cementerio Central como un sitio de memoria histórica. “Es una forma de dignificar a las familias, pues sus seres queridos estuvieron acá por 15 o 20 años, y algunos permanecerán para siempre”, observa Amaya.

Esta categoría no afectará el funcionamiento ordinario del cementerio, solo que  en ciertos sitios habrá lápidas conmemorativas que recordarán que “en este lugar el silencio preserva la memoria de los ausentes y la esperanza de encontrar el camino a la verdad para no repetir la historia”.

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