A un mes del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, los campesinos desplazados continúan sin condiciones seguras para regresar a sus parcelas. La disputa entre el Eln y las disidencias de las Farc ha generado una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la ocupación de viviendas, el saqueo de bienes y la instalación de artefactos explosivos en los caminos rurales.
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Los personeros de la región, agrupados en la Asociación de Personeros del Catatumbo, exigieron la creación de un corredor humanitario para garantizar el acceso a alimentos, medicinas y la presencia de organismos internacionales de derechos humanos.
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Nelson Arévalo Carrascal, representante de la Red Departamental Defensora de los Derechos Humanos, hizo un llamado a los actores armados para que respeten a la población civil. “Exigimos que cesen las hostilidades contra los campesinos. Ellos no son parte del conflicto y necesitan regresar a sus fincas para retomar sus vidas y contribuir al desarrollo de la región”, manifestó.
Persisten los riesgos y la inseguridad
Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, presidente de la Asociación de Personeros, advirtió que la situación sigue siendo altamente riesgosa. “No existen las garantías necesarias para el retorno seguro de los desplazados. En municipios como Teorama, persisten los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados, mientras que en Tibú los asesinatos selectivos ocurren a plena luz del día”, afirmó.
El panorama es crítico y refleja una preocupante ausencia del Estado en garantías de seguridad, alimentación, educación y salud, según lo expuesto por el personero de Ocaña. Las estrategias implementadas por la Gobernación de Norte de Santander resultan insuficientes ante la magnitud del problema. Pese a los intentos por retomar la normalidad en algunos municipios, muchas familias temen por su vida y prefieren no regresar a sus tierras.
Los personeros de la región han solicitado un cese al fuego multilateral inmediato para evitar más víctimas y permitir la intervención humanitaria. “El diálogo es el camino. Debemos propiciar mesas de negociación a nivel regional, departamental y nacional para avanzar en la construcción de una paz real en el Catatumbo”, afirmaron.
Asimismo, urgen la habilitación de corredores humanitarios para el ingreso de ayuda a los campesinos confinados, quienes viven atemorizados por las hostilidades entre los grupos en disputa. Exigen, además, una presencia estatal efectiva con programas de inversión social que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes y reconstruir la infraestructura vial, educativa y de salud.
Las organizaciones sociales, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo han solicitado a los grupos armados que cesen los ataques contra la población civil y permitan el ingreso de organismos internacionales para verificar la situación de derechos humanos en la región.
Bohórquez advirtió sobre la presencia de campos minados en las veredas, lo que pone en riesgo la vida de los campesinos. “Solicitamos urgentemente un desminado humanitario. No podemos permitir que más niños, mujeres y adultos mayores sean víctimas de estas prácticas que violan el Derecho Internacional Humanitario”, enfatizó.
La población desplazada del Catatumbo sigue clamando por una solución inmediata a la crisis que enfrentan.
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La semana pasada, el consejero de paz del departamento, Luis Fernando Niño, admitió que ahora no es el momento de retornar porque aún persisten los enfrentamientos de los actores armados ilegales en el Catatumbo.
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