De nada sirven las protestas de los cultivadores de cebolla en la provincia de Ocaña ante la competencia del producto procedente del vecino país de Perú durante los primeros meses del año.

Los campesinos reportaron grandes pérdidas económicas, porque el mercado local está invadido por el bulbo que llega a la ciudad sin restricción alguna, factor que incide en el precio de la carga.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Castillo, zona rural del municipio de Ábrego, Aleiro Ropero Bayona, señaló que la carga fluctúa entre los 70 a 120 mil pesos, cuando los costos de producción superan los 150 mil pesos.

“Estamos trabajando a pérdidas y el Gobierno Nacional no adopta medidas para frenar la importación desde Ipiales, Nariño; atraviesan todo el territorio nacional, llegan a Ocaña, la reempacan y la venden en la costa norte como si fuera ocañera”, dijo el comunal.

En reiteradas ocasiones, los alcaldes a través de la Asociación de Municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo han exigido al Ministerio de Agricultura adoptar medidas para salvaguardar las cosechas.

“Cuando los labriegos estén sacando el producto al mercado, cerrar la frontera y proteger las rutas de comercialización para garantizar los buenos precios, ya que la competencia es desigual y los ingresos se van al piso”, explicó el ingeniero ambiental, Emiro Cañizares Plata.

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“Si hubiese voluntad y verdaderas políticas de Estado hacia el sector agropecuario ya se hubiera remediado la problemática, pero los campesinos están huérfanos en estos momentos”, agregó Cañizares.

Los cultivadores reclaman a la Policía Fiscal y Aduanera controles especiales para evitar la llegada del producto hacia esta zona del país.

“Hemos participado de varias mesas anti-contrabando y el tiempo es perdido, ante los acuerdos de libre comercio entre ambos países”, explicó el gerente de la Asociación de Productores de la Provincia de Ocaña y zona del Catatumbo, Wilmar Rangel.

Son aproximadamente 6 mil familias dedicadas al cultivo de la cebolla que atraviesan por una difícil situación económica.

“Una de las alternativas es que se regule la entrada y se garantice la compra del producto nacional, ya que los labriegos deben pagar insumos, mano de obra, fletes y los compromisos bancarios para la adecuación de las tierras. No es justo que se inviertan más de 150 mil pesos por carga y prácticamente tengamos que regalarla a 120 mil pesos para no volver con las manos vacías al campo”.

Los campesinos claman la denominación de marca, para evitar que el producto peruano sea vendido en las ciudades de la costa Caribe como si fuese ocañero.