En la noche calurosa del 11 de agosto, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente del PRI y senador mexicano, pulsó “publicar” en su cuenta de X. Lo que apareció fue una fotografía de un documento de denuncia con sello de recibido por la Fiscalía General de la República. En letras mayúsculas, se leía un nombre que desde hace años provoca fricciones diplomáticas: Nicolás Maduro Moros.

El texto acusaba al mandatario venezolano de tener “vínculos con el crimen organizado, nexos con carteles mexicanos y relación con políticos de Morena”. No había anexos, pruebas periciales ni investigaciones desclasificadas. Solo un encabezado oficial y la palabra de un influyente político mexicano en un contexto en el que Washington acababa de duplicar la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro a 50 millones de dólares.

La denuncia de Moreno llegó en un momento delicado para la relación México–Venezuela. Una semana antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había sido tajante: “No tenemos pruebas ni investigación alguna que vincule a Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa”. Su respuesta fue tan política como jurídica: deslindar al gobierno mexicano de acusaciones sin respaldo documental mientras evitaba tensiones abiertas con Caracas.

En paralelo, Estados Unidos endurecía su retórica. La Administración Biden, al igual que antes la de Trump, mantiene acusaciones contra Maduro por narcotráfico y presuntos lazos con organizaciones como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y —en el relato de ciertos sectores— el propio Cartel de Sinaloa. La coincidencia temporal entre la presión de Washington y la denuncia de Moreno inevitablemente despierta lecturas estratégicas.

En política, un documento no siempre se mide por la solidez de su contenido, sino por el ruido que genera. La imagen publicada por Moreno, con su sello oficial, circuló rápidamente en redes y medios mexicanos, proyectando la idea de que la Fiscalía tenía “en sus manos” un caso contra el líder venezolano.

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Sin embargo, el sello de recepción no significa que se haya abierto una carpeta de investigación. Para que eso ocurra, la FGR debe evaluar la denuncia y determinar si existe base legal y evidencia suficiente para proceder. A la fecha, no hay constancia pública de que se haya iniciado un proceso.

El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y figura prominente de Morena, reaccionó con dureza: acusó a Moreno de “morderse la lengua” y recordó cuestionamientos judiciales que pesan sobre él.

El tablero internacional

Las acusaciones contra Maduro forman parte de un patrón de denuncias que, en los últimos años, han mezclado la política interna de América Latina con la agenda de seguridad de Estados Unidos. Señalamientos de vínculos con carteles —en particular el de Sinaloa— han sido recurrentes, pero hasta ahora ninguno ha cristalizado en pruebas judiciales concluyentes.

En este contexto, el movimiento de Moreno puede leerse como una maniobra de alta visibilidad, tanto para reposicionarse en la arena política mexicana como para alinearse con sectores internacionales críticos del chavismo.

Lo que se sabe y lo que no

• Se sabe: Moreno presentó una denuncia formal contra Nicolás Maduro ante la FGR y la difundió públicamente; el documento incluye delitos como delincuencia organizada y delitos contra la salud.
• No se sabe: si existen pruebas materiales que respalden las acusaciones, ni si la Fiscalía abrirá una investigación.
• Se sabe: el gobierno mexicano no tiene, según Sheinbaum, evidencia que confirme esos nexos.
• Se sabe: Estados Unidos aumentó la recompensa por Maduro, lo que eleva la presión internacional sobre Caracas.

Por ahora, la denuncia es más un gesto político que un caso judicial. Como suele ocurrir en la política latinoamericana, la línea entre la diplomacia, la justicia y la estrategia partidista se difumina, dejando en el aire la pregunta esencial: ¿hay algo más detrás de ese sello, o todo se quedará en la superficie de un post viral?

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