En bancarrota
Recientes análisis indican que el déficit presupuestal supera los 38 mil millones de pesos, el pasivo contingente ante las constantes demandas alcanza los 19 mil millones de pesos y la cartera morosa por el incumplimiento de los contribuyentes, tanto de la zona rural como urbana, registra una cifra de 14 mil millones de pesos.
“El mandatario se encuentra en una encrucijada y la única tabla de salvación es mejorar los recaudos con una actualización catastral real. Los males que aquejan al municipio no se alivian con pañitos de agua tibia, sino con medidas contundentes, así toque el bolsillo de la gente. Hay que asumir esos costos”, señaló la presidente del Concejo municipal, abogada Yurima Isabel Sánchez Rincón.
Aseguró que la aplicación de la Ley 550 de intervención económica del ministerio de Hacienda y Crédito Público sería nefasta para el ente territorial, ya que se perdería la autonomía en la administración de los recursos.
“Existen otras fórmulas para salvar al municipio y nosotros entregaremos las herramientas que redunden en beneficio de la comunidad. Urge una decisión de gran impacto donde todos aportan: la alcaldía con un buen manejo de los recursos, nosotros como vigilantes y los contribuyentes con sus tributos, acorde a los beneficios percibidos”, agregó la profesional del derecho quien no comparte la inequidad en la liquidación de los impuestos.
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“Hay predios urbanos que aparecen en el perímetro rural, lotes donde se han construido viviendas de dos o tres pisos y reformas a unas casas que no son notificadas, lo que afecta el recaudo”, recalcó.