Ovidio Guzmán –hijo de “El Chapo” Guzmán– completó 24 horas bajo la supervisión de las autoridades mexicanas en el Centro Federal de Readaptación Social y deberá continuar bajo detención preventiva por los próximos 60 días.

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Mientras las autoridades mexicanas se alistan para enjuiciar a “El Ratón” –por cometer posiblemente delitos relacionados con el narcotráfico, el uso ilegal de armas de fuego y con delincuencia organizada–, un juez federal decretó en su contra la medida de prisión preventiva con fines de extradición por los próximos dos meses.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, fue quien decretó la medida. El togado le dio este plazo al gobierno mexicano y de los Estados Unidos para que también presenten la documentación requerida para iniciar con el proceso de extradición del señalado líder del Cartel del Pacífico.

Es decir, la embajada de los Estados Unidos tendrá hasta el 5 de marzo para solicitar que el detenido sea llevado a una de sus cárceles, de lo contrario, el hijo de El Chapo podría recobrar su libertad.

Los Estados Unidos ya habían pedido en septiembre de 2019 la solicitud de que el hombre de 29 años fuera extraditado, así lo confirmó la Fiscalía General de la República de México.

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A la par de la prisión preventiva, otro juez méxicano concedió este viernes un amparo al señalado narco que incluye la posibilidad de que el reo mantenga comunicación con sus abogados y familiares y la “congelación” de su extradición hacia Estados Unidos u otro Estado que lo requiera.

El gobierno mexicano, por su parte, advirtió que el proceso de extradición de Guzmán será lento en todo caso.

“(La extradición) es un proceso. Se hace la solicitud por parte del Gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas y ya los jueces en México deciden”, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Ovidio Guzmán fue capturado en la madrugada de este 5 de enero durante un operativo de registro a unas camionetas que las autoridades identificaron como sospechosas. La detención desató una oleada de violencia que terminó con la muerte de 29 personas y de 35 más que resultaron heridas, bloqueos, balaceras, suspensión de actividades escolares y hasta aeropuertos cerrados.

Fuente: El Colombiano

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