Al rojo vivo se encuentra la polémica sobre un eventual cierre total de la ciudad de Ocaña durante el próximo puente festivo, debido al aumento de casos por COVID.

La red pública hospitalaria está colapsada por la tasa de ocupación de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que supera el ciento por ciento. Lo anterior obliga a la administración municipal endurecer las medidas de control para prevenir la propagación del virus.

Los integrantes del Puesto de Mando Unificado (PMU) están a la espera de la autorización por parte del Ministerio del Interior para un confinamiento en la ciudad o al menos un sector específico a raíz de la crisis sanitaria por la proliferación de casos durante los últimos días.

Durante la pandemia en Ocaña se han registrado 5. 914 casos positivos y 205 personas han perdido la vida por las secuelas del coronavirus. “El tema es bastante complejo, es un asunto de vida o muerte y se requiere la colaboración de la gente, antes de tomar decisiones drásticas”, manifestó el secretario de Gobierno, Yuri Alfonso Carrascal Gómez.  

Pero los propietarios de establecimientos nocturnos como bares, discotecas, restaurantes y casas de lenocinio atraviesan por una difícil situación económica y se oponen a las medidas implementadas por el gobierno local.

Adelantaron una caravana de protesta, pues consideran que no son los responsables del pico alto de la pandemia, porque adoptan los protocolos de bioseguridad en sus negocios. “Nos están satanizando al indicar que somos los causantes de la emergencia, estamos pagando justos por pecadores y las pérdidas son cuantiosas”, señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Ocaña, Javier Ortiz Navarro.

 En las pancartas solicitan al mandatario local tenerlos en cuenta a la hora de tomar una determinación. “No más persecución en contra del gremio nocturno. El COVID-19  no sale solo el fin de semana, ni en la noche, todos merecemos igualdad de trabajo”, afirmaron al lanzar un S.O.S.

“De día descontrol y de noche restricción, alcalde no más ley seca”, manifestaron los marchantes quienes censuran la manera como han sido estigmatizados y señalados de directos responsables de la crisis sanitaria que vive Ocaña.

Ortiz Navarro indicó que el sector ha sido  bastante golpeado durante la pandemia con la cuarentena, la ley seca, toque de queda y el bloqueo de las vías durante el paro nacional de las centrales obreras.

 “Llevamos 18 meses perdiendo plata y nadie se conduele, debemos buscar recursos para pagar arriendos, empleados y servicios públicos. Nadie aguanta la situación, la mayoría está en bancarrota, somos conscientes del problema, pero existen otros mecanismos como los controles a los informales, porque el peso de la ley cae sobre los comerciantes legalmente constituidos que estamos pagando impuestos al fisco municipal”, agregó Ortíz. 

Destacó que están sobreviviendo y "gastando los ahorros y metiéndonos en deudas. La caravana es un clamor, un grito desesperado de auxilio. No nos oponemos a los controles del equipo COVID, pero sí queremos que comprenda al gremio que está al borde de la quiebra. Existen muchas personas que dependen de este tipo de negocios como meseros, vigilantes, taxistas, músicos, operadores de audio e incluso las mujeres de las casas de lenocinio quienes dinamizan la economía”. 

 Manifiesta que las restricciones ocasionan desenlaces peores, porque  la gente de manera clandestina busca esa válvula de escape.  “La situación se debe analizar desde una óptica más profunda ya que es un problema social y nosotros estamos dispuestos a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad”, reiteró Ortíz. 

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