“Aquí todos estamos asustados, porque la migra no perdona a nadie. Están llegando puerta a puerta buscando y contando a quiénes viven en esa casa. Revisando el estatus”. Esto cuenta Carlos*. Él es guatemalteco, tiene 29 años y vive en Florida desde hace 8 años. 

Carlos hace lo que él llama “trabajo duro”. Desde hace dos años, labora en el área de la construcción, a pesar de no contar con ningún documento que lo regularice en los Estados Unidos. “Yo estaba tranquilo, hasta que empezaron las deportaciones. Con mi trabajo yo ayudo a mi madre, a quien le envío remesas semanales. Desde la semana pasada vivo con miedo”, contó.

Este guatemalteco ha puesto pausa a su vida social e incluso laboral. Pidió tres semanas de permiso no remunerado a la empresa para la cual trabaja, esperando que la situación con los Agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) merme.

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“Estos agentes han convertido nuestro día a día en una especie de casería, y nuestra tranquilidad se quebró”. Este joven migrante no ha vuelto a dormir en paz, desde que comenzaron las redadas antimigrantes que está implementando el gobierno de Donald Trump, tras adoptar las medidas prometidas en su campaña política, las cuales apuntan a cometer la deportación más grande en la historia de EE.UU.

A 2.176 kilómetros de Carlos vive Angélica. En Misuri esta mujer venezolana, de 40 años, madre de dos niños tiene un panorama similar al de él. Ella relata que no tiene paz, desde la semana pasada, porque a pesar de que ingresó, hace 6 años, a los Estados Unidos con petición de asilo político, aún no cuenta con un estatus regular.

En el condado donde ella se residenció es pequeño, pero cuenta que igual siente miedo de ser víctima de estas deportaciones. 

“Mi esposo está en crisis y la gente venezolana y de otras nacionalidades en el pueblo no quiere salir a los centros comerciales, al gimnasio, a la iglesia, incluso, tienen pavor de enviar a los niños al colegio. Así no se puede vivir”, contó. 

Angélica le tocó tomar medidas en el seno familiar, como por ejemplo no salir a comprar los alimentos y demás en las tiendas de manera presencial, sino pedir lo que necesitan a través de envío con domiciliario. “Prefiero hacerlo así y tomar las precauciones que sean necesarias, nosotros no podemos devolvernos a Venezuela. Allá fuimos amenazados por los grupos chavistas o los que llaman colectivos. De regresar corremos riesgos, nuestras vidas corren riesgo”, relata.

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A ella y a su esposo nunca le llegó el TPS (Estatus de Protección Temporal), mientras que a sus niños sí. Y nunca han sido llamados a corte para declarar por su solicitud de asilo. “Esta situación se convierte en un estrés constante, incluso, hemos llamado al abogado a ver qué ha pasado con nuestro caso”, cuenta. 

El jurista le manifestó a Angélica que ella se encontraba protegida a través de su solicitud de asilo; sin embargo, ella sostiene que no se confía en los funcionarios de ICE, porque están todos “predispuestos con los latinos, no sabemos si es xenofobia o es una orden expresa que tienen”. 

Robert* es un colombiano que llegó a Nueva York hace dos años. Ingresó de manera irregular por la frontera sur de los Estados Unidos, exactamente por El Paso. Viajó con su esposa y dos niños. 

Trabajó por un año y medio en la construcción y su esposa como mesera en un restaurante, pero la semana pasada decidieron regresarse a México. “Yo vi cómo se llevaron a dos amigos del trabajo, sin contemplación, sin escuchar sus argumentos, nada. Yo me escondí, pero el miedo que sentí es indescriptible”. 

Robert y su familia están vendiendo lo poco que lograron construir en este año y medio y se regresan a México a ver qué hacen. “No queremos regresar, porque en Colombia fuimos amenazados por los grupos al margen de la ley”. 

Vivir en zozobra, con miedo, escondiéndose y en un país que no es el suyo, como Carlos, Angélica y Robert hace que sus vidas y procesos de acogida se compliquen aún más. Ellos forman parte del grupo de 11.000.000 de migrantes irregulares que viven en los EE.UU. y sobre los cuales recae las amenazas de Trump. 

Medidas antimigración de Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump sostuvo durante toda su campaña que llevaría a cabo el plan de deportaciones masivas más grande de la historia de este país. 

Tal cual como lo prometió empezó a cumplir. Trump adoptó una serie de medidas inmediatas y estrictas que permiten hacer operaciones de control migratorio en iglesias, hospitales y escuelas, trayendo consecuencias en las vidas de personas de diferentes nacionalidades, especialmente de América Latina.

Al poner un pie en la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, una de las primeras medidas adoptadas por Trump fue declarar la emergencia migratoria nacional en la frontera con México, autorizando de esta forma la movilidad de efectivos militares para ejecutar redadas antimigratorias a gran escala.

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Posteriormente, puso fin al uso de la aplicación móvil CBP One, con la cual el Gobierno permitía a los solicitantes de asilo agendar citas de manera electrónica en puntos fronterizos seleccionados, sobre todo en México y asistir de forma más ordenada.

Trump comenzó el proceso para poner fin a la ciudadanía por nacimiento; sin embargo, de esto se espera que dé lugar a una batalla legal, porque la medida amerita una reforma constitucional. 

El presidente republicano firmó la Ley Laken Riley, con la cual busca la detención de migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos. 

La medida más reciente, al finalizar esta semana, fue la eliminación de los TPS (Estatuto de Protección Temporal) de 2023 para los venezolanos. Este mecanismo de protección se acaba en 60 días, es decir, el 6 de abril dejando a 300.000 migrantes del vecino país desprotegidos en este contexto. 

Hasta la semana pasada, México había recibido más de 6.000 personas deportadas, Colombia más de 300. Durante enero desde Estados Unidos han salido más de 90 vuelos con personas deportadas. 

Los países que han recibido más deportados son Colombia, México, El Salvador, Guatemala y Brasil.

Mirada de un experto

El panorama que dibuja desde Estados Unidos el abogado, especialista en migración, Carlos Trujillo, no es alentador.

“El reto que está teniendo en estos momentos la presidencia de Donald Trump es que la promesa iba a lo que era tratar de salvaguardar a la comunidad y de tratar de deportar a todos estos migrantes con un récord criminal, y realmente ahí es donde se ha equivocado esta administración, porque no ha podido encontrar el número de personas migrantes con antecedentes criminales que ellos dicen que existían. Lo preocupante de lo que está sucediendo ahora es que las detenciones se están dando a personas que estaban protegidas por medio de ciertos programas y se los están quitando para incrementar el número de personas disponibles para deportación”, explicó.

Trujillo resaltó que en estas deportaciones se están cometiendo una serie de arbitrariedades, porque las personas tienen “una petición de asilo, un TPS, que son procesos que los protegen y aun así las están llevando arrestadas”. 

Para Trujillo existe cierta legalidad en algunas medidas, pero la forma en la que se están llevando a cabo no sigue con los principios constitucionales de EE.UU.  

El jurista precisó que ante estos hechos la gente comenzó hacer el ejercicio de conocer cuáles son sus derechos dentro de este proceso de las deportaciones. “Por lo menos en Chicago, no han tenido tanto éxito porque la gente sabe qué hacer y pone por delante sus derechos.

Cuando ellos (funcionarios de ICE) vienen a su hogar, el 99% de las veces los agentes de inmigración no van con una orden de arresto o una orden de cateo para  entrar a la casa”, precisó.

El abogado recomienda no abrir la puerta de su casa a nadie, y exigir al oficial de inmigración pasar por debajo de la puerta la orden de detención “si no la tienen la persona puede exigir que se vayan y ellos se deben ir”. 

Trujillo explicó que las redadas ahora las están realizando en espacios públicos, donde las personas se vean más expuestas. 

El caso de los venezolanos

El Gobierno norteamericano eliminó oficialmente el TPS, mecanismo que permitía a los venezolanos permanecer en Estados Unidos de manera regular. Esta extensión de protección expirará el 7 de abril de 2025, según la orden del Departamento de Seguridad Nacional.

Sobre este punto, Trujillo indicó que es importante que las personas que estén a punto de perder su condición de protección apliquen lo más pronto posible a la solicitud de asilo.

“Esto les permitirá presentar su caso y pelearlo, porque lamentablemente si la persona tiene dos años o menos de ese tiempo en el país, le van a aplicar la deportación expedita sin darle el derecho a presentarse en la audiencia”. 

Recomendó a cualquier migrante con vocación de permanencia en EE.UU. portar los documentos que le acrediten los procesos de regularización que los mantienen en el país. 

Tras la decisión de Trump de cancelar el TPS, la organización Amnistía Internacional la calificó como un “acto de racismo”, argumentando que estos 300.000 venezolanos no pueden regresar a su país por riesgos para su seguridad.

Añadió la organización que la población venezolana que llegó a Estados Unidos en los últimos años lo hizo por la crisis de seguridad, la persecución política y las condiciones económicas que se agravaron con Nicolás Maduro en el poder.

* Nombres ficticios, que se emplearon para resguardar la identidad de los testimonios, por petición de ellos.  

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